Redacción Instituto Nacional de Colonización ideológica, una cueva comunista que debe cerrar
La tierra y la nacionalización silenciosa
Este 20 de mayo las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y del Instituto Nacional de Colonización (INC) dieron una conferencia de prensa tras el escándalo que generó la compra de tierras para homenajear a Mujica.
Cabe destacar que en representación del MGAP se pronunció el subsecretario, Matías Carámbula —quien quedó como ministro interino—, dado que el señor Alfredo Fratti se encuentra degustando las deliciosas carnes de exportación en un stand del Instituto Nacional de la Carne (INAC) en la feria SIAL, en China.
El déficit como horizonte
Durante la conferencia, Matías Carámbula estaba incómodo y no era para menos. No solo tenía que defender esta compra, sino debía reivindicar la existencia de un organismo que cada año hace su valioso aporte al déficit fiscal.
«Nos pareció importante contextualizar la compra de un inmueble a través del INC, en el marco de una serie de políticas de contexto que son importantes para darle argumento y sentido a lo que finaliza en una compra de un inmueble», explicó.
Un panfleto comunista como argumento
Los cuatro pilares que expuso Carámbula para justificar la existencia y las acciones del INC parecen sacados de un manual de marxismo aplicado.
Primero, la tierra como «soberanía» —territorial y alimentaria—, es decir, un bien estratégico que debe estar bajo control estatal. Segundo, la búsqueda de una «distribución más justa y equitativa» de la renta del sector, lo que en la práctica se traduce en intervención, subsidios y redistribución forzada. Tercero, una visión centrada en un “sujeto y modo de producción” que, si no es rescatado por el Estado, estaría destinado a desaparecer. Y cuarto, la idea de que comprar campos es en realidad una «inversión en bienes públicos» porque pasan a formar parte del «patrimonio» nacional, lo cual no es otra cosa que ir nacionalizando el campo con plata del contribuyente.
Para entender la compra, ponete estos lentes
«Es importante que el debate político y el debate con las organizaciones sea desde esa mirada: primero desde la discusión central del lugar de la tierra en esta sociedad y en este país (basado en los cuatro pilares que mencionaba: soberanía territorial y alimentaria; justicia social, distribución de la renta y patrimonio)», señaló el ministro interino.
Es evidente que, en esta discusión, todo se construye a partir del axioma de la «función social de la tierra», donde el paternalista y omnipresente Estado asume el rol de gran redistribuidor, árbitro moral y arquitecto del agro.
La frutilla de la torta
Como si el contexto político-ideológico que justificó la compra no hubiese sido suficiente, llegó el episodio final: la exposición del presidente del INC, Eduardo Viera.
En plena conferencia, admitió que es «orgullosamente colono». Es decir, además de cobrar un sueldo de tres cifras por presidir el organismo, se beneficia directamente de las políticas públicas que él mismo impulsa.
La reacción fue inmediata: se le pidió la renuncia. ¿Su defensa? «Tengo total respaldo del gobierno» y hay un «claro desprecio hacia los pobres». No podía faltar el comodín de la lucha de clases en este «manifiesto comunista».
La nacionalización silenciosa de la tierra: el verdadero rol del INC
Según la Constitución uruguaya, se trata de un organismo creado con el objetivo de poblar el campo y «radicar al trabajador rural en la tierra». En la práctica, funciona como una máquina estatal de apropiación de tierras, lubricada con ideología marxista y retórica progresista.
El artículo 200 establece que el Estado debe adquirir tierras para repartirlas. Y así, bajo la excusa de promover «colonias agrícolas», se sostiene desde 1948 —gracias a la Ley N.º 11.029— un aparato que concentra tierras en manos del Estado mientras predica equidad y justicia.
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La lógica es clara: más Estado, menos propiedad privada
Hoy, el INC saquea al contribuyente y justifica sus acciones con descarados discursos marxistas: «democratizar la tierra», «combatir la desigualdad rural», «equilibrar lo público y lo privado».
No se trata de producir más, ni mejor. Se trata de dar una batalla simbólica por el control de la tierra, aunque al pueblo le cueste 32 millones de dólares.
Nada nuevo para nosotros: los privilegios son derechos, la crítica es odio y el Estado siempre tiene razón.
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