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Economía

Duplicar el salario mínimo, subsidios a empresas y cheques de US$ 2.000 por persona: el Plan Biden para superar la "segunda ola"

El presidente electo buscará la aprobación de un amplio programa fiscal de emergencia con el motivo del coronavirus. Los demócratas apuntan a generalizar los subsidios y las ayudas sociales para empresas e individuos.

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En contra de la disciplina fiscal y con un alto grado de complacencia con el socialismo, Joe Biden propone un amplio y ambicioso programa fiscal que promete ser compensatorio con los desastres que generaron las cuarentenas por la pandemia. El programa implica un gasto público extra para el 2021 de hasta US$ 1,9 billones de dólares ("1,9 trillion", en anglosajón)

Los demócratas, con mayoría en ambas cámaras, buscarán la rápida aprobación del Plan Biden, aun en una situación récord de déficit fiscal para el Gobierno Federal. La oposición del Partido Republicano no sería suficiente para detener la iniciativa, e incluso algunos legisladores republicanos ya anunciaron que apoyarán este proyecto.

En concreto, el programa presentado por Biden busca la implementación de:

  • Nuevos cheques gubernamentales por US$ 2.000 por persona.
  • Suplemento en concepto de seguro de desempleo por un monto de US$ 400 por semana hasta septiembre.
  • Duplicar el salario mínimo federal, llevándolo de 7,25 a 15 dólares por hora.
  • Subsidios a los gobiernos estatales desde el Gobierno nacional.
  • Subsidios a escuelas que todavía permanecen con las puertas cerradas en los Estados con cuarentenas.
  • Subsidios y créditos para empresas.
  • Crear un presupuesto especial para el programa de vacunación.
  • Regulaciones al mercado inmobiliario para evitar desalojos.

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Los nuevos cheques por US$ 2.000 es una idea que había propuesto Trump antes de las elecciones y el Partido Demócrata había denegado. Luego de la elección, el Presidente trató de enmendar la ley de estímulo para que en vez de 600 dólares se entreguen los 2.000, pero sin éxito, ya que esta vez la mitad del propio Partido Republicano tampoco lo apoyó.

Ahora Biden propone agregar US$ 1.400 adicionales a los US$ 600 que el Congreso ya aprobó. Será muy interesante ver qué argumento retorcido da la Presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que tanto cirticó la propuesta de Trump, y ahora tendrá que defenderla en el recinto.

Por su parte, el suplemento en concepto de seguro de desempleo podría generar incentivos negativos sobre la oferta de trabajo en los mercados, ya que muchos Estados están abriendo pero si los seguros se mantienen no habrá mano de obra "barata" (menor a 400 dólares por semana) que contratar.  

Biden además buscará ampliar el programa de asistencia por créditos tributarios por hijos, con un monto de US$ 3.000 y reembolsable. Estos créditos tributarios, que suponen deducciones para el pago de impuestos directos, tendrían vigencia a lo largo del 2021. Esta es otra idea que le copió a Trump y que los demócratas habían rechazado en la última discusión de la ley de estímulo.

Por el lado más negativo de la ley, está la fuerte suba del salario mínimo, que no hará más que restringir el mercado laboral en un tiempo donde las empresas necesitan minimizar sus costos para no quebrar, después de un año entero de cuarentena.

Subir el salario mínimo nunca funciona: si el salario pagado en el mercado laboral ya superara los 15 dólares, la medida resultaría inútil; por el otro lado, si el empleador no puede pagar los 15 dólares, optará por no contratar esos trabajadores y el resultado final será más desempleo y un gran obstáculo en la recuperación del empleo privado formal.

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Biden propone destinar un monto por US$ 350.000 millones para los gobiernos estatales y locales, en concepto de pago de sueldos para la administración pública correspondiente y fondos de emergencia por cuestiones de índole sanitario.

Se destinarán US$ 130.000 millones para asistencia escolar, buscando cumplir con la efectiva reapertura de todos los establecimientos a lo largo del año, a pesar de que Trump ya lo estaba haciendo negociando con los gobernadores para que levanten las cuarentenas.

De forma similar, se destinará un total de US$ 160.000 millones para un programa de vacunación masivo en el país, US$ 20.000 millones para los costos logísticos de la distribución de las dosis y US$ 50.000 millones adicionales para la realización de pruebas y desarrollo. 

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El plan además cuenta con un paquete de ayuda económica para empresas, posiblemente el único punto del programa destinado a no destruir empleo

En concreto, se espera destinar US$ 325.000 millones en créditos tributarios para empresas pequeñas y medianas, US$ 45.000 millones para costear el transporte público y US$ 13.000 millones en concepto de asistencia alimentaria. 

