Salvan a los privilegiados, paga el pueblo: CASMU y otro escándalo de rescate estatal

No han transcurrido ni dos décadas desde que el exministro comunista Daniel Olesker impulsó la mayor intervención estatal en el sistema de salud de los últimos tiempos: la creación del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

Desde entonces, varias mutualistas han enfrentado problemas financieros severos, y algunas incluso han cerrado sus puertas, evidenciando las fragilidades de un modelo que, lejos de fortalecer la sanidad, parece haberla condenado a una crisis perpetua.

Un ejemplo reciente es el caso de Casa de Galicia, que en 2021 se convirtió en la última institución en bajar la persiana tras una controvertida intervención gubernamental.

Dicha intervención culminó con la transferencia de sus bienes al CASMU en un remate que levantó sospechas sobre su transparencia y finalidad.

Sin embargo, el CASMU, beneficiario de este proceso, no está exento de dificultades: desde hace años arrastra una situación financiera delicada. Curiosamente, durante la última campaña electoral, se conoció a través de una carta postelectoral que varios de sus jerarcas y médicos apoyaron la candidatura de Yamandú Orsi, lo que sugiere una posible alineación entre intereses políticos y empresariales en el sector.

En ese mismo contexto electoral, el actual presidente, Luis Lacalle Pou, prometió lo que en la jerga inglesa se denomina un bailout: el rescate de un negocio privado en quiebra con fondos públicos.

Esta práctica, habitual en sistemas donde el Estado actúa como salvavidas de empresas ineficientes, tuvo su más reciente capítulo hace apenas dos días, cuando el Parlamento —con el voto favorable de todos los partidos, salvo Identidad Soberana de Gustavo Salle— aprobó un subsidio millonario de 23 millones de dólares para apuntalar al CASMU.

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Lejos de promover cambios estructurales, esta medida perpetúa un statu quo que beneficia a una élite política y empresarial a costa de los contribuyentes.

Aquí entra en juego el fenómeno de los empresarios prebendarios, aquellos que, en lugar de competir en un mercado libre, prosperan gracias a su cercanía con el poder político. Estos actores, amigos o aliados de la casta gobernante, obtienen privilegios como contratos estatales, exenciones fiscales o, como en este caso, rescates financieros directos.

El costo de estas operaciones recae invariablemente sobre los sectores verdaderamente productivos de la sociedad: trabajadores, pequeñas empresas y ciudadanos de a pie, quienes, a través de impuestos y una sanidad deficiente, pagan la factura de un sistema que prioriza la supervivencia de instituciones fallidas por sobre la calidad del servicio.

Mientras tanto, los tiempos de espera para consultas médicas se alargan, las prestaciones se deterioran y los usuarios permanecen atrapados en un círculo vicioso de burocracia e ineficiencia.

La solución a esta crisis no pasa por más intervencionismo ni por inyecciones de dinero público que solo postergan el colapso.

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Por el contrario, es imperativo liberar el sector salud para que opere bajo una lógica de mercado genuina. Las mutualistas, nacidas originalmente como asociaciones de ayuda mutua, deberían recuperar ese espíritu fundacional y competir en un entorno donde la innovación, la eficiencia y la satisfacción del usuario sean los motores del progreso.

Un aumento de la competencia generaría un espiral virtuoso: mejora en la calidad del servicio, reducción de costos operativos y, en última instancia, precios más accesibles para los ciudadanos.

Solo así se podrá romper el yugo que hoy somete a los uruguayos a una sanidad mediocre.