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Economía

Definición de locura: Alberto Fernández pidió un nuevo acuerdo de precios para combatir la inflación

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Todos los controles y acuerdos de precios fracasaron sistemáticamente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Un repaso histórico del mismo plan fallido que ya se intentó un centenar de veces.

En un acto realizado en Lomas de Zamora el presidente Alberto Fernández convocó a un nuevo “acuerdo de precios y salarios”, como una supuesta herramienta para combatir la inflación en el marco del severo dato para el mes de julio.

Fernández busca generar una suerte de "conciliación" entre sindicalistas y empresarios (principalmente industriales) para llegar a un acuerdo por 60 días, que promete algún tipo de resultado en medio del dramático estallido de precios.

Pero este tipo de medidas fracasaron sistemáticamente en la historia argentina. Desde 1952 se llevaron a cabo 9 intentos entre controles y “acuerdos” de precios y salarios. Todas y cada una de estas experiencias fracasaron estrepitosamente, y no consiguieron ni bajar la inflación ni mejorar los salarios.

La experiencia en los primeros Gobiernos peronistas

Desde la ley 12.830 sancionada en agosto de 1946, se establecían controles sobre prácticamente todos los sectores de la economía, incluyendo la producción, los alquileres, los salarios de convenio y el comercio exterior. Los controles se fueron endureciendo cada vez más a partir de 1947, con la sanción de nuevas leyes que apuntaban en la misma dirección.

Los resultados fueron decepcionantes: la inflación anual pasó del 16,7% en agosto de 1946 hasta llegar a un pico del 58,3% en marzo de 1952. A partir del Segundo Plan Quinquenal, esta vez se impulsó un “acuerdo de precios y salarios” como parte de la pata “heterodoxa” del plan, y al mismo tiempo una drástica contracción monetaria y fiscal (de orden ortodoxo) impulsada por Gómez Morales. Los resultados iniciales fueron exitosos, pero solo duraron dos años y para mayo de 1955 la inflación ya ascendía al 15,8% otra vez.

El general Juan Domingo Perón en su primera presidencia.

La “Revolución Libertadora”

Los controles de precios y salarios de la época peronista fueron mantenidos y profundizados. El Gobierno de Aramburu, a partir del ministro de Economía radical Eugenio Blanco, añadió una nueva una desindexación de contratos (desagio), dispuso el congelamiento de los alquileres y minimizó los aumentos tarifarios.

Al mismo tiempo, el Gobierno llevó a cabo un congelamiento general de salarios a partir de junio de 1956, se dispuso la intervención de la CGT y la persecución de dirigentes sindicales peronistas. El programa fracasó: la inflación interanual saltó del 7% en diciembre de 1955 al 31% en noviembre de 1957. Los controles de precios y salarios no generaron ningún tipo de efecto.

El Gobierno de Illia

El presidente radical Arturo Illia, asesorado por un grupo de economistas heterodoxos provenientes de la CEPAL, impulsó un severo control de precios a partir de la sanción de la Ley de Abastecimiento 16.454 en febrero de 1964, y más tarde la ley 16.462 que fijaba los precios de los medicamentos.

Se estipulaba explícitamente la determinación de un techo de precios “razonable” y se creó la Dirección de Abastecimiento, dependiente de la Secretaría de Comercio, con el fin de monitorear los precios minoristas y perseguir a los comerciantes que no cumplieran con los precios máximos.

La inflación aumentó del 28% interanual en febrero de 1964 para superar el 40% a partir de enero de 1966. La inflación mayorista tampoco respondió al programa, y subió del 17% en diciembre de 1964 al 28% en diciembre de 1965.

El presidente Illia en 1964.

El Gobierno de Onganía

Bajo el Gobierno de Onganía se volvió a intentar una suerte de “acuerdo de precios” junto con un congelamiento general de salarios por 18 meses. El programa de Krieger Vasena suponía añadir una “pata ortodoxa” vía disminución de la emisión monetaria. El plan logró consolidar una inflación promedio del 7,6% anual en 1969, pero tan pronto como se abandonó la disciplina monetaria, los precios volvieron a dispararse y la inflación llegó al 76% en marzo de 1973.

El Plan Gelbard

El programa de controles diseñado por José Ber Gelbard en 1973 es probablemente el más añorado por el extremismo kirchnerista, aunque cosechó pésimos resultados. Se establecía un congelamiento de precios mucho más estricto a los que se venían aplicando entre 1956 y 1972, y nuevamente estableciendo cepos al crecimiento de los salarios de los trabajadores. Además, se añadían numerosos controles cuantitativos sobre importaciones y exportaciones.

La inflación bajó hasta un promedio de 1,6% por mes entre abril de 1973 y agosto de 1974, pero a partir de allí se produjo una espiral de precios casi incontenible. La inflación mensual promedió el 6% entre septiembre de 1974 y mayo de 1975, y finalmente el sistema colapsó con el famoso Rodrigazo, llegándose a registrar alzas de hasta el 37% por mes. Más tarde, la inflación interanual llegó al 566% en marzo de 1976.

El ministro de Economía José Ber Gelbard en 1973.

El programa de Martínez de Hoz

En la última dictadura militar el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz buscaba añadir una dosis de heterodoxia a su programa económico, estableciendo una “tregua de precios” por 120 días, e imponiendo límites a los salarios desde abril de 1976.

La inflación promedió el 192% en 1977 y el 176% a lo largo de 1978, por lo que los precios simplemente respondieron al intenso ritmo de la emisión monetaria más que cualquier influencia por la política de ingresos. Al término de los controles desde 1979, la inflación llegó incluso al 82% interanual en marzo de 1981, nuevamente respondiendo a la dinámica de la política monetaria y la credibilidad de los agentes.

