No han transcurrido ni dos décadas desde que el exministro comunista Daniel Olesker impulsó la mayor intervención estatal en el sistema de salud de los últimos tiempos: la creación del Fondo Nacional de Salud (FONASA).
Desde entonces, varias mutualistas han enfrentado problemas financieros severos, y algunas incluso han cerrado sus puertas, evidenciando las fragilidades de un modelo que, lejos de fortalecer la sanidad, parece haberla condenado a una crisis perpetua.
Un ejemplo reciente es el caso de Casa de Galicia, que en 2021 se convirtió en la última institución en bajar la persiana tras una controvertida intervención gubernamental.
Dicha intervención culminó con la transferencia de sus bienes al CASMU en un remate que levantó sospechas sobre su transparencia y finalidad.
Sin embargo, el CASMU, beneficiario de este proceso, no está exento de dificultades: desde hace años arrastra una situación financiera delicada. Curiosamente, durante la última campaña electoral, se conoció a través de una carta postelectoral que varios de sus jerarcas y médicos apoyaron la candidatura de Yamandú Orsi, lo que sugiere una posible alineación entre intereses políticos y empresariales en el sector.
En ese mismo contexto electoral, el actual presidente, Luis Lacalle Pou, prometió lo que en la jerga inglesa se denomina un bailout: el rescate de un negocio privado en quiebra con fondos públicos.
Esta práctica, habitual en sistemas donde el Estado actúa como salvavidas de empresas ineficientes, tuvo su más reciente capítulo hace apenas dos días, cuando el Parlamento —con el voto favorable de todos los partidos, salvo Identidad Soberana de Gustavo Salle— aprobó un subsidio millonario de 23 millones de dólares para apuntalar al CASMU.
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