
Diddy Combs contraataca: busca desestimar la demanda por agresión sexual
La defensa del rapero alega que no se puede demandar bajo una ley que no existía en el momento del supuesto delito
Sean "Diddy" Combs y su equipo legal tomaron medidas para desestimar una de las demandas por agresión sexual en su contra, argumentando que no puede ser juzgado bajo una ley que no existía en el momento del presunto incidente. Si su petición tiene éxito, podría impactar numerosas denuncias civiles que enfrenta.
El intento de Diddy por invalidar la demanda
Diddy centró su defensa en la Ley de Protección de Víctimas de Violencia de Género de Nueva York (GMVA), utilizada por una demandante anónima para acusarlo en diciembre de 2023. Según ella, la agresión ocurrió en 1991 durante un partido de baloncesto benéfico en el City College.
El abogado de Diddy, Mark Cuccaro, señaló que la GMVA se aprobó el 19 de diciembre de 2000. En 2022, Nueva York enmendó la ley para extender el plazo de prescripción de 7 a 9 años, lo que permitió la presentación de nuevas denuncias hasta el 28 de febrero de 2024. Sin embargo, Diddy argumentó que esta extensión no debería aplicarse a hechos ocurridos antes de la aprobación de la GMVA en 2000.

Tony Buzbee: Una voz firme en defensa de las víctimas
Tony Buzbee, abogado de la demandante y representante de muchas otras presuntas víctimas de Diddy, rechazó rotundamente el planteo de la defensa. Explicó que la jurisprudencia favorecía a las víctimas y aseguró que el equipo legal de Diddy interpretó erróneamente la ley.

Buzbee se destaca en la lucha por la justicia, brindando respaldo a quienes denunciaron abusos. Su firmeza y experiencia en casos de agresión sexual lo posicionaron como una figura clave en este litigio, enfrentando a uno de los magnates más poderosos de la industria musical.
Si el juez falla a favor de Diddy, podría afectar las demás demandas por presuntas agresiones previas a 2000, debilitando el acceso de las víctimas a la justicia. No obstante, la defensa legal de las denunciantes confía en que el tribunal priorizaría los derechos de quienes sufrieron abusos.
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