Piensen en sus abuelos. No en una abstracción nostálgica, sino en personas concretas: cómo se levantaban al alba, qué les importaba de verdad, de qué hablaban a la mesa. Había en esa generación algo difícil de definir, pero imposible de ignorar. Una densidad. Un peso moral. La sensación de que vivían por algo y para algo, aunque ese algo nunca estuviera del todo articulado. Podía ser Dios. Podía ser la familia. Podía ser el barrio, el oficio, el orgullo de construir algo con las manos. Pero estaba. Era real. Los sostenía cuando el mundo se ponía difícil. Y se ponía difícil seguido.
Ahora piensen en mi generación.
Tengo 24 años. Crecí en el Uruguay más libre de la historia: aborto legal, cannabis regulado por el Estado, matrimonio igualitario, eutanasia recientemente aprobada, psicólogos subsidiados, diagnósticos de salud mental desde el liceo. Más derechos reconocidos que ninguna generación anterior. Más libertades formales que cualquier uruguayo que nos precedió. El Estado prometió contenernos desde la cuna hasta la tumba —y más allá, porque ahora también puede acompañarnos a morir—.
Y sin embargo.
La tasa de suicidio en Uruguay en 2024 fue de 21,35 por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial. Los jóvenes de 20 a 24 años registraron ese año la tasa más alta de esa franja etaria en la historia del país. Los tranquilizantes son la tercera droga más consumida y, según la Junta Nacional de Drogas, el 13% de los universitarios los consumió en el último año; de ellos, el 41% sin receta médica. Uruguay es, según Latinobarómetro, el país menos religioso de América Latina: casi la mitad de la población declara no tener religión alguna, un dato que hace treinta años era impensable.
Más libertad. Más diagnósticos. Más pastillas. Más suicidios. Más vacío.
Cuando uno junta esos números en la misma página, algo en el relato oficial se rompe. Y ese quiebre es lo que este artículo intenta nombrar. Porque en Uruguay hay cosas que no están prohibidas por la ley, sino por el consenso: señalar que quizás el problema no fue la falta de derechos, sino el exceso de vacío.
El experimento que nadie audita
Para entender lo que somos hay que entender lo que decidimos ser. Y la decisión más trascendente de la historia uruguaya moderna no fue política ni económica: fue filosófica, y la tomó un hombre que murió en 1929, pero cuya sombra todavía gobierna.
José Batlle y Ordóñez entendió que construir un Estado moderno requería vaciar el espacio público de toda referencia trascendente. Separó la Iglesia del Estado con una convicción que iba mucho más allá de lo institucional: era la certeza de que el progreso y la fe eran incompatibles, que la razón debía reemplazar al dogma, que el ciudadano racional era un modelo superior al fiel. Hasta los nombres de los días y los feriados fueron laicizados. La Semana Santa se convirtió en Semana de Turismo. La Navidad en Día de la Familia. Uruguay no solo separó al Estado de la Iglesia: intentó separar a la cultura del misterio.
Durante décadas pareció funcionar. El aula reemplazó al templo. El partido político reemplazó a la parroquia. El Estado fuerte reemplazó a Dios como garante del orden y la protección. Uruguay fue el laboratorio latinoamericano que demostró que se podía construir una nación sin el andamio de la fe.
El problema es que nadie auditó el experimento a largo plazo. Nadie se preguntó qué pasaba cuando el Estado dejaba de ser fuerte y se volvía burocrático; cuando el partido perdía su carga ideológica y se convertía en agencia de empleo público; cuando el aula dejaba de transmitir valores y empezaba a transmitir solo contenidos.
¿Qué quedaba entonces?
¿Qué sostenía al individuo cuando todos los sustitutos de lo sagrado se vaciaban también?
Lo que quedaba era la pregunta sin respuesta. El “para qué” flotando en el aire. Y una generación entera aprendiendo a convivir con ese vacío, no resolviéndolo, sino anestesiándolo.
La cultura de la muerte que se llama progreso
Lo que Uruguay construyó en los últimos veinte años no es solo una sociedad secularizada. Es algo más preciso y más inquietante: una cultura de la muerte administrada. Una filosofía social que, bajo el lenguaje de la autonomía y “la libertad”, normalizó, legisló y celebró distintas formas de rendirse.
El aborto no fue una ley de emergencia para casos extremos: se presentó como “liberación”, como “progreso inevitable”, como prueba de que Uruguay era más moderno que sus vecinos. La muerte de una vida en formación se reencuadró como acto de autonomía, y cualquier cuestionamiento se catalogó de fanatismo o atraso.
Luego vino el cannabis: el primer país del mundo en regular producción, venta y consumo. El Estado, que en el siglo XX se erigía como guardián de la moral, se reconvirtió en el dealer más grande del país. La narrativa fue de salud pública y pragmatismo. Pero nunca se dijo en voz alta que una sociedad con problemas serios de sentido le ofrecía a su juventud, como respuesta, humo regulado por el Estado.
Y ahora la eutanasia.
En un país con la segunda tasa de suicidio más alta de América Latina, con picos históricos entre los jóvenes de 20 a 24 años y con un 27% de la población que alguna vez consumió tranquilizantes, la respuesta institucional no es preguntarse por qué tanta gente quiere morirse o anestesiarse, sino facilitar que hacerlo sea más cómodo, más asistido, más “digno”.
Hay una frase que resume esta lógica con brutal honestidad:
“El derecho a morir bajo mis propios términos, mientras no moleste demasiado”.
Suena a liberación. Es una rendición.
Es la filosofía de una civilización que ya no cree que la vida, con toda su experiencia, valga la pena ser vivida hasta el final.
Sino que romantiza el comodismo: si no puedo, entonces ya no quiero. Si se pone difícil, se anestesia. Si duele, se abandona.
Y lo más inquietante: lo hicimos bajo titulares que prometían exactamente lo contrario —ser más autónomos, más libres, más dueños de nuestro destino—.
La farmacia como catedral
Mi generación creció aprendiendo un idioma nuevo: el del DSM-5. La tristeza se llama depresión; el nerviosismo, ansiedad; el duelo, episodio depresivo mayor si dura más de lo que el manual permite. Aprendimos que todos esos estados tienen solución farmacológica. Que ajustar la serotonina es más práctico que cambiar el rumbo de la vida.
El sistema sanitario, con la mejor voluntad, nos educó en esa lógica desde el liceo: talleres de salud mental, gabinetes psicológicos, detección temprana. El resultado es previsible: los tranquilizantes son la tercera droga más consumida en el país, y entre universitarios las cifras superan con creces las de la población general.
No estoy contra la psiquiatría.
Estoy contra una cultura que convirtió la terapia y la medicación en sustitutos del sentido.
