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Economía

Estado insostenible: 5 de cada 10 monotributistas trabajan para el Estado

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La cantidad de empleados públicos ascendería a los 4,3 millones de personas si se incluyen a los monitributistas asociados con el Estado. Desde 2007 el empleo público se disparó un 37% y sigue creciendo año tras año.

La cuestión del empleo siempre está en discusión en Argentina. En el año 2000, la tasa de desempleo tocó el 15% y fue elevándose hasta tocar su pico de 22% en el año 2003. Con la estabilización de la economía dado el fuerte ajuste del Gobierno de Duhalde y las buenas condiciones internacionales en el primer gobierno del matrimonio Kirchner, el desempleo fue disminuyendo al 9% en el año 2007 y se mantuvo alrededor de ese valor hasta el año 2019. 

Con las cuarentenas instauradas por el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales como el fuerte aislamiento impuesto por el gobierno de CABA de Rodríguez Larreta, el desempleo terminó 2020 en 11%. Al cierre del 2021, con la recuperación del empleo asalariado y la suba del empleo público, el desempleo se ubicó en 7%.

Por otro lado, el empleo público es otro factor clave a analizar. En Argentina, el Estado ha funcionado como una agencia de empleo. Durante los últimos 22 años, ninguna administración ha realizado significativas reducciones del empleo público y, de hecho, existen 13 provincias donde el empleo público supera al empleo privado.

Si analizamos el empleo entre las últimas cuatro presidencias de Argentina, es decir, durante el período 2007-2021, nos vamos a encontrar con que:

  • El rubro “Asalariados del Sector privado” en 2021 totaliza en poco más de 6 millones de trabajadores (recupera en 2021 todo lo perdido durante la pandemia) y termina con un saldo positivo de 9,7% contra el año 2007. Un incremento de 541 mil asalariados.
  • El rubro “Autónomos” evidencia un fuerte incremento en el total de autónomos, del orden del 70% entre 2007 y 2021, totalizando poco más de 733 mil personas. Entre 2019 y 2021 el total se redujo en más de 321 mil personas.
  • El rubro “Monotributistas” en 2021, totalizó 2,01 millones de personas, casi duplicándose respecto del 2007.
  • El rubro “Asalariados del Sector Públicos” registrados, entre 2007 y 2021, se incrementó en 37%, totalizando 3,1 millones de personas.

Se remarca la categoría de “registrados”, dado que de acuerdo con proyecciones de CIPPEC (2015) “al menos un 30% de los trabajadores estatales prestan servicios a través de modalidades de contratación de obra y servicios contemplados en los decretos 1318/11 y Nº1421/02, como así también mediante los convenios de cooperación a través de las Universidades”. Los trabajadores contratados bajo la modalidad monotributo, no son contabilizados oficialmente bajo la calificación de “asalariados del sector público”

Si se toma como cierta esta estimación se llega a la conclusión de que hay que separar a los monotributistas públicos de los privados. Esto es así dado que, tomando la cantidad de empleos públicos registrados y la cantidad de monotributistas, podemos observar que 5 de cada 10 monotributistas trabajaron para el Estado en el año 2021.

Entonces, es pertinente hacer una correcta división entre el Agregado del Sector público, incluyendo a los Asalariados del Sector Público y los monotributistas Públicos; y el Agregado del Sector Privado. Así las cosas, con los números presentados previamente encontramos que, en 2021, el total de trabajadores del Sector Privado era de 7,76 millones, un incremento del 25% en 15 años (+1,5 millones de personas). Respecto al Sector Público, para 2021, el total de personas empleadas es de 4,3 millones, creciendo 37,1% desde 2007.

Si analizamos por gobierno, encontramos que, durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011), empleo privado se expandió en más de 855 mil trabajadores (+14%) y el público en 857 mil personas (+15,2%); y durante su segundo mandato (2011-2015) el crecimiento fue menos pronunciado, sumando 326 mil trabajadores privados (+5%) y 374 mil empleados públicos (10,3%). 

El mandato de Mauricio Macri, tuvo sus altas y bajas con el empleo privado, incorporando finalmente 625 mil trabajadores (+8%) y 158 mil trabajadores del sector público (+4%) Por último, analizando los primeros dos años del mandato de Alberto Fernández, se observa que el empleo privado se redujo en más de 245 mil trabajadores (-3%), golpeado por la fuerte caída en el rubro Autónomos que estudiamos previamente mientras que la cantidad de empleados públicos se incrementó en 158 mil personas (+3,8%).

