El Fiscal General Juan Manuel Delgado formalizó la acusación contra los magistrados Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por su labor previa. Esta acción judicial busca determinar si existió negligencia grave en el manejo de la investigación del asesinato de Nora Dalmasso ocurrido en 2006. La familia Macarrón sostiene que el accionar de estos funcionarios impidió el avance real de la causa y derivó en una situación de violencia institucional.
La defensa de los damnificados resalta que la ineficacia de los acusados llevó a discutir la prescripción de los hechos casi 20 años después del crimen de Dalmasso. En contraste, valoran el trabajo reciente de Pablo Jávega, quien en 2 años logró identificar ADN positivo vinculado al nuevo imputado Roberto Bárzola. Se espera que el jurado de enjuiciamiento evalúe de forma individual la responsabilidad de cada fiscal que intervino en distintas etapas del proceso.
El tribunal encargado de dictar sentencia está integrado por los legisladores Rinaldi, Torres Lima, Gispert y Nicolás, junto a la jueza Aída Tarditti. Dado que Delgado finaliza su mandato en marzo, la fiscal adjunta Bettina Croppi será la encargada de sostener la acusación en la instancia final.El plazo legal establece que el veredicto deberá conocerse antes del 28 de mayo, cumpliendo los 60 días hábiles previstos para este tipo de procesos.
Juan Manuel Delgado, Fiscal General de Córdoba
Inédito proceso judicial y nuevas expectativas
Este jury simultáneo a tres fiscales representa un hecho sin precedentes en la historia judicial de Córdoba por la magnitud de las fallas señaladas. Según la abogada Mariángeles Mussolini, “la expectativa de la familia Macarrón es que se haga lugar a la destitución de los tres fiscales” debido al mal desempeño institucional. El tribunal solo tiene dos caminos posibles para resolver el futuro de los imputados: disponer su destitución inmediata o confirmar su continuidad en el cargo.
La causa Dalmasso atraviesa una particularidad extrema a nivel institucional y mediático que dificulta encontrar antecedentes similares en la provincia. Actualmente, el Tribunal Superior de Justicia debe resolver un recurso de casación que solicita la no prescripción de la acción penal para ir a juicio. De prosperar este pedido, se podría iniciar un debate ordinario contra Bárzola fundamentado en las pruebas científicas recolectadas por la fiscalía de Jávega.
La querella insiste en que la falta de resultados durante casi dos décadas no se debe a matices técnicos, sino a una deficiente investigación fiscal. Este proceso busca sentar un precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios ante casos de alto impacto social y prolongada impunidad en el tiempo. El resultado del jurado será determinante para la credibilidad del sistema institucional y el esclarecimiento definitivo del asesinato cometido en noviembre de 2006.
