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La lujosa y ostentosa mansión desde donde opera el Instituto Casa Patria Grande en honor a Néstor Kirchner

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En un decreto que pasó inadvertido, Alberto Fernández le devolvió la lujosa residencia porteña a los militantes kirchneristas de la Casa Patria Grande, además de darles sueldos estatales y una estructura renovada.

En marzo del 2021 pasó prácticamente inadvertido el decreto presidencial 226/2021 de Alberto Fernández en el que aprobó darle estructura organizativa a la Casa Patria Grande dentro del Estado argentino.

Esto no se se trata de algo nuevo, pues ya el instituto “Casa Patria Presidente Néstor Carlos Kirchner” había sido creado por el decreto 195/2011 hace diez años durante el mandato de la entonces presidente Cristina Fernández bajo la excusa de dar operatividad a la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, el armado político internacional de la agenda izquierdista entre los entonces líderes de Sudamérica.

El objetivo, tal como reza en el decreto, es la “promoción de la integración de los pueblos latinoamericanos en términos culturales, políticos, económicos y sociales, y constituir un espacio especial para la juventud” (sic).  

En 2015, Macri, con la tibieza que caracterizó a su gobierno, no disolvió este organismo de militancia política, si no que lo transfirió del ámbito de la Secretaría General de la Presidencia al Ministerio de Cultura, con el decreto 255/2015, y se lo trató de reformar, incluso rebautizándola como “Casa Creativa del Sur”.

Sin embargo, en los primeros días de la pandemia y cuando los medios estaban hablando del virus chino, bajo el decreto 335/2020Alberto Fernández volvió a transferir su estructura a la Secretaría General, y devolverle su nombre original.

Pero con el último decreto que se firmó este 31 de marzo, el gobierno kirchnerista dio un paso más y convirtió a la Casa Patria Grande en un organismo autónomo, con su propia estructura organizativa y un presupuesto propio para operar, financiado por la Secretaría General, o sea, por los contribuyentes argentinos.

En ese sentido, se creó la posición de Secretario General y tres coordinaciones, una de Formación y Capacitación para la Integración Regional, otra de Articulación para la Promoción de la Integración Regional y la última de Comunicación y Divulgación para la Promoción de la Integración Regional. Así figuran sus nombres en los anexos del decreto del PEN (ver Boletín Oficial)

El instituto quedó a cargo del ultra-kirchnerista Matías Capeluto, de 34 años de edad. La estructura además cuenta con más funcionarios, cadetes, contratistas, etc, y opera desde una de las más lujosas casas del centro porteño: la residencia Bercetche Atheguy.

Un poco de historia

El edificio donde se aloja la Casa Patria Grande es la mansión de la residencia Bercetche Atheguy y se encuentra en Pellegrini 1289 y su cruce con Juncal, en pleno barrio porteño de Retiro en diagonal a las Embajadas de Francia y Brasil y el famoso hotel exclusivo Four Seasons (ex Hyatt). 

La zona se caracteriza por albergar varias de las más distinguidas mansiones y palacios que se levantaron a finales del siglo XIX y comienzos del XX durante la mayor expansión económica de Argentina. 

La residencia fue planificada por el arquitecto Juan Antonio Buschiazzo, autor de varios edificios célebres en la ciudad de Buenos Aires. 

En 1942 fue adquirido por el Estado Argentino y, desde 1958 hasta 2011 fue utilizado como parte del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, hasta que Cristina lo tomó para su propia militancia.

Cuando Macri hizo cambios en la Casa Patria Grande, el establecimiento pasó a ser la sede de la Subsecretaría de Economía Creativa, bajo la supervisión del Ministerio de Cultura. Pero con este decreto, Alberto Fernández le devolvió a la militancia ultra-kirchnerista su lujosa mansión tomada.

Fuente: OPI Santa Cruz.
Interior de la residencia. Fuente: Ignacio Sánchez, La Nación.
En su interior, el edificio se caracteriza por su lujo. Fuente: Ignacio Sánchez, La Nación.

Ya sin pertenencia a la UNASUR, ya que el gobierno de Macri retiró al país de la misma, el Instituto Casa Patria Grande pasó a ser un organismo estatal de promoción de políticas para la integración regional latinoamericana.