Queda claro que la realidad del sector privado está muy lejos de la del sector público. Se observa que el empleo público, como un todo, no debió enfrentar los vaivenes de las crisis económicas. Tomemos el ejemplo de los asalariados del sector privado. Sólo crecieron poco más de 9% en 15 años y en 5 de esos años experimentaron bajas. 

Durante la pandemia se perdieron casi 200 mil empleados y, si bien es cierto que en 2021 se recuperó esa cifra con creces, el empleo público jamás cayó, sino que siguió aumentando. Con los autónomos ocurre una situación similar, aunque sin recuperación post pandemia. Si examinamos a los monotributistas, podemos observar que también existe una relación de desigualdad entre sector público y privado. No se le exige lo mismo a uno y a otro

Si a un privado se le ocurriera contratar a un trabajador bajo la modalidad de monotributo, el Estado seguramente diría que estamos frente a una precarización laboral, ya que estos trabajadores son empleados estatales, en cualquiera de sus tres niveles, pero figuran como “proveedores” en muchos casos y facturan como monotributistas.

La precarización en la que incurre el Estado no es inocente, se utiliza para ocultar a la ciudadanía el verdadero peso del empleo público que carga sobre sus hombros. Con el perverso cuento del Estado presente están absorbiendo cada vez más recursos del sector privado, que languidece.

Dado los números evidenciados aquí, podemos ver que, por cada trabajador del sector público hay menos de 2 trabajadores del sector privado. Esa relación para Estados Unidos, por ejemplo, es de más 1 trabajador del sector público por cada 5 del sector privado; en Brasil, de 1 a 11; y en España, de 1 empleado público por cada 7 trabajadores privados.

El alivio del peso del empleo público en los trabajadores privados se debe encarar de dos maneras. En primer lugar, a través de una reforma del Estado para reducir el empleo público, reduciendo la excesiva cantidad de áreas en las que el sector público quiere participar y es ineficiente. 

Se podría iniciar un plan de retiro obligatorio con la indemnización que asigna la ley laboral vigente. En paralelo, mediante una reforma laboral que baje drásticamente los costos en los que incurre un empleador a la hora de contratar y reduzca el riesgo de litigios, para así lograr ampliar la base de trabajadores del sector privado en blanco, reduciendo a su vez el empleo en negro. 

El INDEC estima que casi 5 millones de personas forman parte del empleo no registrado, cifra que subió más del 10% desde el primer trimestre del 2017, fundamentalmente por los altos costos laborales y la inestabilidad económica.

El sector privado es el motor de crecimiento del país y el sector público un mero proveedor de servicios que los privados no pueden ofrecer. Es vital avanzar con reformas de estas características, así como entender que el sector público está al servicio del sector privado y no al revés.


Jeremías Morlandi – Director de Políticas Públicas del CEEAXXI – para La Derecha Diario

Economía

El mes de mayo arrancó con deflación en los precios de los alimentos y se derrumba la inflación de Massa

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Todas las mediciones privadas de alta frecuencia relevan deflación de precios sobre una amplia canasta de alimentos de consumo masivo. Las rebajas también se vieron reflejadas por descuentos, cada vez más frecuentes en las góndolas. El Gobierno erradicó el déficit fiscal y paralizó la expansión monetaria.

Los resultados de la consolidación fiscal y monetaria que está llevando a cabo el Gobierno están a la vista. Las consultoras privadas estiman deflación de precios en los principales productos de consumo masivo, de acuerdo a las mediciones para las últimas semanas de abril y los primeros días de mayo.

La medición de la consultora LCG registró una caída del 1% sobre el umbral de alimentos y bebidas relevados en supermercados al término de los últimos 7 días del mes pasado, y todo indica que se habría registrado el mismo efecto para la primera semana de este mes.

La tasa de inflación mensual para esta canasta de productos cayó a solamente el 1,4% con respecto al nivel de precios de la primera semana de abril, mientras que la variación promedio de 5 semanas retrocedió al 2,9% al cierre del mes pasado. Se produjo una drástica caída con respecto al salto inflacionario de diciembre, cuando los precios llegaron a aumentar a razón del 1% todos los días.

Incluso la tasa de inflación interanual para la canasta de precios de LCG comenzó a retroceder a partir del mes de marzo. Alcanzó un pico cercano al 280% a mediados de ese mes, para descender al 240% hacia la última semana de abril. Los registros mensuales aún no capturan esta rebaja por el efecto de arrastre estadístico de los meses pasados.

