La investigación judicial reveló que los hechos eran inventados y abrió un proceso penal contra el acusador.
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El caso que estremeció a Córdoba en 2024 dio un vuelco rotundo cuando la Justicia confirmó que la denuncia de abuso sexual era inventada. El fiscal Juan Ávila Echenique determinó que los hechos jamás ocurrieron y abrió una investigación contra quien había señalado falsamente a un compañero. La causa pasó de ser una imputación por un delito gravísimo a convertirse en un proceso por falsa denuncia contra el propio acusador.
La acusación original sostenía que un trabajador del Ministerio de Seguridad había sido manoseado en un ascensor, incluso con supuestos testigos. Sin embargo, las cámaras de seguridad del edificio mostraron que nada de eso sucedió, desmintiendo por completo la versión del denunciante. A esa prueba se sumaron pericias psicológicas que detectaron rasgos de fabulaciones, confirmando la inconsistencia del relato.
El denunciado, identificado como Víctor, atravesó meses de angustia pese a no haber perdido su empleo dentro del organismo provincial. La sospecha social y las miradas de desconfianza lo acompañaron durante semanas, afectando tanto su vida profesional como personal. “Gracias a Dios y la Justicia se ha resuelto que Víctor es inocente”, celebró su abogado, Rodrigo Martínez Yadarola.
Rodrigo Martínez Yadarola, abogado del empleado denunciado
Condena social y daño personal
El letrado subrayó que la resolución judicial marcó un precedente porque se trataba de una acusación extremadamente grave y cargada de peso social. Según explicó, la prueba fílmica fue determinante, pero también lo fueron las pericias que demostraron que el denunciante había inventado la historia. “Es un precedente muy importante para una persona que fue denunciada por un delito tan grave y con una condena social tan grande”, afirmó.
Este episodio desnuda un problema profundo: las denuncias falsas no sólo destruyen la vida de los inocentes, sino que minan la credibilidad de víctimas reales. Cuando se inventa un abuso, se siembra duda sobre testimonios auténticos, generando desconfianza en la sociedad y debilitando la protección de quienes sí sufren. La justicia penal, por eso, debe actuar con firmeza para sancionar a quienes recurren a este tipo de maniobras.
El abogado adelantó que evalúan iniciar acciones contra el acusador para que enfrente las consecuencias legales de su conducta. “Las falsas denuncias no deben pasar por alto; la condena social fue muy fuerte, pero con esta resolución empieza a disiparse”, sostuvo. El caso deja como enseñanza la necesidad de combatir con rigor estas prácticas para proteger tanto a inocentes como a víctimas verdaderas.
