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La Secretaría de Comercio creó un sistema para “monitorear” los costos de las empresas y verificar que no se estén llevando «ganancias extraordinarias»

Después de tres meses con datos de inflación desalentadores, el Gobierno dispuso la intensificación de los controles de precios. La Secretaría de Comercio buscará monitorear las empresas y aplicar sanciones a las que no se adapten a los precios máximos.

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Con una inflación que crece mes a mes y que trepó al 40,7% en febrero, el Gobierno kirchnerista apuesta a los controles de precios y regulaciones sobre el abastecimiento como una herramienta para tratar de contener la inflación, una estrategia que siempre les ha fallado y que ya ha quedado obsoleta. 

La Secretaría de Comercio, impulsada por la socialista Paula Español, creará un sistema de monitoreo para un total de 1.000 empresas correspondientes a grandes rubros.

El objetivo será estudiar las estructuras de costos de estas empresas, y verificar que no estén poniendo precios que les den «ganancias extraordinarias» en medio de la pandemia. Esta absurda idea se basa en la teoría valor trabajo profundizada por el marxismo y pretende «evitar el desabastecimiento».

Lo que el Gobierno no entiende es que el peligro por desabastecimiento es precisamente generado por la propia Secretaría de Comercio, y su política de precios máximos.

Si la empresa no puede poner el precio que la cantidad ofertada le demanda, no le queda otra opción que o perder plata, o vender menos.

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Español está determinada en aplicar medidas típicas de la planificación económica centralizada, que atentan directamente contra el normal funcionamiento de una economía moderna basada en el sistema de precios. 

El esquema fue pautado en el Boletín Oficial con el nombre de Sipre (Sistema Informativo para la Implementación de Reactivación Económica), y amenaza con implementar multas severas para todas aquellas empresas que no se adapten a esta política disfuncional de precios. 

Se plantea la aplicación de la Ley de Abastecimiento para aquellas empresas que no sean capaces de sostenerse con los esquemas de precios máximos y las regulaciones vigentes. 

El sistema no solo busca monitorear empresas, sino que demandará un informe por parte de las mismas en el cual se indique detalladamente información en torno a los precios ofertados, las cantidades vendidas de bienes finales e intermedios, así como los niveles de stock disponibles mes a mes. 

De esta manera, las autoridades aseguran que el Sipre generará una suerte de alertas tempranas para detectar el desabastecimiento cuando sea necesario y actuar en consecuencia. 

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En abril se incluirá un listado con cerca de 500 empresas que serán afectadas por las nuevas normativas, esto como parte de una primera etapa de implementación del sistema. En esta etapa el Gobierno se concentrará en el sector del comercio, la construcción y la industria

Dado el esquema planteado, se pondrá un énfasis especial en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, productos de limpieza, electrodomésticos, productos químicos, y electrónica

En una segunda etapa se plantea incluir otra tanda de 500 empresas de otros rubros menos específicos, y con una amenaza latente de desabastecimiento sensiblemente menor a las comprendidas en abril. 

Este tipo de herramientas constituyen un paliativo de nula eficacia para detener el aumento de precios, y evidencian la debilidad del programa económico a la hora de defender sus propios lineamientos y objetivos en torno a la inflación.  

La meta del 29% de inflación anual para diciembre de este año fue constantemente defendida por Martín Guzmán, pero cada vez es más rechazada dentro de las estimaciones privadas.  

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Un heroico gendarme mató a dos delincuentes que intentaron robarle cuando iba a su trabajo en José C. Paz

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Los ladrones fueron asesinados por el sargento que estaba de franco. Un rato antes quisieron asaltar a un policía de la Ciudad que también se resistió a los tiros pero escaparon con vida.

Un sargento de la Gendarmería se enfrentó este viernes a un grupo de delincuentes que quisieron robarle cuando se dirigía a su trabajo. Sucedió en la localidad bonaerense de José C. Paz y como consecuencia dos de los ladrones resultaron muertos, uno de los cuales era menor de edad.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada en la esquina de las calles Fray Butler y Niels Filsen, en las inmediaciones de la estación Sol y Verde del ferrocarril San Martín. Allí, el gendarme identificado como H.O.M. fue asaltado mientras estaba en la parada de colectivos vestido de civil.

Los asaltantes, de 16 y 24 años, amenazaron y le exigieron sus pertenencias a la víctima, que respondió a los tiros. En esa situación, dos de ellos fueron alcanzados por los balazos y cayeron al suelo: uno recibió al menos un disparo en el pecho y murió en el acto, el otro falleció en el hospital horas más tarde.

