Los transportistas de carga están hartos de un gobierno que los exprime y no les da ninguna solución.
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En la madrugada del lunes 8 de junio, la ruta 3 amaneció distinta. No era el tránsito habitual de camiones que llevan la vida del país. Era un río de luces rojas detenidas, tractores con banderas improvisadas y rostros curtidos por el sol y por algo peor: el cansancio de quien produce y ve cómo el Estado le roba, una y otra vez, el fruto de su esfuerzo.
Cientos de hortícolas de Salto, transportistas autoconvocados, productores citrícolas y camioneros de todo el interior se plantaron allí, en La Gaviota, y en otros veinte puntos del país: Nueva Palmira, Rivera, Tacuarembó, Rocha.
No gritaban consignas de partido. Gritaban con el silencio de sus máquinas paradas.
Porque ya no hay margen.
El gasoil subió otra vez. Nadie en Montevideo parece entender que ese aumento no es un número en una planilla del ministerio: es el costo de cada kilómetro que recorre un camión cargado de tomates, cebollas o naranjas desde el campo hasta la mesa del uruguayo.
Es el precio que paga el hortícola que se levanta antes del alba para regar, podar y cosechar, y que al final del mes ve cómo el Estado se lleva, a través de impuestos disfrazados de “precios internacionales”, una porción cada vez más grande de lo poco que le queda.
Y encima llega la Guía Electrónica de Carga, esa nueva exigencia del MTOP que promete “transparencia” y entrega, en la práctica, más papeles, más costos, más multas posibles y más control sobre quienes ya están al límite.
Es el clásico truco del Leviatán: primero te ahoga con impuestos, después te obliga a llenar formularios para demostrar que aún respiras, y al final te acusa de evasor si no cumples.
Los productores y transportistas no piden subsidios. Piden que les dejen trabajar. Quieren que el Estado deje de tratarlos como sospechosos habituales y empiece a recordar que ellos, no los burócratas, son los que generan la riqueza que después se reparte en sueldos públicos y planes.
Cada vez que un camión se detiene, cada vez que un galpón de horticultura cierra sus puertas por falta de rentabilidad, el país pierde algo que no se ve en las cuentas nacionales: la iniciativa privada, esa fuerza silenciosa que mueve la economía real.
Porque la economía no es un juego de sumas y restas en una oficina de Montevideo. Es gente real tomando riesgos reales con su propio dinero.
Y cuando el Estado sube los impuestos al combustible, impone regulaciones que nadie pidió y multiplica los controles, lo que hace es exactamente lo contrario de lo que promete: destruye empleo, encarece los alimentos y castiga a los que menos pueden defenderse.
El consumidor final paga más caro la verdura; el productor recibe menos; y en el medio, el camión queda varado mientras los burócratas celebran “modernización”.
Es el mismo mecanismo de siempre: se ve el camión parado en la ruta, se ve la concentración en Nueva Palmira, se ve la cara del hortícola que explica con palabras sencillas que “ya no da”.
Lo que no se ve es el próximo emprendimiento que no se abre, la inversión que se va a otro país, el joven que decide no seguir el campo porque “no hay futuro”. Ese es el costo oculto de la carga impositiva gigante y del Estado persecutorio que cree que la solución a todos los problemas es más papeles, más tasas y más castigos.
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Los hombres y mujeres que hoy bloquean las rutas no son enemigos del país. Son el país. Son los que producen la comida que comemos, los que mueven las mercaderías que consumimos, los que sostienen con su sudor la cadena que hace posible que Uruguay siga existiendo como nación productora.
Y están hartos de ser tratados como delincuentes por un aparato estatal que gasta más de lo que genera y luego culpa a los que generan.
No piden privilegios. Piden libertad. Libertad para trabajar sin que cada decisión productiva tenga que pasar primero por la aprobación de un funcionario.
Libertad para invertir sabiendo que el fruto de ese riesgo no se lo va a llevar un impuesto oculto en el precio del gasoil. Libertad para competir, para innovar, para fallar y volver a intentarlo sin que el Estado les ponga la bota encima.
Porque un país que persigue a sus productores y a sus transportistas no está protegiendo a nadie. Solo está cavando su propia fosa.
Y las rutas de hoy lo están diciendo alto y claro, con camiones quietos y manos callosas: hasta aquí llegamos. Ahora, que el Estado aprenda a vivir con menos. O que el país aprenda a vivir sin ellos.
