La investigación incluyó 139 allanamientos con secuestro de dinero, documentación trucha y detención de dos mujeres.
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Varias personas fueron acusadas de utilizar certificados médicos falsos en los que constaba un embarazo o una enfermedad inexistente para eludir controles. Con esa maniobra lograban evitar el body scanner durante las visitas a los internos del Complejo Carcelario de Bouwer. La estrategia permitía el ingreso de drogas, celulares y otros elementos prohibidos en el establecimiento.
La investigación quedó a cargo de la Unidad Judicial de Delitos Económicos tras la denuncia presentada meses atrás por el Servicio Penitenciario. Con aval judicial se realizaron 139 allanamientos en Córdoba capital y localidades del interior, además de operativos en Bouwer y en el Establecimiento Nº 9. Los procedimientos permitieron secuestrar teléfonos, dispositivos electrónicos, documentación apócrifa, recetarios y hasta dos millones de pesos.
En el marco de los operativos dos mujeres fueron detenidas como parte de la maniobra con la que buscaban ingresar objetos prohibidos a las cárceles. Los certificados truchos hacían referencia a embarazos o patologías oncológicas inexistentes, lo que justificaba la excepción a los escáneres. La fiscalía indicó que por ahora no se hallaron médicos involucrados en la expedición de los documentos apócrifos.
Objetos incautados por la policía en los allanamientos
Investigación y procedimientos
En allanamientos realizados fuera de las cárceles se incautaron sellos, recetarios y planillas sin relación con profesionales habilitados en Córdoba. El Consejo de Médicos recibió la tarea de verificar la autenticidad de las matrículas y constatar el origen de los documentos falsificados. De momento no se encontró connivencia de personal penitenciario, aunque no se descarta que pueda surgir en el avance de la causa.
Desde la Provincia remarcaron que la denuncia se originó dentro del propio Servicio Penitenciario de Córdoba tras detectar intentos de ingreso irregulares. El secretario de Organización Penitenciaria, Iván Ortega, destacó que “esta investigación fue llevada a cabo por personal del Servicio Penitenciario de nuestra provincia de Córdoba”. Ortega explicó que se detectaron “firmas falsificadas, usos incongruentes de sellos y membretes” en los documentos incautados.
Según el funcionario, el expediente supera las mil fojas y fue elaborado íntegramente por el personal del SPC antes de elevarlo a la Justicia. “Logramos visibilizar la presunta comercialización de estos tipos de certificados por parte de profesionales que los pedían”, detalló. Con las pruebas reunidas se dio lugar a la denuncia y a los allanamientos que terminaron con las detenciones y los secuestros mencionados.
Una de las dos mujeres que fueron detenidas como parte de la maniobra
