La izquierda busca despedir a una asesora jurídica del Ejército por pensar distinto

En un país que se jacta de su democracia consolidada, la designación de una profesional del derecho en el Comando General del Ejército se ha convertido en el pretexto perfecto para una caza de brujas.

La abogada Graciela Lourdes Figueredo Vázquez, con una trayectoria impecable de servicio como reservista incorporada, fue ratificada el 11 de mayo de 2025 por resolución de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, como asesora jurídica del comandante en jefe del Ejército, general Mario Stevenazzi.

Una decisión técnica, administrativa y legítima. Pero para ciertos sectores de la izquierda militante —esos que se autoproclaman guardianes exclusivos de la “memoria” y el “Nunca Más”— eso es intolerable. Porque Figueredo no piensa como ellos.

Porque ha defendido, con rigor jurídico, a militares y policías procesados o condenados por hechos del pasado. Y porque, en foros y análisis públicos, ha cuestionado la solidez probatoria de algunas causas de lesa humanidad, sosteniendo que los testimonios no pueden erigirse en verdad revelada cuando faltan pruebas materiales.

La reacción no se hizo esperar. Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos emitió un comunicado lapidario: denuncian, repudian y exigen, en la práctica, la cabeza de la abogada. La acusan de “chicanas” para prolongar procesos y de poner “en jaque la narrativa institucional de compromiso democrático”.

Traducción: quien no comulgue con su versión única de la historia reciente no merece estar cerca del comandante en jefe del Ejército. No importa que Figueredo haya prestado servicios en el propio Comando General hasta su retiro obligatorio por edad en febrero de 2025.

No importa que su designación como reservista incorpore un sueldo militar pagado con rentas generales, en un marco perfectamente legal. Lo que importa es su pensamiento. Su pecado original: haber ejercido la defensa técnica de clientes que, para ellos, son “represores” sin matices ni derecho a defensa.

Esto no es un debate sobre derechos humanos. Es persecución política pura y dura, disfrazada de moralina. La misma izquierda que hoy ocupa el Ministerio de Defensa —bajo un gobierno del Frente Amplio— ve con pánico que en las Fuerzas Armadas sobreviva alguien que no repita el mantra oficial.

Porque el Ejército no es un partido político. No es un comité de derechos humanos. Es una institución del Estado que debe funcionar con criterios de mérito, lealtad institucional y profesionalismo, no de fidelidad ideológica. Designar a Figueredo no fue un acto de provocación; fue reconocer su experiencia previa en el mismo lugar.

Pretender revocarlo porque “defendió a militares” equivale a decir que un abogado penalista no puede asesorar a un juez si alguna vez defendió a un acusado. Absurdo. Peligroso. Totalitario en su esencia.

Aquí se desnudan las trampas de la hegemonía cultural y las narrativas que asfixian la discrepancia: la izquierda no tolera la contrahegemonía ni en la academia, ni en los medios, ni mucho menos en las instituciones armadas. Se criminaliza el disenso para disciplinar.

Se presiona al comandante Stevenazzi —quien, por cierto, ha sido claro en afirmar que el Ejército “no esconde nada” sobre los archivos del pasado— para que ceda ante el lobby de Familiares. Se busca, en definitiva, que las instituciones se rindan ante el tribunal de la calle militante.

Uruguay no puede permitirse esta deriva. Las Fuerzas Armadas no son botín de nadie. Ni de la izquierda que quiere purgarlas ni de nadie. La abogada Figueredo no está allí por capricho ni por militancia; está por su formación jurídica y su conocimiento del fuero militar. Despedirla equivaldría a aceptar que en el Uruguay de 2026 el pensamiento disidente es causal de cesantía.

Sería, en una palabra, nefasto. Y sería, sobre todo, la confirmación de que la persecución ideológica ya no se esconde: se ejerce a plena luz, con comunicados y repudios, como si el Estado fuera una sucursal del activismo.

Que la ministra Lazo resista la presión. Que el comandante Stevenazzi defienda la autonomía de su despacho. Y que la opinión pública sensata entienda lo que realmente está en juego: no la “memoria”, sino la libertad de pensar distinto sin que te persigan por ello.

Porque cuando el disenso se convierte en delito, la democracia ya no es tal. Es otra cosa. Y esa cosa tiene nombre: autoritarismo blando.