Córdoba: ya son 39 los detenidos por estafas a Apross

La Fiscalía de Instrucción de Distrito 1 Turno 6, encabezada por José Bringas, ordenó dos nuevas detenciones por estafas contra Apross en Córdoba. Los implicados habrían operado desde una mutual relacionada con policías y ex policías, falsificando consultas médicas para su cobro. La denuncia fue impulsada por la Oficina Antifraudes de Apross tras la digitalización de los procesos administrativos.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, los arrestos recientes se produjeron luego del trabajo conjunto de la Comisión Especial de Investigación y Prevención de Fraudes. Esta comisión está integrada por la Dirección de Investigaciones Operativas, personal de la Policía Científica y el área de Prevención de Fraude de Apross. Los nuevos imputados habrían tenido funciones en tareas administrativas y de facturación dentro de la mutual investigada.

Las maniobras incluían la validación y facturación de consultas médicas no realizadas, vulnerando el sistema de validación del Seguro de Salud. Esto generó pagos indebidos a través de la entidad efectora, que actuaba como pantalla de la organización. En lo que va del año 2025, ya son 39 las personas detenidas en causas por defraudaciones a Apross.

Avanza la investigación por estafa con medicamentos

El secretario de la fiscalía, Pablo Di Francesca, explicó que también se investiga una maniobra con recetas falsas. En esta causa ya se acumulan, hasta el momento, 54 denuncias. No se descartan nuevas imputaciones en el marco de una red criminal altamente organizada.

Todo comenzó con el hallazgo de medicamentos vencidos, troqueles y cajas falsificadas durante allanamientos realizados. Se presume que las impresiones ilegales eran elaboradas en imprentas para su posterior distribución en el circuito ilegal. Parte de estos productos eran vendidos en kioscos y despensas, según detalló el funcionario judicial.

El sistema operaba a partir del robo de datos personales de afiliados a Apross, incluyendo información sobre patologías como la diabetes. Con esa información, falsificaban recetas electrónicas con sellos y firmas adulteradas para retirar medicamentos en farmacias. Luego, esos fármacos eran desviados al mercado negro sin que los titulares reales supieran.

Datos robados y recetas adulteradas: así funcionaba la organización

Según la fiscalía, la maniobra no era improvisada, sino que respondía a una estructura delictiva profesional. Se obtenía información precisa de los afiliados, incluyendo, como se dijo, su número de afiliación, enfermedades y medicamentos recetados. Todo se combinaba con la falsificación de documentación y el uso de DNI falsos para retirar los fármacos.

Uno de los casos frecuentes era el de personas con diabetes que, al ir a buscar su insulina, descubrían que ya había sido retirada. Tras realizar la denuncia, se determinaba que sus datos habían sido utilizados para falsificar la receta y realizar el retiro. Di Francesca aclaró que “el afiliado desconocía por completo esta maniobra” y destacó la complejidad del entramado.

La red operaba con una logística aceitada y sabía exactamente a qué farmacias acudir para hacer los retiros. No hay precisiones oficiales sobre si había complicidad interna en los comercios, pero la fiscalía avanza en determinar todas las conexiones. El seguimiento de la trazabilidad de los medicamentos es uno de los ejes de investigación en curso.

Un perjuicio millonario para la obra social de la provincia

Las maniobras investigadas se habrían extendido entre los años 2017 y 2024, con impacto directo sobre las cuentas de Apross. La fiscalía no informó cifras exactas, pero reconoció que el perjuicio económico para la provincia es “millonario”. En algunos casos se procedió con embargos para intentar recuperar el dinero defraudado.

Di Francesca indicó que cada caso se analiza en detalle para evitar errores, sobre todo cuando hay médicos perjudicados por la falsificación de su firma. “Estamos trabajando de manera minuciosa para obtener mejores resultados en los próximos días”, sostuvo. La investigación busca también determinar si hay instituciones del sistema de salud involucradas.

La complejidad del caso obligó a un abordaje conjunto entre el Poder Judicial y Apross, con tareas de inteligencia previa. Las detenciones podrían seguir acumulándose a medida que avanza la causa y se individualicen a los responsables. La prioridad ahora es identificar el alcance completo de la red y su financiamiento.