Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a "la movilización social” y a "las muestras de solidaridad y de empatía", las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática" que confunde la "libertad de expresión con libertad de difamación".

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez "quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: "Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites".

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo".

"La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra", agregaron. 

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. 

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

Acorralado por denuncias de corrupción contra su mujer y en medio de una crisis política con una alianza de gobierno con partidos separatistas que se cae a pedazos, el mandatario socialista asegura que piensa en renunciar.

El presidente socialista Pedro Sánchez hizo una jugada que puso en jaque a la política española. Luego de haber convalidado su mandato en las últimas elecciones, aunque con una alianza muy polémica con los partidos separatistas, nadie pensaba que el mandatario estaría a un paso de renunciar unos meses después.

A través de una “Carta a la ciudadanía”, esta semana Sánchez denunció que su mujer y él están siendo "acosado" por la "ultraderecha" y que por eso, cerraría su agenda y se tomaría cinco días de franco para pensar si renunciaría o no a la presidencia.

Si bien la elección de esta forma de comunicación ya era algo sin precedentes para un presidente del país, no menos insólito resultaba el contenido de la misiva. En la misma, Sánchez denuncia una supuesta “operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire”, perpetrada por “una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas que no toleran la realidad de España”, cuya culminación ha sido la apertura de una investigación judicial contra su mujer, Begoña Gómez, “para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios”. 

Delitos que Sánchez niega en rotundo calificándolos de “falsedades” e “informaciones espurias”. Ante esta situación, declara estar “profundamente enamorado de mi mujer” y se pregunta: “¿merece la pena todo esto?”.

A continuación sentencia: “Necesito parar y reflexionar (…) si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor. (…) El próximo lunes, 29 de abril, compareceré ante los medios de comunicación y daré a conocer mi decisión”. Este lunes, tan solo en unas horas, se espera una definición del mandatario socialista.

¿De qué se acusa a la mujer de Sánchez?

El acoso que Sánchez acusa contra su mujer, no es un tema menor, ya que se trata de uno de los escándalos de corrupción más grandes de los últimos tiempos. La organización “Manos Limpias” ha registrado la denuncia a Begoña Gómez acusando a la mujer del presidente de dos supuestos delitos: tráfico de influencias y corrupción privada.

Tal y como relata la denuncia, al mismo tiempo que el holding turístico Globalia se comprometió a pagar 40.000 euros al año a la institución África Center, de la cual Begoña era directora, así como 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para ella y su equipo, el Consejo de Ministros presidido por su marido aprobó el desembolso de 475 millones de euros para rescatar a Air Europa, una aerolínea propiedad de la corporación.

En la denuncia se explica que estos compromisos de pagos quedaron saldados luego de una reunión entre Javier Hidalgo, el CEO de Globalia, y la propia Begoña Gómez, en su calidad de Primera Dama.

La persona que hizo de enlace entre Hidalgo y Gómez fue el empresario Carlos Barrabés, quien poco tiempo antes había creado el “Máster de Transformación Social Competitiva”, cuya dirección de cátedra fue otorgada precisamente a la señora Gómez, a pesar de no ser ni siquiera licenciada ni poseer titulación homologada al respecto.

Siguiendo el hilo de casualidades, en julio de 2020, en plena pandemia, el organismo UTE, propiedad de Barrabés, obtuvo una millonaria concesión de una entidad del Estado pese a que su oferta en el concurso público lanzado por la entidad no era la más económica.

Concretamente, el organismo UTE “ganó” el concurso por apenas unas centésimas por encima del siguiente competidor, gracias a una calificación de 10 obtenida en el apartado “Valoración subjetiva” del concurso, apartado que suponía el 40% de la nota y cuya defensa se basó precisamente en una carta de recomendación escrita por la mujer del presidente español, Begoña Gómez.

Reacciones a la carta de Sánchez

Desde la oposición, el partido VOX considera esta carta como un mero acto de “victimización” e invitaron a Sánchez a dimitir. Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha acusado a Sánchez de ofrecer “dosis de narcisismo impropias de una persona madura”, pero no comentó sobre si le gustaría que renuncie o no.

