Firmas como Bayer y Unilever exigen reintegros millonarios tras cuestionar las alícuotas del periodo 2011 a 2017.
Compartir:
La Provincia de Córdoba enfrenta complejos desafíos legales por la aplicación de alícuotas diferenciales en el cobro del Impuesto a los Ingresos Brutos. Grandes corporaciones iniciaron acciones declarativas ante la Corte Suprema para definir la constitucionalidad de las leyes tributarias de 2011 a 2017. La controversia se originó por el trato desigual entre industrias radicadas en territorio cordobés y aquellas que operan desde otras jurisdicciones.
El prospecto de deuda internacional indica que un fallo adverso podría costarle a la administración local una cifra cercana a los $2.309,3 millones. Si aproximadamente 7.385 empresas obtienen resoluciones similares, el impacto financiero total podría escalar hasta la suma de $11.587,6 millones. Las causas se tramitan en la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema para establecer si existió un cobro indebido de los tributos citados.
Bayer lidera los reclamos con una demanda de repetición de $35,6 millones por periodos 2012 a 2017, cifra que no contempla los intereses devengados. Al sumar los recargos acumulados, el monto total solicitado por la firma química asciende notablemente hasta alcanzar una estimación de $997 millones. Unilever presentó un caso similar por $121,8 millones para el ciclo 2013-2016, que con sus respectivos intereses alcanzaría la suma de $840 millones.
El sector metalúrgico también registró actividad judicial relevante
Detalle de las demandas y sentencias actuales
El sector metalúrgico también registró actividad judicial relevante mediante las empresas Siderar y Ternium tras recibir un trato impositivo desigual. Siderar inició una acción de devolución de $14,9 millones por un mes de 2010 y todo el ejercicio fiscal de 2011 bajo el mismo concepto. Una vez calculados los intereses devengados, el reclamo para esta operación industrial específica alcanzó un valor final de $112,5 millones en total.
Este litigio ya posee sentencia firme y la Provincia abonó $32,8 millones por capital e intereses más casi $20 millones por las costas del proceso. Respecto a Ternium, la demanda de repetición fue de $16,1 millones por el año 2012 más los intereses generados desde el inicio del pleito judicial. Dicha causa tuvo resolución contra el Estado, que ya desembolsó $36,3 millones por capital e intereses y $10 millones por costas de la demanda.
Aunque el tesoro enfrentó estos pagos, el reporte oficial indica que los saldos restantes por liquidar en estos casos ya no resultan significativos. Estos pleitos reflejan la tensión entre los sectores productivos privados y los sistemas tributarios de Córdoba sobre la equidad de la carga impositiva. Las decisiones de la Corte Suprema sentarán un precedente legal que influirá en el diseño futuro de las políticas fiscales.