El resto de la banda huyó y permanece prófugo. La investigación del caso está en manos de la fiscal Alejandra Burges, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°22 de Malvinas Argentinas, y se esperaba la declaración del sargento.

Al iniciar las medidas para reconstruir la secuencia de los hechos, los investigadores descubrieron que los ladrones habían intentado robarle a un policía de la Ciudad un rato antes del ataque al gendarme, a solo unas pocas cuadras de distancia.

El efectivo de la fuerza porteña, quien iba de civil a tomar el tren camino a su puesto de trabajo, también se defendió del robo a los disparos. Una cámara de vigilancia registró ese momento. En las imágenes se ve al agente sacar su arma y abrir fuego.

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Milei le respondió a los «econochantas» que dicen que el dólar está atrasado y explicó su programa económico

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El Presidente publicó en Twitter que Argentina está en medio de un proceso de ordenamiento de precios relativos, donde se destaca por ser costosa en dólares debido a su estructura fiscal y regulatoria.

El presidente Javier Milei compartió una publicación en su cuenta oficial de X donde explicó sobre la discusión acerca de si el precio del dólar oficial se ha atrasado en términos reales después de la última devaluación. Comenzó su posteo con la pregunta «¿Atraso cambiario?».

“Si bien es imposible conocer los parámetros profundos (preferencias, tecnología y dotaciones) para toda la humanidad en el presente y el futuro, por lo que sólo de casualidad un ser humano podría determinar el vector de precios de equilibrio y con ello hablar del desvío, al menos de corto podríamos preguntarnos si un cierto marco de política implica un sendero en dicha dirección”, reflexionó Milei.

A continuación, el presidente enumeró cinco razones por las cuales considera que el tipo de cambio se mantiene en un nivel adecuado respecto a su programa económico:

  • Superávit financiero en el tesoro.
  • Base monetaria constante.
  • Brecha casi nula, con compra de reservas netas.
  • Saneamiento del balance del BC.
  • Levantamiento de restricciones en el mercado cambiario todos los días hasta que un día se termine de salir del cepo.

«Por lo tanto, ¿estamos frente a un caso de apreciación cambiaria o a un caso de reacomodamiento de precios relativos donde Argentina es cara en dólares dada su estructura fiscal y regulatoria?«, concluyó.

Posteriormente, Milei compartió una publicación del economista Federico Furiase, asesor del Ministerio de Economía. “Clave lo que marca el Presidente. La apreciación real es resultado del ancla fiscal, monetaria y el saneamiento del BCRA. El desplome en brecha, riesgo país e inflación reflejan esa consistencia. Sube tasa real bajando tasa nominal y se modera apreciación real con el crawling peg de 2%”, comentó Furiase.

Las declaraciones van en línea con las palabras que dio esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo, en su discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Allí afirmó que la apreciación del tipo de cambio “vino para quedarse” y que no hay que esperar “un cimbronazo” en materia del valor del dólar.

Si se hacen los deberes, el tipo de cambio real se aprecia. Vamos a convivir con un tipo de cambio más apreciado, tenemos equilibrio fiscal y superávit comercial. Si mantenemos eso, esa apreciación vino para quedarse”, señaló Caputo en un evento organizado por la Fundación Mediterránea. “No nos ponemos una meta de tipo de cambio real, no es una medida razonable”, dijo en conversación con Juan Ignacio Abuchdid, del Grupo IEB.

Comparar un año con otro puede ser parecido pero no es una comparación válida. No ignoramos que muchos miran eso. El tipo de cambio real promedio fue $880 a lo largo de los últimos 120 años. Y en momentos de confianza, el tipo de cambio a precios de hoy fue de $560, casi la mitad de hoy. Vamos a convivir con un tipo de cambio más apreciado», mencionó el jefe del Palacio de Hacienda.

«Tenemos equilibrio fiscal y superávit comercial. Esa apreciación vino para quedarse, no esperen el cimbronazo. Para los que todavía esperan un tipo de cambio real caro: no va a pasar eso”, agregó.

Por otro lado, Milei reposteó una publicación de Federico Sturzenegger, asesor presidencial y co-autor de la Ley Bases y el DNU 70/2023. El economista recordó el “Teorema de la imposibilidad de la empresa pública” que dice que “si el Estado tiene una empresa pública, la calidad regulatoria de un sector es inversamente proporcional a la relevancia de la empresa en el sector”.