Del mismo modo, los relevamientos de Focus Market sugieren una serie de fuertes caídas en productos esenciales para el consumo a lo largo de abril: 

  • Detergente para ropa: -10.5%
  • Cremas dentales: -7.5%
  • Enlatados de pescado: -6.3%
  • Toallas femeninas: -6.2%
  • Azúcar -5.6%
  • Flanes: -4.7%
  • Café: -4.3%
  • Aceite: -4.3%
  • Desinfectantes: -4.2%
  • Papel higiénico:-3,8%

El programa económico ejecutado por el Ministro Luis Caputo desde el Gobierno nacional y Santiago Bausili desde el Banco Central está cosechando un éxito contundente. El déficit fiscal fue completamente erradicado durante el primer trimestre de 2023 (algo que no sucedía desde 2008), llegando incluso a una diferencia positiva entre los ingresos y los gastos incluyendo el pago de intereses.

Asimismo, los factores de expansión de la base monetaria lograron compensarse exitosamente con los factores de absorción (Pases y Bopreal), y en consecuencia el crecimiento de la cantidad de dinero circulando en la economía disminuyó fuertemente desde el 10 de diciembre del año pasado.

La base monetaria total se expandió un 41% desde diciembre del año pasado, la cantidad de pesos en poder del público creció un 37%, y los billetes y monedas en entidades financieras lo hizo en un 2%. En el mismo período, los precios acumularon una suba de por lo menos el 60%, con lo cual se produjo una notoria caída de la cantidad de dinero en términos reales. Asimismo, una gran parte de la expansión nominal de la base monetaria se contrarrestó con el superávit del Tesoro y las sucesivas licitaciones de pesos llevadas a cabo.

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Economía

El Banco Central rebajó la tasa de política monetaria de los Pases del 60% al 50% y se espera un colapso de la inflación

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La carga de intereses a cuenta de los pasivos remunerados es cada vez menor, después de la quinta reducción de tasas en lo que va de la presidencia de Javier Milei. La autoridad monetaria también tomó la decisión de incrementar nuevamente el encaje legal aplicado sobre las billeteras virtuales.

El Banco Central al frente del Presidente Santiago Bausili determinó una nueva reducción de la tasa de política monetaria de referencia, aquella a cuenta de los Pases, pasando del 60% al 50% nominal anual a partir del 2 de mayo. De esta forma, la tasa efectiva anual fue establecida en el 64,82% según informó el propio BCRA.

En otras palabras, los pasivos remunerados que emite el Banco Central pasan a abonar una tasa nominal equivalente al 4,2% por mes, a cuenta de los Pases que se renuevan cada día. 

La decisión oficial responde a la drástica caída de las expectativas de inflación para los próximos meses, un hecho que se refleja claramente en el informe de expectativas REM que elabora la autoridad monetaria. Las principales consultoras privadas del país también dan cuenta de esta situación, y proyectan un claro escenario de desinflación para 2024.

Las mediciones inflacionarias de alta frecuencia están reflejando el colapso de la variación de los precios minoristas en alimentos y bebidas. Para la consultora LCG, la variación semanal en este rubro fue negativa por más de 1 punto porcentual al término de la quinta semana de abril. 

Los sondeos de Alphacast también prevén una ligera caída de precios hacia la segunda mitad del mes pasado, considerando al rubro de los alimentos. En la misma dirección, el economista Alberto Cavallo (el hijo del exministro de Economía) anticipó mediante un índice diario de precios que la inflación ya está viajando al 5% mensual, descontando el efecto de las tarifas de los servicios públicos.

Entran en juego dos lógicas principales detrás de la rebaja de tasas. En primer lugar, la caída de la inflación efectiva y de la inflación esperada permiten una tasa de interés más baja, ya que de este modo se evita generar rendimientos excesivos medidos en dólares. Pero por otro lado, y más importante aún, la caída de la tasa de interés (en un contexto de cepo cambiario) permite sanear el balance del Banco Central y reducir la expansión monetaria a cuenta de los pasivos remunerados.

La carga de la deuda remunerada en pesos del BCRA es cada vez menor en relación al PBI, y lo mismo ocurre con el pago de sus respectivos intereses. Y desde el Gobierno nacional, el superávit fiscal concretado durante los primeros 3 meses del año permite anular cualquier tipo de financiación monetaria para el fisco.

El Banco Central de Bausili también tomó la decisión de elevar la tasa de encaje aplicado para billeteras virtuales del 10% al 15%, y de esta manera es altamente probable que disminuyan los rendimientos de alternativas como por ejemplo Mercado Pago, además del efecto que tuvo la reducción de tasas.

Se busca generar un marco de reglas de juego que genere incentivos para la compra de títulos públicos al Tesoro por parte del mercado. Esto responde a dos fines bien concretos: por un lado el rollover de la deuda interna en pesos a plazos más extensos, y en segundo lugar la retención de pesos para cancelar Adelantos Transitorios con el propio BCRA (una manera adicional para retirar pesos de la circulación).