Esto, desde ya, levanta una serie de preguntas: por un lado, por qué tiene que haber un instituto de promoción regional cuando ya hay una Cancillería (oficialmente Ministerio de Relaciones Exteriores) que se ocupa de los canales de diálogo e incentivo de políticas públicas referidos a su misión de enlazar con los países vecinos y de resto del mundo. 

Por otro lado, una cuestión operativa que es cuánto presupuesto tiene asignado la Casa Patria Grande: el decreto 226 habla de la organización burocrática y dice "que se asignen los fondos necesarios para su operatividad", pero no especifica en ningún momento cuánto y con qué objetivos por lo que genera sospechas sobre la discrecionalidad de los mismos

Y, por último, también generó dudas en el arco opositor sobre la función política del instituto: mediante pedido de informes a Jefatura de Gabinete de la Nación, el diputado radical Álvaro de Lamadrid solicitó saber si los funcionarios están formados en el área y si son militantes de La Cámpora. 

La iniciativa contó con el apoyo de Gonzalo del CerroGerardo CipolliniLidia AscarateMónica FradeAlicia TeradaHéctor StefaniPablo TorelloJorge Enríquez Alberto Asseff

El gobierno está claramente financiando bajo el Convenio Colectivo de Trabajo del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) un instituto de carácter ideológico para marcar agenda sin otro destino que favorecer a militantes amigos y promover aún más la grieta. 

Todo en medio de la falta de vacunas que el propio gobierno no quiso comprar por ahorrarse dólares, en palabras del propio jefe de Gabinete Santiago Cafiero. Hay presupuesto para la militancia pero no lo hay para las vacunas.


Por Martín Yapur, para La Derecha Diario.

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Llegó la hora de apretar el puño contra la delincuencia: Motochorros dejaron paralítico a un Policía Federal y mataron a su novia

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Un oficial de la Federal recibió un tiro en la espalda y no volverá a caminar. Su pareja, una mujer de 27 años, murió en el acto al recibir un disparo en la cabeza durante un asalto para sacarles la moto en Acceso Oeste.

Un episodio brutal se desarrolló este fin de semana en Acceso Oeste, cuando dos motochorros intentaron robar la moto en la que circulaba un oficial de la Policía Federal y su pareja. Ambos fueron baleados por los delincuentes.

El agente Lucas Buena, se encuentra internado en estado grave y no podrá volver a caminar. Por su parte, la novia del agente, Noelia Velázquez, profesora de educación física, recibió un tiro en la cabeza y murió en el acto.

El asalto ocurrió el domingo a la tarde cuando Lucas y Noelia viajaban en una Honda Tornado blanca y negra y dos ladrones en una moto del mismo modelo, sin patente, se les cruzaron e intentaron robarle el vehículo.

Los asaltantes amenazaron con un arma al policía, que paró y se bajó de la moto junto a su novia. En ese momento, Buena, que es subinspector de la Federal y custodio de Casa de Gobierno, se identificó como policía y los delincuentes le abrieron fuego.

La mujer murió tras recibir un disparo en la cabeza, mientras que Buena fue baleado en la espalda, a la altura de uno de sus omóplatos. Lo trasladaron en helicóptero al Hospital Churruca de la Policía Federal, en la Ciudad de Buenos Aires, donde lo operaron. Durante los primeros auxilios que recibió en la autopista, le dijo a los médicos que no sentía las piernas, según contó una testigo en un video que subió a TikTok.

Por parte de los delincuentes, al menos uno de ellos resultó herido de bala en una pierna y se cayó de la moto en la que habían ido a cometer el asalto. Por ese motivo quedó detenido un sospechoso que fue a atenderse a la Unidad de Pronta Atención (UPA) N° 15, de José C. Paz, acompañado por su mamá.

Tenía un disparo y raspones. Dijo que había sido víctima de un robo, pero a los investigadores no les cerró su versión y descubrieron que había sido responsable del tiroteo contra el agente de la Federal.

El detenido fue identificado por la Policía como Pedro Santiago Verón, de 20 años. Es de Cuartel V, partido de Moreno y ya tiene antecedentes penales. Según los investigadores, la moto que usaron para robar sería de una hermana de Verón. La Policía también habría identificado al otro motochorro, que está prófugo.

