Uruguay del lado de los criminales: Se confirmó la decisión del gobierno de quedar afuera del Escudo de las Américas

El presidente Yamandú Orsi confirmó, con su inacción, que Uruguay queda fuera del “Escudo de las Américas”, la iniciativa regional impulsada por Estados Unidos para combatir de forma coordinada el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y el lavado de activos. Orsi se limitó a calificar de “raro” que no hubiéramos sido invitados y a decir que “cuando surjan problemas concretos” estaremos dispuestos. Ninguna gestión activa, ninguna solicitud formal de ingreso, ninguna señal clara de alineamiento con los países que sí decidieron enfrentar el problema de frente. Es una elección política: una línea tibia, complaciente y peligrosa con la delincuencia internacional.100

Mientras la región avanza en inteligencia compartida, operativos conjuntos y presión real sobre las rutas de droga, Uruguay opta por mirar desde la tribuna. TCP, puertos, aeropuertos y fronteras siguen siendo eslabones expuestos en un continente donde el crimen no pide permiso.

La supuesta “estabilidad relativa” es cada vez más frágil

Se repite hasta el cansancio que Uruguay goza de “estabilidad relativa”. Pero esa estabilidad es cada vez más relativa y menos estable. Las incautaciones de cocaína e insumos químicos siguen batiendo récords año tras año. Los homicidios vinculados a ajustes de cuentas entre bandas aumentaron. El lavado en sectores inmobiliario, financiero y de criptoactivos es una preocupación recurrente de organismos internacionales. El Puerto de Montevideo y Carrasco aparecen una y otra vez en operativos que revelan que el país ya no es solo un lugar de paso ocasional, sino un nodo cada vez más funcional para organizaciones que mueven miles de millones.

En este contexto, declinar —por omisión— formar parte de un escudo que precisamente busca anticipar y golpear esas redes es una decisión irresponsable. No es neutralidad: es dejarle campo libre al enemigo. El crimen organizado actúa con lógica empresarial: donde hay menor riesgo policial, judicial y diplomático, invierte más. Uruguay, con su ubicación, sus instituciones relativamente intactas y su economía dolarizada en varios circuitos, resulta atractivo para quien busca blanquear, almacenar o transitar mercancía ilícita.

Los costos reales de la tibieza

Cada día sin mayor coordinación internacional se traduce en:

• Mayor presión sobre policías y fiscales que deben actuar solos o con cooperación fragmentada.

• Pérdida de competitividad logística: exportadores pagan más caro el seguro de carga, buques eligen otros puertos y cadenas de suministro nos miran con desconfianza.

• Desincentivo a la inversión extranjera seria: nadie trae capital productivo a un país que parece blando frente al crimen que sí afecta su territorio.

• Erosión de la propiedad privada y la seguridad ciudadana: los uruguayos comunes terminan pagando con miedo, alarmas, barrios cerrados y menor calidad de vida.

La “estabilidad relativa” que tanto se vende es un barniz que se agrieta. Cuando el Estado no ejerce con firmeza el control de fronteras y no se alinea con los socios que comparten el mismo enemigo, el resultado es previsible: más recursos para los criminales, más violencia selectiva y más costos difusos para toda la sociedad. Los que más sufren son los sectores productivos y las familias de clase media y baja que ven cómo el narco infiltra barrios mientras el gobierno habla de “problemas concretos” que, casualmente, nunca parecen lo suficientemente urgentes como para actuar preventivamente.

Orsi y su administración eligen una supuesta soberanía aislacionista que en la práctica debilita al país. En un mundo donde el crimen es global, la respuesta tibia equivale a rendición gradual. Otros países de la región entendieron que no se puede combatir solo. Uruguay decidió intentarlo. La historia reciente de la región demuestra que esa estrategia rara vez termina bien.

El Escudo de las Américas no era una invitación protocolar: era una oportunidad concreta de inteligencia, tecnología y presión conjunta. Dejarla pasar no fortalece la independencia nacional. La expone. Y mientras tanto, las bandas siguen operando, los puertos siguen siendo vulnerables y la “estabilidad relativa” se vuelve cada día más relativa y menos tranquilizadora para los uruguayos.