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Economía

La reforma tributaria que propone Biden amenaza con destruir hasta 788.000 puestos de trabajo a tiempo completo para el año 2025

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Así lo sugiere un reciente informe de la Tax Foundation, estimando el efecto total de los aumentos impositivos que propone la campaña de Biden de cara a las elecciones. Se estima una reducción del 2,2% en la tasa de crecimiento potencial del PBI en caso de aprobarse los cambios.

El Presidente Joe Biden lanzó una agenda económica completamente radicalizada hacia la izquierda, buscando contentar al ala más extremista de su partido (anteriormente representada por el excandidato Bernie Sanders en la contienda electoral del 2020).

En este sentido, el Presidente recuperó una profunda impronta favorable a subir generalizadamente los impuestos en Estados Unidos, tanto para empresas como para personas físicas y para productos importados. Se buscan gravar ingresos, patrimonios y bienes con tasas sustancialmente más elevadas que las actuales.

La Tax Foundation desarrolló un reciente informe estimando el impacto económico que podría desatar el plan fiscal de Biden para el año 2025. Se estima una reducción total del 2,2% en la tasa de crecimiento potencial del PBI, una caída del 3,8% en el capital social potencial acumulado en las empresas, una reducción del 1,6% sobre la masa salarial promedio, y finalmente la destrucción de hasta 788.000 puestos de trabajo a tiempo completo en el sector privado, en relación a la cantidad que cabría esperar de no aprobarse las subas impositivas.

La agenda de los demócratas es, y por diferencia, la más ambiciosa y extremista desde la era de Franklin D. Roosevelt. El esquema tributario resultante de una eventual victoria de Biden en las próximas elecciones de noviembre queda resumido de la siguiente manera:

  • Aumento de la tasa del impuesto sobre la renta empresarial del 21 por ciento al 28 por ciento (a partir del año fiscal 2025)
  • Aumento del impuesto mínimo alternativo corporativo introducido en la Ley de Reducción de la Inflación del 15 por ciento al 21 por ciento (a partir de 2024)
  • Cuadruplicar el impuesto a la recompra de acciones implementado en la Ley de Reducción de la Inflación del 1 por ciento al 4 por ciento (a partir de 2024)
  • Hacer permanente la limitación de pérdidas comerciales excesivas para las empresas de paso
  • Limitar aún más la deducibilidad de la compensación de los empleados según la Sección 162
  • Aumento de la tasa impositiva global sobre ingresos intangibles de baja tributación (GILTI) del 10,5 por ciento al 21 por ciento, calcular el impuesto jurisdicción por jurisdicción y revisar las reglas relacionadas
  • Derogar la tasa impositiva reducida sobre los ingresos intangibles derivados del extranjero (FDII)
  • Ampliar la base del impuesto sobre la renta neta de inversiones (NIIT) para incluir ingresos comerciales no pasivos y aumentar las tasas del NIIT y el impuesto adicional de Medicare para alcanzar el 5 por ciento sobre ingresos superiores a $400,000
  • Aumento del impuesto sobre la Renta individual al 39,6 por ciento sobre ingresos superiores a $400 000 para declarantes solteros y $450 000 para declarantes conjuntos (a partir de 2024)
  • Gravar las ganancias de capital a largo plazo y los dividendos calificados a las tasas ordinarias del impuesto sobre la renta para Ingreso imponible por encima de US$ 1 millón de dólares, y gravar las ganancias de capital no realizadas en caso de fallecimiento por encima de una exención de US$ 5 millones, revirtiendo parcialmente la reforma de George Bush (2001-2003)
  • Triplicar los aranceles de importación para el acero y el aluminio provenientes de China, desatando una nueva guerra comercial con el gigante asiático

Pese a las subas impositivas, la administración Biden no propone un sendero sostenido de reducción del déficit fiscal, ya que la mayor parte del paquete tributario se vería acompañado por nuevas expansiones presupuestarias. 

Y a diferencia de la estrategia seguida por el expresidente Donald Trump, la guerra comercial con China que propone desatar Biden se produciría en un contexto de profunda caída en la competitividad fiscal de Estados Unidos, todo lo contrario a lo que ocurrió entre 2017 y 2020 (cuando las empresas estadounidenses disfrutaron de fuertes recortes impositivos).

Esto deja a Estados Unidos en una posición comparativamente difícil para forzar una nueva “tregua” con China en la cual se flexibilicen controles cambiarios o medidas arancelarias proteccionistas, como sí ocurrió tras el último acuerdo firmado en 2020.

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