UEPC y Sadop adhieren a un paro nacional que posterga el ciclo lectivo y afecta el derecho de miles de alumnos.
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Los sindicatos docentes de Córdoba decidieron plegarse a la medida de fuerza convocada por Ctera, impidiendo el comienzo de clases el 2 de marzo. Roberto Cristalli, Secretario General de UEPC, confirmó que tanto las escuelas públicas como las privadas de gestión religiosa no abrirán sus puertas durante la jornada inicial del lunes. Esta acción corporativa deja nuevamente a las familias cordobesas en la incertidumbre total frente a un reclamo que prioriza el conflicto sobre el estudio.
Desde la UEPC Capital advirtieron que la huelga podría extenderse por 48 horas si no se cumplen las exigencias de recomposición salarial inmediata. Los dirigentes fundamentan su postura en la supuesta pérdida de un 20% del poder adquisitivo real durante los últimos dos períodos de gestión actual. Mientras el país se ordena fiscalmente, los gremios recurren a la huelga sistemática como única herramienta de presión ante el Gobierno nacional.
El sector sindical critica el recorte de fondos destinados a infraestructura y capacitación, así como la eliminación del 6% del PBI para el presupuesto. Roberto Cristalli manifestó que el Presupuesto 2026 quitó garantías de financiamiento para programas escolares y conectividad en todo el territorio. Sin embargo, esta postura ignora la necesidad de auditar recursos que durante décadas se otorgaron sin control alguno sobre la calidad del aprendizaje.
Roberto Cristalli, Secretario General de UEPC
La libertad educativa como solución al conflicto
Frente al constante chantaje de los paros, el Gobierno nacional impulsa la Ley de Libertad Educativa para modernizar el sistema de enseñanza nacional. Este proyecto busca declarar a la educación como un servicio esencial, lo que obligaría a garantizar guardias mínimas para que ningún alumno pierda días. De esta manera, se intenta proteger el derecho constitucional de los estudiantes frente a las decisiones de cúpulas gremiales que solo buscan poder.
La reforma legislativa propone además que el Estado recupere su rol de garante de conocimientos básicos, permitiendo a las instituciones mayor autonomía. Los padres podrán tener una participación más activa en la elección de los contenidos curriculares que reciben sus hijos en los establecimientos. “Se busca cercenar el derecho a huelga, no mejorar la calidad educativa”, señaló Cristalli para oponerse a una norma que prioriza el cumplimiento del calendario.
Es fundamental avanzar hacia un sistema donde la presencialidad sea innegociable y los conflictos laborales se resuelvan con los alumnos dentro de las escuelas. Los gremios rechazan la esencialidad porque prefieren mantener el derecho a huelga como un arma de extorsión política contra el desarrollo de la sociedad. La nueva normativa nacional es el camino correcto para devolverle el protagonismo a la educación y terminar con décadas de decadencia y abandono escolar.
Los alumnos de Córdoba volverán a ser víctimas de los gremios
Negociaciones provinciales y exigencias de blanqueo salarial
A nivel local, el Gobierno de Córdoba mantiene un cuarto intermedio con los representantes de UEPC para intentar destrabar la paritaria del sector. El sindicato exige la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente y la recuperación del Fondo Solidario de Asistencia Educativa para este año. “Queremos recuperar el poder adquisitivo del salario, garantizar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) para los activos y jubilados”, subrayó el secretario.
A pesar de los canales de diálogo abiertos, la dirigencia sindical prefiere alinearse con las centrales nacionales para boicotear el normal funcionamiento. Los docentes alegan que desde el 2023 han perdido un 13% de ingresos nominales, pero no proponen alternativas de eficiencia para el gasto público educativo. Resulta imperativo que el peronismo cordobés aplique firmeza para que la educación sea considerada una prioridad real y no un gasto sujeto a caprichos.
De esta manera extorsiva los gremios transforman el inicio de clases en un escenario de disputa y parálisis. La sociedad exige que se termine con la cultura del paro para avanzar hacia una excelencia académica que permita la idónea formación de los alumnos. Mientras los sindicatos sigan defendiendo sus privilegios por sobre el futuro de los chicos, el país continuará atrapado en un ciclo de fracaso educativo.