Por su parte, Lucas Buena, quien tiene 30 años, nació en febrero de 1994, y según su perfil de Facebook vive en Ramos Mejía. Es subinspector de la PFA y estaba asignado a la custodia de Casa de Gobierno. Antes había trabajado en el rubro del transporte automotor.

Es un fierrero de ley: le gustan los autos y las motos y casi todos los posteos en redes muestran su devoción por ellos. En especial por la marca Honda.

Su novia, Noelia Velázquez Torres, tenía 27 años y era vecina de Ciudadela, partido de Tres de Febrero, aunque había vivido en Merlo años antes. Hace pocos meses se había recibido como profesora de educación física, y trabajaba en algunos institutos de la Ciudad.

El caso está a cargo de la UFI N° 9 de Moreno y General Rodríguez, a cargo de la fiscal Alejandra Rodríguez, que esperaba que le den el alta al sospechoso para tomarle declaración.

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Procesaron por corrupción al rector de la Universidad de Chaco, vinculado a Capitanich, por desvío de fondos

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Se trata de Germán Oestmann, vinculado al dirigente kirchnerista Jorge Capitanich, y enfrenta cargos por su participación en una organización ilícita que desviaba fondos públicos. El caso involucra a otras 17 personas.

Germán Oestmann, rector de la Universidad Nacional de Chaco Austral (UNCAUS) y cercano al ex gobernador kirchnerista Jorge Capitanich, fue procesado recientemente por corrupción y fraude a la Administración Pública. Este procesamiento se enmarca en una investigación sobre el desvío de fondos estatales destinados a la institución que él dirige.

El juez federal Aldo Alurralde ha dictaminado el procesamiento de Oestmann, acusándolo de formar parte de una asociación ilícita dedicada a transferir los recursos recibidos del Gobierno hacia fundaciones y empresas dirigidas por sus familiares y allegados.

La investigación reveló una compleja red de triangulación de fondos a través de transferencias entre diversas organizaciones, incluyendo algunas dirigidas por los numerosos implicados, que facturaban servicios entre sí.

Según se explica en la resolución judicial, muchas de estas transacciones carecían de respaldo administrativo adecuado o eran deficientes, y los balances de las fundaciones estaban siendo auditados por contadores de otras entidades dentro de la misma red, lo que generaba un control mutuo entre ellas.

Además del rector Germán Oestmann, otros 17 empresarios, directivos y empleados de la universidad han sido procesados por su participación en esta red, donde también se llevaban a cabo otras actividades delictivas como el lavado de dinero.

El juez Aldo Alurralde también imputó a Germán Oestmann y a sus cómplices por los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionarios públicos.

Como resultado, la resolución emitida por Alurralde impone un embargo de 100 millones de pesos a cada uno de los procesados. Además, se les prohíbe salir del país y se les exige presentarse ante el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña el primer día hábil de cada mes como muestra de estar cumpliendo con sus obligaciones legales.

La investigación

El proceso judicial se originó a partir de una investigación que resultó en la condena de varios individuos, incluyendo al ex rector Omar Vicente Judis y su hijo, Enzo Judis, quien ya falleció. Durante esta investigación, el fiscal señaló la relación personal entre los Judis y Germán Oestmann, resaltando el papel de Oestmann como abogado de la familia y el rol de Omar Judis como secretario de Actas del Consejo Superior Universitario.

En el comunicado de procesamiento emitido este miércoles contra el último rector de la universidad, se puso énfasis en una nueva etapa de la institución, haciendo hincapié en la "diversificación" de la actividad ilícita.

Según lo determinado por los investigadores, en los últimos años surgieron más fundaciones y se empezaron a cometer otros delitos, como el lavado de activos. También se mencionó la aparición de nuevos actores que se suman a los "sucesores" de Judis y a las fundaciones UNCAUS y Educación para Todos.

Basándose en las pruebas recopiladas, el organismo judicial señaló que el fiscal no tiene dudas de que los investigados actuaron ilegalmente bajo el paraguas de la UNCAUS a través de ambas fundaciones que continuaron funcionando, así como también a través de las nuevas, identificadas como "Sin Dolor" y "Recursos Naturales".

Es por este motivo que el presidente Milei busca impulsar la auditoria de la Universidad de Buenos Aires, mediante la cual se va a poder identificar posibles irregularidades y actos de corrupción. Además, de esa manera se asegura que los recursos públicos se utilicen de manera efectiva para el beneficio de la educación y de los estudiantes, y no terminen en los bolsillos de algún político o autoridad corrupta.