Quiere decir que si tenés una empresa pública Y en un sector X, la regulación del sector X va a ser peor cuanto más grande sea Y. La imposibilidad reside en que es imposible tener la regulación correcta de un sector si tenés una empresa pública en ese sector”, explicó Sturzenegger.

Hay una extensa literatura de la captura regulatoria. Empresas que captan al regulador para generar regulaciones a su favor. Pero cuando hay una empresa pública el regulado es el regulador. Una situación imposible”, añadió.

El economista sostuvo que los ejemplos “abundan”. “Monopolios innecesarios que persisten para sostener la empresa pública. ¿O sino por qué tuvimos nuestros cielos cerrados 100 años? ¿Por qué tenemos una ley postal que da un monopolio a Correos Argentinos y que incluso le permite al Estado abrir la correspondencia?”, mencionó.

Por qué se llegó al absurdo de la ley 27.007 que transfirió una renta equivalente a un PBI a las empresas petroleras? (Ahí el verdadero costo de la nacionalización de YPF). Por qué se restringía la internet satelital que pronto permitirá una cobertura integral de nuestro país?”, concluyó Sturzenegger.

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Argentina

Milei sigue cumpliendo promesas: Eliminará el 40% de los Registros del Automotor intervenidos por causas de corrupción

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Además, se eliminará la cédula azul, la CETA, las cédulas verdes no tendrán fecha de vencimiento, se digitalizarán todos los trámites, y se fiscalizarán los registros que quedan abiertos.

El gobierno de Javier Milei había prometido la eliminación de los registros automotores, y tras cumplirse el plazo establecido para avanzar con esta medida, se emitió un comunicado anunciando el cumplimiento de esa promesa.

El comunicado, basado en los resultados de la primera etapa de la auditoría realizada en la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y CRÉDITOS PRENDARIOS (DNRPA), y con el propósito de reducir costos y simplificar trámites burocráticos, detalla las siguientes medidas a ejecutar:

Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos.

Se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.

• Se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP.

• Se eliminará la “cédula azul”: a partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil.

• Se eliminará el vencimiento de todas las “cédulas verdes”.

• Los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros.

• Se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos.

Se propondrá a las Provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia.

• Se implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función.

• Se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales.

Se deroga el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos. Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios.

Se digitalizará la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales.

• Se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.

El 21 de diciembre del año pasado, apenas 11 días después de que el gobierno de Milei asumiera el cargo, se firmó un decreto que proponía la transformación del sistema registral de automotores en Argentina.

En su artículo 364, este decreto instaba a que los Registros de la Propiedad Automotor se convirtieran en un Registro Automotor digital de alcance nacional, con un plazo máximo de implementación hasta el 2 de mayo de 2024. Se destacaba que el servicio de inscripción sería remoto, abierto, accesible y estandarizado.

Con el objetivo de simplificar los trámites registrales, el pasado 25 de abril se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 5505/2024, mediante la cual la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) derogó el trámite necesario para obtener el Certificado de Transferencia de Automotores (CETA). Este certificado era requerido al momento de realizar la transferencia de titularidad de automotores y motovehículos usados radicados en el país, para aquellos vehículos que superaran los $4.500.000.

En Argentina, existen 1.554 registros del automotor, con aproximadamente 180.000 transferencias o inscripciones mensuales. Además, alrededor del 40% de estos registros están manejados por interventores. Una de las incógnitas que surgen en el sector es cómo afectará el cierre de los organismos intervenidos.

Según el comunicado del Ministerio de Justicia dirigido por Mariano Cúneo Libarona, «a partir de este momento, se inicia la segunda etapa de la auditoría, que tendrá por objetivo revisar el contrato general de administración de los Registros Automotor, acelerar la digitalización y transformación del proceso, y reducir significativamente los costos de transferencias y/o patentamientos«.

La auditoría se llevó a cabo en 41 registros que ya estaban intervenidos. Esta lista incluye 42 registros de la provincia de Buenos Aires, 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de Córdoba, 10 de Entre Ríos, 6 de Chaco, entre otros.

Desde el Gobierno, se señaló que este control tenía como propósito descubrir gastos con sobreprecios, revisar las adjudicaciones sin concurso y examinar la escasa rendición de cuentas de los fondos que se recaudan, ya que muchas designaciones como titulares de los Registros se realizaron por favores políticos, especialmente en las últimas décadas, y por ello se busca transparentar los procesos.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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