Mientras tanto, la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz de Ayuso, cargó contra la carta “infame” de Sánchez acusándole de escaquearse para buscar “impunidad”. Irónicamente, en los últimos meses tanto Sánchez como la vicepresidente Irene Montero han acusado varias veces de corrupción  públicamente y en el Congreso de los Diputados tanto a la mujer de Feijoo como al hermano de Ayuso, acusaciones que poco después han sido totalmente desmontadas por las investigaciones.

Paralelamente, la prensa internacional se ha hecho eco de la carta de Sánchez de manera tan rotunda como unánime en su interpretación. Desde el New York Times a The Guardian, pasando por Financial Times a Corriere dellla Sera, todos coinciden en poner el foco en la investigación por corrupción a su mujer como detonante de su posible dimisión.

Nuevamente se observaron de primera mano los resultados desastrosos de la regulación de los alquileres, esta vez en la experiencia catalana. El valor real de los alquileres se incrementó casi un 5% desde la vigencia de las normativas regulatorias.

El gobierno socialista-independentista de Cataluña lanzó un masivo programa estatal para tratar de controlar arbitrariamente el precio de los alquileres en la región. Así como en Argentina, el gobierno comunitario lanzó una Ley de Alquileres que dispuso la regulación total de los contratos entre inquilinos y propietarios.

Nuevamente como en Argentina, las regulaciones no cumplieron su cometido y no ofrecieron ningún tipo de alivio a los ciudadanos para acceder a una vivienda más asequible, más bien ocurrió lo contrario.

El primer experimento regulatorio de Cataluña se lanzó en septiembre de 2020, en plena pandemia, con la llamada “Ley Autonómica de Alquileres”. Dicha legislación se mantuvo casi sin cambios hasta abril de 2022. Durante este período, la oferta de viviendas cayó un 35,5%, y el valor real de los alquileres más baratos y accesibles se disparó un 12,7%, el doble que la inflación para esa misma etapa. Los datos fueron computados por un estudio del Centro de Política Económica de España (ESEADE) en base a los dos años de evidencia empírica de la regulación.

El presidente de Cataluña, Quim Torra, salió expulsado del gobierno en 2021, y tomó el control Pere Aragonès, quien a pesar de ser más moderado en cuestiones económicas, demostró no haber aprendido absolutamente nada del fracaso regulando los alquileres, y volvió a lanzar una nueva ofensiva de controles a partir de marzo de este año.

Se dictó un estricto control sobre 140 municipios en toda Cataluña, y más tarde la cantidad de localidades alcanzadas se extendió a un total de 241, abarcando territorios que representan hasta el 90% de la población catalana.

Los primeros resultados de la nueva normativa regulatoria son tan deplorables como los que cosechó la primera ley de alquileres de 2020. La oferta de viviendas respondió rápidamente con una reducción del 13% según estimaciones de la compañía inmobiliaria Idealista.

“Es innegable que el origen del problema del alquiler en España está en la poquísima oferta disponible, por lo que se hace imprescindible un cambio de rumbo que reequilibre las relaciones entre inquilinos y propietarios, que asuma que los propietarios no son el problema sino la solución al aumento de la oferta y el ajuste de los precios”, confirmó la firma inmobiliaria.

En la Ciudad de Girona la caída de la cantidad de viviendas disponibles para un alquiler cayó un 21%, en Tarragona la reducción fue del 16%, y en Barcelona se desplomó no menos de un 14%.

Sin excepción, todas las localidades afectadas por las regulaciones experimentaron fuertes caídas en la oferta disponible de inmuebles, tal y como anticiparon la mayoría de los agentes del mercado inmobiliario, y del mismo modo en que ocurrió durante el periodo 2020-2022. El Gobierno cometió dos veces el mismo error estrafalario, por motivo de un cinismo ideológico.

Dada una demanda relativamente estable (como la que de hecho se observa), la fuerte caída de la oferta de inmuebles empujó los precios hacia arriba en términos reales. Los alquileres aumentaron un 4,6% por encima de la inflación en Barcelona desde el pasado mes de marzo, siendo esta una de las regiones más afectadas por la aplicación efectiva de los controles.

El aumento real promedio de los alquileres en toda Cataluña fue del 4% en solo un mes, y el panorama luce sombrío conforme el Gobierno se niegue a torcer el rumbo económico para permitir una mayor libertad de negociación entre las partes.