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Los empresarios argentinos se comprometen a contratar 1 millón de personas si el Congreso aprueba la Ley Bases

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Los emprendedores y empresarios han expresado su compromiso de contratar al menos un nuevo empleado en los próximos cuatro años, siempre y cuando se apruebe la reforma laboral.

La Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) prometieron, en lo que llamaron el "Compromiso de Mayo", que contratarán 1 millón de empleados nuevos si el Congreso aprueba la Ley Bases de Javier Milei, debido a las condiciones favorables que generaría la reforma laboral allí incluida.

La campaña "1 millón por 1 millón", encabezada por respaldada por más de 20 organizaciones del ámbito laboral y productivo, tiene como objetivo reunir a emprendedores, pymes, productores, monotributistas y empresas de todo el país para promover la generación de empleo formal.

Para alcanzar esta meta, los empresarios y emprendedores detrás de la iniciativa se comprometen a contratar nuevos empleados en los próximos cuatro años, con la aspiración de crear un millón de nuevos puestos de trabajo entre todos los que se unan a la iniciativa.

Su premisa se basa en "contar con reglas claras y estables fundamentadas en acuerdos sociales y políticos sólidos que impulsen la creación de más empresas como vía para fortalecer la economía y abordar los desafíos sociales que enfrenta Argentina", explicaron durante la presentación del proyecto.

Los impulsores de esta iniciativa resaltaron que la reforma laboral propuesta incluye medidas concretas para estimular la generación de empleo, como la formalización de trabajos informales, la conversión de planes sociales en empleos formales, la eliminación de la litigiosidad laboral y diversas multas, así como la introducción de límites a las indemnizaciones.

Asimismo, expresaron su apoyo a la reducción de la burocracia en la creación y gestión de empresas, la simplificación y disminución de la carga impositiva para las compañías y la reactivación de la ley de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).

"Evaluamos la difícil coyuntura que atraviesa nuestro país, pero mantenemos la esperanza de que se nos presenta la oportunidad de un cambio positivo profundo. Cada uno de nosotros puede contribuir desde su lugar. En nuestro caso, perseveramos, avanzamos y creamos oportunidades en cada rincón de Argentina. Las empresas son una parte integral de la solución a los problemas actuales del país, y es por eso que nos comprometemos", afirmó Ezequiel Calcarami, fundador de la Asociación de Emprendedores de Argentina y del Grupo Simpli.

Esteban Wolf, propietario de Chocorisimo, una fábrica de helados argentina con presencia en varios países de América Latina, enfatizó la importancia de la acción frente a la pasividad: "La diferencia radica en aquellos que hacen que las cosas sucedan y aquellos que permiten que las cosas sucedan".

Asimismo, añadió: "Es el momento de actuar y comprometerse. Instamos a los emprendedores y a las pymes a que se sumen a esta iniciativa, y a los políticos a que acuerden políticas que fortalezcan a las empresas en todo el territorio nacional".

La presentación oficial de la iniciativa tuvo lugar el viernes pasado en la Cámara de Diputados, con la participación de empresarios y emprendedores. La lista de asistentes incluyó a Gonzalo Blousson (Signatura.co), Connie Ansaldi (CUX Ai), Matías Tucci (Prenut), Gabriel Marcolongo (Incluyeme.com), Milagros Gutiérrez (Koi Ventures), Andrea Rochaix (Nutrición 24 Hs), Patricio Gigli (Marea Venture Partners), German Giménez (Napsix), Carlos Marín Rodríguez (Marín Pérez Abogados), Omar Vázquez (Pelikanus), Leonardo Valente (Livepanel) y Jonatan Loidi (Grupo Set Latam).

Marcos Galperin, el fundador de Mercado Libre, expresó su apoyo a la propuesta a través de las redes sociales. En un post en X, comentó: "Muy buena iniciativa".

A su vez, el fundador y CEO de Globant, Martín Migoya, también salió a brindar su apoyo a la iniciativa en X: "Si sos emprendedor, empresario, si tenes una gran compañía, o sos pyme, si sos productor agropecuario, o autónomo, sumate a la iniciativa de ASEA".

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