En Uruguay, miles de jubilados que trabajaron toda su vida y aportaron al Banco de Previsión Social (BPS) apenas sobreviven con pensiones que no alcanzan para llegar a fin de mes. Son hombres y mujeres de la tercera edad que, tras décadas de esfuerzo y contribuciones —treinta años o más en muchos casos—, reciben a cambio una miseria que no refleja ni su sacrificio ni su derecho.
Mientras tanto, en este mismo país, hay privilegiados que nunca aportaron o lo hicieron a medias, y que hoy gozan de jugosas pensiones, subvenciones y reparaciones millonarias amparadas por leyes aprobadas a lo largo del tiempo.
¿Quiénes son estos favorecidos? Las supuestas víctimas de la “represión ilegal del Estado”, un grupo que, gracias a un arsenal de normas, ha convertido los Derechos Humanos en un negocio próspero a costa del pueblo.
Las leyes reparatorias, como la 18.596 de 2009, son un ejemplo flagrante de esta distorsión.
Según ellas, el Estado uruguayo asume responsabilidad por torturas, desapariciones forzadas, homicidios y exilios desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973, un período que incluye años de gobierno constitucional elegido por el voto popular.
Sí, leyó bien: la “represión estatal” que estas normas denuncian comenzó, según su propia lógica, bajo una democracia legítima, antes del quiebre institucional de 1973.
Así, se abren las puertas para que individuos que atentaron contra esa misma democracia —muchos de ellos miembros de bandas terroristas como el MLN-Tupamaros o del brazo armado del Partido Comunista, gestado desde los tempranos 60— reciban beneficios inmerecidos bajo el manto de víctimas.
Privilegios pagados con sangre y sudor ajeno
No hay eufemismos que valgan: este festival de reparaciones lo financia el contribuyente uruguayo.
Cada peso que engrosa las arcas de estos “perseguidos” sale del bolsillo de quienes sostienen el sistema con sus impuestos. Y no termina ahí.
