Desde este sábado, el boleto de colectivo en Córdoba capital costará $1.580, tras seis meses sin subas. La Municipalidad justificó el incremento alegando que el valor anterior estaba por debajo de los costos reales del sistema. Sin embargo, la medida golpea directamente el bolsillo de los trabajadores y estudiantes que dependen del transporte público.
El Ejecutivo local argumentó que el nuevo precio se asemeja al de otras ciudades del país y que busca garantizar mejoras en el servicio. Además, destacó que más de 40.000 vecinos acceden a descuentos del 55% gracias a la tarjeta SUBE. No obstante, estas justificaciones no alivian el impacto del tarifazo en un contexto económico adverso.
En su comunicado, el municipio cuestionó nuevamente al Gobierno Nacional por haberse retirado del esquema de financiamiento del transporte público. Concretamente, se refirió a la eliminación del Fondo Compensador del Interior. Sin embargo, éste sólo subsidaba únicamente el 10% del precio del boleto del colectivo.
Mientras tanto, el aumento del boleto se suma a una serie de ajustes que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad. La falta de alternativas y la dependencia del transporte público agravan la situación para miles de cordobeses.
Tarjeta de transporte urbano Red Bus
Paralelamente crece la costosa estructura municipal
Mientras se aplica este nuevo tarifazo, la gestión de Daniel Passerini mantiene una estructura municipal sobredimensionada. Según informes recientes, la Municipalidad de Córdoba cuenta con una nómina de 400 funcionarios, incluyendo 10 secretarías, 43 subsecretarías y 247 direcciones. Esta megaestructura implica un gasto millonario que podría haberse destinado a evitar el aumento del boleto.
La concejal Elisa Caffaratti cuestionó la necesidad de tantos cargos políticos, señalando que hay un funcionario cada 25 empleados. Además, se evidencia la existencia de puestos redundantes y oficinas sin utilidad práctica, como la Subsecretaría de Ciudad Inteligente o las diversas áreas dedicadas a temáticas de género. Estos gastos reflejan una falta de responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
La expansión de la burocracia municipal contrasta con las políticas de austeridad que se exigen a los ciudadanos. Mientras se recortan subsidios y se aumentan tarifas, la administración local continúa engrosando su planta política. Esta situación genera indignación entre los vecinos, que ven cómo sus impuestos se destinan a sostener una estructura ineficiente.
Los cordobeses nuevamente víctimas de la adicción gastomaníaca de Passerini
Passerini se niega a recortar el gasto político
El aumento del boleto urbano en Córdoba es una muestra más de cómo la gestión de Passerini prioriza el gasto político por sobre las necesidades de los ciudadanos. En lugar de ajustar la desmesurada estructura municipal, se opta por trasladar el costo a los usuarios del transporte público. Esta decisión profundiza las desigualdades y castiga a quienes menos tienen.
Es urgente que las autoridades revisen sus prioridades y enfoquen los recursos en mejorar los servicios esenciales sin sobrecargar a la población. La transparencia y la eficiencia en la administración pública son fundamentales para recuperar la confianza de los cordobeses. De lo contrario, medidas como este tarifazo solo generarán más descontento y frustración en la sociedad.
La administración local aseguró haber quedado en soledad para afrontar el sostenimiento del sistema, tanto en su operación como en la atención a los sectores más vulnerables. Sin embargo, Passerini no controla su adiccón de seguir aumentando el tamaño del estado municipal con áreas sin utilidad práctica real para la gente. Evidentemente no falta dinero, sino que sobra municipio.
