Privilegios económicos para familiares de desaparecidos

Los denominados desaparecidos se han convertido desde 1985, con la reinstitucionalización democrática, en un verdadero negocio político y económico. 

En 1985 cuando asumió la presidencia el colorado Julio M. Sanguinetti hubo reparaciones para quienes habían pertenecido a grupos guerrilleros terroristas de las décadas de 1960 y principios de los 70'.

Por ejemplo, quiénes fueron funcionarios públicos y estuvieron presos por haber cometido delitos vinculados a la subversión fueron retomados en sus respectivos organismos estatales.

Quienes ya no tenían edad para trabajar se jubilaron sin problemas y se les reconocieron los años que estuvieron presos como si hubieran trabajado.

Por ejemplo a un sujeto que estuvo preso entre 1975 y 1980 por haber cometido un homicidio o un secuestro se le reconocieron esos 5 años como si hubiera trabajado y aportado a sus jubilación, aunque obviamente no lo hizo porque estaba tras las rejas. 

Esto sin duda fue pagado por los contribuyentes uruguayos con sus impuestos. 

La Marcha del Silencio

Desde 1996 la izquierda organiza todos los 20 de mayo la denominada "marcha del silencio".

Quién la promovió ese año fue a Rafael Michelini, que era un joven senador del Nuevo Espacio, partido que estaba en ese momento afuera del Frente Amplio.

Hace 30 años que esta marcha es un uso descarado por sectores de la izquierda para hacer política partidaria de baja estofa.

Utilizan el asunto para sacar provecho político partidario con un descaro sin límites. 

¿Quiénes fueron los desaparecidos?

La cifra mentirosa que se repite desde hace décadas es que fueron 197, pero ocultan deliberadamente que la enorme mayoría desaparecieron en la República Argentina.

Es decir que los eventuales responsables de la desaparición son las autoridades argentinas del momento, y el Estado uruguayo no tiene absolutamente nada que ver. 

En Uruguay los desaparecidos fueron 33 o 34. El resto desaparecieron en territorio argentino. 

Sin embargo se sigue repitiendo mentirosamente de que en Uruguay hubo casi 200 desapariciones cuando esto es totalmente falso. 

Reparaciones económicas millonarias

Los familiares de los desaparecidos ya tenían varias ventajas económicas proporcionadas por el Estado uruguayo, es decir por los contribuyentes que pagan impuestos, pero cuando el Frente Amplio accedió por primera vez al gobierno nacional en 2005 los privilegios se multiplicaron. 

En Uruguay, las indemnizaciones para los familiares de los desaparecidos periodo durante el período cívico militar 1973 - 85 están reguladas principalmente por la ley 18.596 de 2009, del primer gobierno de Tabaré Vázquez. 

Esta norma reconoce el derecho a una reparación integral para personas afectadas por el denominado "terrorismo de Estado".

Los montos específicos, según la información disponible, son los siguientes:

Niños desaparecidos por más de 30 días: 375.000 Unidades Indexadas (UI). A valores aproximados de mayo de 2025, considerando que 1 UI ≈ 6,57 pesos uruguayos (según datos del INE hasta octubre de 2024), esto equivale a unos 2.462.250 pesos uruguayos o aproximadamente, y 55.000 dólares (al tipo de cambio actual de ~44,5 pesos por dólar).

También cobran personas nacidas durante la privación de libertad de su madre o que, siendo menores, estuvieron detenidos con sus padres.

En este caso 200.000 Unidades Indexadas, equivalente a unos 1.314.000 pesos uruguayos o cerca de 29.500 dólares.

Más privilegios

También existen beneficios en materia de salud. La ley garantiza asistencia médica, psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica gratuita y vitalicia para los familiares.

Existe la "reparación moral", que incluye "acciones para restablecer la dignidad de las víctimas, como actos de reconocimiento público y la preservación de la memoria histórica".

Y se establecen medidas como la recuperación de identidad, empleo o derechos perdidos.

Quiénes pagan estos privilegios, como es obvio, son todo lo pagan los contribuyentes uruguayos.

Todo esto sale de los recursos públicos, es decir que es el pueblo uruguayo quien paga esta fortuna. 

Queda claro que los desaparecidos además de un asunto político partidario es un muy lucrativo negocio.

Desde hace décadas el país que tiene necesidades en materia de salud, vivienda, educación, infraestructura, etc, destina cientos de millones de dólares en reparaciones e indemnizaciones económicas a un puñado de familias que lucran con un negocio siniestro.

Mientras miles de uruguayos trabajan honestamente y no llegan a fin de mes, o hay jubilados que trabajaron toda una vida y tienen dificultades económicas, un puñado de familiares de quienes desaparecieron por razones políticas y cometieron delitos hace medio siglo, siguen cobrando.