Al programa sobre las empresas se le agregó un suplemento especial para las aerolíneas, las más damnificadas por la pandemia y las restricciones. Se espera gastar US$ 15.000 millones para que las aerolíneas sean capaces de financiar sueldos a sus empleados a pesar de que no trabajen, sin necesidad de despidos en el corto plazo. 

El Presidente-Electo propone regular, aunque de forma temporal, los mercados inmobiliarios. Los demócratas buscan extender la moratoria de desalojo hasta el 21 de septiembre de este año, aunque las medidas traerían un fuerte desincentivo en la oferta de viviendas y el crédito inmobiliario., algo que ya se pudo ver, por ejemplo, en Argentina.

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Brasil

Desastre del socialismo en Brasil: Lula destruyó las finanzas públicas al cabo de 15 meses de administración

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El Gobierno brasileño abandonó rápidamente el superávit primario heredado de la gestión de Bolsonaro, y el déficit financiero ya es el más alto desde el estallido de la pandemia. Las metas fiscales trazadas por el Ministro Haddad se desdibujan cada vez más.

El socialismo brasileño promulgó una agenda fiscal extremista y completamente irresponsable, que condujo al desequilibrio de las finanzas públicas de Brasil en tiempo récord.

Solamente en los primeros 6 meses de gestión del Presidente Lula da Silva se agotó todo el superávit primario que había dejado Jair Bolsonaro. Al cabo de 15 meses, el último dato publicado por el IBGE y convalidado por el Banco Central de Brasil registró un déficit primario equivalente al 2,47% del PBI para el término de marzo de 2024. Cuando Lula asumió la presidencia, había un superávit en torno al 0,56% del producto respectivamente.

Asimismo, en conjunto con el pago de intereses de la deuda pública, el Gobierno federal de Brasil registró un déficit financiero del 7,5% del PBI en marzo, 3,2 puntos porcentuales por encima del que recibió en enero de 2023. 

La recaudación tributaria se vio favorecida por la introducción de nuevos impuestos, pero la agenda socialista desde el punto de vista de las erogaciones simplemente agotó cualquier posibilidad de saneamiento presupuestario.

El Ministro de Finanzas Fernando Haddad anunció un “bloqueo” de gastos por al menos R$ 2.900 millones de reales, entre inversión pública y gastos prescindibles en el corto plazo. Sin embargo, el déficit fiscal se encuentra en los niveles más altos desde la pandemia, el núcleo radicalizado y de extrema izquierda dentro del oficialismo avanza sobre el posicionamiento de Haddad para profundizar la agenda extremista.

Pese a que el Ministro se comprometió con el déficit primario cero para fin de año, esta meta parece completamente imposible de cumplir. El Gobierno federal incurrió en un desequilibrio de hasta R$ 114.000 millones de reales en febrero, y R$ 63.000 millones adicionales en marzo, pese al tenue superávit por R$ 22.000 millones correspondiente a enero.

El superávit primario puntual en el mes de enero se debe a un efecto propio de la estacionalidad del mes, ya que ciertos impuestos impactan de manera directa en dicho período. Pero el saldo observado en enero de 2024 fue inferior al que se registró en el mismo mes de 2023, 2022 e incluso en comparación con enero de 2021 (en plena pandemia).

La mayor parte de las consultoras privadas de Brasil sugieren que la meta fiscal de Haddad carece de fundamentos, y fundamentalmente de apoyo político interno dentro de la coalición oficialista.

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Economía

El Gobierno va camino a reportar superávit fiscal en abril: Se consolida la disciplina fiscal para erradicar la inflación

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Los depósitos del Sector Público Nacional se incrementaron en $2,2 billones de pesos al cierre del mes pasado, una cifra superior a la registrada en marzo. Esta tendencia sugiere la consolidación de un nuevo superávit incluso más grande que el de marzo.

Incluso a pesar de la sanción o el rechazo de la Ley Bases, el Gobierno del Presidente Javier Milei está logrando ejecutar un ajuste fiscal pocas veces visto en la historia argentina. La disciplina fiscal es el principal baluarte del programa económico para combatir la inflación, ya que es la única manera para garantizar la verdadera independencia del Banco Central del poder político.

Pese a que aún no existen datos fiscales oficiales correspondientes al pasado mes de abril, se sabe que los depósitos del sector público se incrementaron en $2,2 billones con respecto a marzo, la tercera cifra más importante en lo que va de la presidencia de Milei.

