El gobierno cordobés impulsa una modificación normativa para garantizar que todos los menores accedan a las dosis obligatorias de salud vigentes hoy mismo. Esta iniciativa propone una reforma en el Código de Convivencia Ciudadana con el fin de sancionar a quienes no cumplan con el cronograma de inmunización. El objetivo central de este proyecto es resguardar la salud mediante el refuerzo de la responsabilidad legal de los adultos sobre los menores.
La incorporación del artículo 75 bis establece consecuencias legales directas para los tutores que omitan la protección sanitaria de los jóvenes a cargo. Entre las sanciones previstas se incluyen multas económicas considerables, hasta 5 días de arresto o la realización de tareas de servicio comunitario local. Esta medida no persigue opciones ideológicas sino el estricto cumplimiento de los deberes legales nacionales.
