Córdoba: 600 ataques a policías en 17 meses y una gestión municipal ausente

En los últimos 17 meses, Córdoba ha registrado más de 600 agresiones contra policías, comisarías y móviles oficiales. Estos ataques van desde pedradas hasta incendios y emboscadas armadas. A pesar de la gravedad de estos hechos, la respuesta de la gestión municipal ha sido prácticamente inexistente.

La Justicia ha actuado con firmeza: ya hay 84 detenidos y 10 condenados por estos ataques. Sin embargo, la falta de apoyo y protección por parte del municipio hacia las fuerzas de seguridad es evidente. Los agentes continúan enfrentando situaciones peligrosas sin el respaldo necesario de las autoridades locales.

Uno de los incidentes más recientes ocurrió en el barrio Ciudad de Mis Sueños, donde una turba atacó a pedradas una comisaría tras un procedimiento policial. En este último hecho, un policía terminó con quemaduras en manos. Este tipo de reacciones violentas se han vuelto cada vez más comunes, evidenciando la falta de control y autoridad en ciertas zonas de la ciudad.

Una alta fuente judicial declaró: “estos ataques contra policías, lamentablemente llegaron para quedarse. Y preocupa y mucho. Pero el tema central es que la Policía actúe y haga cumplir la ley sin excesos, como está pasando. Se están frenando los excesos en las calles, por suerte. A la vez, los policías están actuando más y eso trae reacciones en algunas barriadas. Ahora, detrás de esto, está claramente la droga. Cada vez cuesta más encontrar a detenidos por robos o delitos que no hayan consumido o consuman”.

Aumentan los delitos cometidos por menores: alarma por armas, drogas y violencia en Córdoba

En las últimas semanas, se registraron varios asaltos violentos cometidos por chicos de 13, 14 y 15 años, algunos armados y actuando en grupo. Los episodios incluyeron ataques a choferes de aplicaciones y robos callejeros, muchos de ellos en zonas afectadas por el narcotráfico. Las autoridades confirmaron que la mayoría de estos menores ya había pasado por instancias de intervención estatal como la Senaf.

Aunque la estadística oficial indica que los delitos cometidos por menores siguen siendo bajos en proporción a los de adultos, la preocupación va en aumento. La presencia de chicos vinculados a hechos graves y organizados siembra inquietud en los barrios. En ámbitos oficiales se escuchan preguntas como “¿Qué hace un chico de 14 armado, con amigos, bombas molotov?” como reflejo de la gravedad del problema.

Distintas fuentes coinciden en que el avance del consumo de drogas y la presencia de bandas narco explican parte del fenómeno. En zonas vulnerables, la droga se ha vuelto un factor central que empuja a muchos jóvenes al delito y agudiza los conflictos entre grupos armados. La combinación entre desprotección estatal, falta de oportunidades y narcotráfico genera un escenario cada vez más complejo.

La inacción de Passerini frente a la creciente violencia

El intendente Daniel Passerini ha demostrado una preocupante pasividad ante esta ola de violencia. A pesar de las reiteradas agresiones a las fuerzas de seguridad, no se han implementado políticas efectivas para proteger a quienes arriesgan sus vidas por la comunidad. Esta falta de acción pone en duda el compromiso de la administración municipal con la seguridad ciudadana.

Mientras la Policía y la Justicia hacen su parte, la ausencia de medidas por parte del municipio debilita los esfuerzos por mantener el orden. La falta de coordinación y apoyo institucional permite que los agresores actúen con impunidad, socavando la autoridad de las fuerzas del orden.

Es imperativo que la gestión de Passerini asuma su responsabilidad y tome medidas concretas para respaldar a las fuerzas de seguridad. La protección de quienes nos cuidan no puede seguir siendo ignorada por las autoridades municipales.