Con cada aumento de la cantidad de depósitos del sector público es plausible esperar una mejora del resultado fiscal, con lo cual estas cifras preliminares sugieren que el Gobierno podría haber alcanzado el superávit financiero en abril y sería incluso más grande que el del mes de marzo.

Se debe tener en cuenta que en marzo el incremento de los depósitos del sector público fue de $1,62 billones de pesos, y se registró un superávit financiero en torno a los $276.638 millones respectivamente. En otras palabras, el superávit primario fue tan importante que incluso logró más que compensar el pago neto de intereses por la deuda pública.

Si el Gobierno lograra nuevamente el superávit, el resultado del déficit primario acumulado de 12 meses podría acercarse nuevamente al equilibrio en relación al PBI, algo que no se veía desde noviembre de 2019 hacia el final de la administración Macri.

Lo que la gestión de Cambiemos logró ejecutar al cabo de 2 años de lento gradualismo, el Gobierno del Presidente Milei lo logró en tan solo 4 meses. El decidido ordenamiento de las finanzas públicas permitió que el Banco Central pudiera cortar de cuajo la emisión de Adelantos Transitorios para financiar el rojo del Tesoro.

Otra manera de anticipar el posible resultado fiscal de abril consiste en observar las licitaciones llevadas a cabo por el Tesoro. En este mes, el Gobierno aprobó colocaciones por 5,7 billones de pesos y tuvo vencimientos por 3,3 billones de pesos, arrojando un financiamiento neto positivo de $2,4 billones

Y pese a observarse un incremento con respecto al saldo neto del mes anterior, la mayor parte de estas colocaciones se utilizaron para postergar vencimientos de la deuda interna a plazos más razonables, y para absorber pesos de circulación cancelando deuda contra el Banco Central.

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Economía

Histórico derrumbe de las expectativas de inflación: Tras el desastre kirchnerista, el país recupera la esperanza

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El último informe REM del Banco Central proyecta una fuerte caída de la tasa de inflación esperada para los próximos meses, a partir del ajuste fiscal y monetario que está llevando a cabo el Gobierno.

El Banco Central publicó su informe de Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente al mes de abril, el cual recopila las proyecciones de las principales consultoras del país sobre la evolución de la tasa de inflación para los próximos meses. Se registró una histórica caída de las expectativas inflacionarias, algo que respalda firmemente la baja de tasas ejecutada por el propio BCRA.

La mediana de expectativas para el salto del IPC en abril fue del 9%, cuando el informe REM del mes pasado estimaba una inflación mensual superior al 11%. Se espera que el proceso de desinflación se acentúe todavía más a lo largo del año: un salto del 7,5% para mayo, 6,8% para junio, 6,3% para julio y 6% a partir de agosto.

Cabe señalar que en medio de un proceso de desinflación con una fuerte ancla fiscal (el superávit generado por el Gobierno), es esperable que las expectativas disminuyen a lo largo del tiempo, y por lo tanto es posible que los pronósticos actuales para el próximo semestre sean sustancialmente superiores a la inflación que efectivamente se registre por el INDEC.

La tasa de inflación interanual estimada al cabo de los próximos 12 meses es del 88%, y esta cifra representa una reducción de 139 puntos porcentuales a la expectativa que había dejado el fallido exministro de Economía Sergio Massa (una inflación proyectada a 12 meses en el 227% interanual en noviembre de 2023). 

Asimismo, no se esperaba una tasa de inflación interanual tan baja desde marzo de 2023, con la diferencia de que la cifra llega en medio de un proceso de desinflación, mientras que por aquel entonces ocurría todo lo contrario.

Con un ancla fiscal firmemente consolidada, la inflación interanual esperada se anotó su quinta caída mensual consecutiva. Esto no ocurría desde el año 2017, y la tendencia podría afianzarse incluso más si el tratamiento de la Ley Bases en el Senado resulta favorable para el dictamen del oficialismo.

La caída de la inflación esperada no solo se ve reflejada en las estimaciones de las consultaras privadas y los fundamentos macroeconómicos que conduce el Gobierno, sino además por las encuestas realizadas a la sociedad.

En este sentido, la consultora Poliarquía informó por un drástico cambio en el estado de ánimo de la sociedad. Mientras que en julio de 2023 predominaba el cansancio social, el desánimo y la decepción por el colapso del modelo económico kirchneristas, para abril de 2023 las encuestas señalan un fuerte crecimiento de la cantidad de personas que se identifican con una sensación de esperanza.

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