La justicia cordobesa elevó a juicio a Gabriela Nahir Fernández, un preso por abuso que se autopercibió mujer y fue trasladado a la cárcel de mujeres de Bouwer. Allí, reincidió y abusó sexualmente de varias internas y las contagió con sífilis, confirmando lo que era previsible desde el inicio. Lo que ocurrió fue la consecuencia directa de haber cedido a los caprichos ideológicos y no a la razón ni al sentido común.
El sistema penitenciario abrió sus puertas a un criminal disfrazado de mujer, ignorando el riesgo que corrían las verdaderas mujeres encarceladas. Este privilegio absurdo se justificó en nombre de la identidad autopercibida, pero las consecuencias las padecieron quienes no podían defenderse. Las autoridades eligieron mirar hacia otro lado, actuando como cómplices por omisión frente a un escenario que era fácilmente evitable.
El caso demuestra el nivel de degradación al que llega una política que prioriza consignas ideológicas antes que la seguridad y la justicia. No fue un error casual, sino la consecuencia lógica de someter la ley a los caprichos de la agenda de género. La negligencia no puede disfrazarse de respeto a la diversidad cuando hay víctimas concretas que cargan con los resultados.
El fracaso de una política que privilegia delincuentes
Fernández, de 34 años, fue acusado por siete hechos de abuso sexual, con agravantes por portar una enfermedad de transmisión grave. Incluso se lo identifica como coautor en ultrajes con objetos análogos y en un intento de ataque armado dentro del penal junto a otras internas. Lo alarmante es que todo sucedió en un penal donde supuestamente debía garantizarse la seguridad de las internas y no la disforia de un delincuente.
En paralelo, dos cómplices fueron imputadas como coautoras en uno de los abusos, pero la responsabilidad central recae sobre un individuo que jamás debió compartir pabellón con mujeres. Aun así, la cómplice política progresista local eligió otorgarle un derecho que vulneró los de las víctimas. Este tipo de privilegios demuestran la perversión de una política que protege al victimario y no a quienes deben ser resguardadas.
El escándalo trascendió lo judicial y abrió un debate nacional sobre el traslado de presos según el género autopercibido. Patricia Bullrich advirtió que se trató de un caso emblemático del fracaso de este criterio, que en la práctica convirtió a las internas en blanco de ataques previsibles. Mientras tanto, el progresismo local sigue defendiendo consignas ideológicas sin asumir el costo real de su irresponsabilidad.
El progresismo local se niega a modificar esta agenda y mantiene el discurso de diversidad mientras detrás de cada consigna hay víctimas reales. La falta de infraestructura carcelaria agrava el problema, pero no justifica ceder ante una política que desprecia la seguridad de las mujeres. La agenda de género terminó siendo un salvoconducto para un degenerado que nunca dejó de ser un peligro.