El Plan Austral

Bajo el liderazgo de Juan Vital Sourrouille el Gobierno de Alfonsín volvía a apostar por los controles de precios a nivel generalizado, esta vez añadiendo a todas las tarifas de servicios públicos, congelando los salarios de convenio, el tipo de cambio y la indexación de contratos.

Pero el programa perdió toda credibilidad para fines de 1986 al quedar en evidencia que el Gobierno no había sido capaz de corregir los fuertes desequilibrios fiscales, y por lo tanto no se podía ofrecer ninguna garantía para el control de la expansión monetaria hacia el futuro.

El presidente Raúl Alfonsín y el ministro Juan Vital Sourrouille.

En medio de una inflación interanual del 174% en 1987, el Gobierno radical volvió a recurrir a un nuevo congelamiento general de precios, tarifas, tipo de cambio y salarios. La inflación no cedió en lo más mínimo y subió hasta el 440% en agosto de 1988. Nuevamente, Alfonsín volvió a establecer controles, esta vez con más énfasis en los costos de producción y los precios mayoristas. Este último programa se conoció como “Plan Primavera”.

El radicalismo volvía a fracasar, y para 1989 era claro que Argentina atravesaba una situación de hiperinflación. Los precios llegaron a dispararse un 114% solamente en junio de 1989, y un 196% en julio. La inflación interanual superaba cómodamente el 3000%, llegando incluso a casi 5000% en diciembre de 1989.

Los Kirchner y Macri

Bajo el Gobierno de Néstor Kirchner en 2006 se aplicó el primer “acuerdo de precios y salarios” desde la década de 1980. La inflación cayó muy tenuemente del 12% interanual en enero de 2006 al 10% en diciembre, y rápidamente superó el 13% a partir de agosto de 2007.

En 2014 el entonces ministro Axel Kicillof volvió a insistir con los acuerdos de precios, esta vez creando “Precios Cuidados”, ofreciendo ciertos beneficios a cambio de la adhesión voluntaria de las empresas. La inflación saltó del 30% al 40% entre enero y diciembre de 2014.

Pese a su fracaso, el programa fue mantenido por la gestión de Mauricio Macri hasta 2019, y más tarde fue relanzado por Alberto Fernández y sus sucesivos secretarios de Comercio interior, sin haber conseguido ningún éxito en materia de precios. 

Economía

El mes de mayo arrancó con deflación en los precios de los alimentos y se derrumba la inflación de Massa

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Todas las mediciones privadas de alta frecuencia relevan deflación de precios sobre una amplia canasta de alimentos de consumo masivo. Las rebajas también se vieron reflejadas por descuentos, cada vez más frecuentes en las góndolas. El Gobierno erradicó el déficit fiscal y paralizó la expansión monetaria.

Los resultados de la consolidación fiscal y monetaria que está llevando a cabo el Gobierno están a la vista. Las consultoras privadas estiman deflación de precios en los principales productos de consumo masivo, de acuerdo a las mediciones para las últimas semanas de abril y los primeros días de mayo.

La medición de la consultora LCG registró una caída del 1% sobre el umbral de alimentos y bebidas relevados en supermercados al término de los últimos 7 días del mes pasado, y todo indica que se habría registrado el mismo efecto para la primera semana de este mes.

La tasa de inflación mensual para esta canasta de productos cayó a solamente el 1,4% con respecto al nivel de precios de la primera semana de abril, mientras que la variación promedio de 5 semanas retrocedió al 2,9% al cierre del mes pasado. Se produjo una drástica caída con respecto al salto inflacionario de diciembre, cuando los precios llegaron a aumentar a razón del 1% todos los días.

Incluso la tasa de inflación interanual para la canasta de precios de LCG comenzó a retroceder a partir del mes de marzo. Alcanzó un pico cercano al 280% a mediados de ese mes, para descender al 240% hacia la última semana de abril. Los registros mensuales aún no capturan esta rebaja por el efecto de arrastre estadístico de los meses pasados.

Del mismo modo, los relevamientos de Focus Market sugieren una serie de fuertes caídas en productos esenciales para el consumo a lo largo de abril: 

  • Detergente para ropa: -10.5%
  • Cremas dentales: -7.5%
  • Enlatados de pescado: -6.3%
  • Toallas femeninas: -6.2%
  • Azúcar -5.6%
  • Flanes: -4.7%
  • Café: -4.3%
  • Aceite: -4.3%
  • Desinfectantes: -4.2%
  • Papel higiénico:-3,8%

El programa económico ejecutado por el Ministro Luis Caputo desde el Gobierno nacional y Santiago Bausili desde el Banco Central está cosechando un éxito contundente. El déficit fiscal fue completamente erradicado durante el primer trimestre de 2023 (algo que no sucedía desde 2008), llegando incluso a una diferencia positiva entre los ingresos y los gastos incluyendo el pago de intereses.

Asimismo, los factores de expansión de la base monetaria lograron compensarse exitosamente con los factores de absorción (Pases y Bopreal), y en consecuencia el crecimiento de la cantidad de dinero circulando en la economía disminuyó fuertemente desde el 10 de diciembre del año pasado.

La base monetaria total se expandió un 41% desde diciembre del año pasado, la cantidad de pesos en poder del público creció un 37%, y los billetes y monedas en entidades financieras lo hizo en un 2%. En el mismo período, los precios acumularon una suba de por lo menos el 60%, con lo cual se produjo una notoria caída de la cantidad de dinero en términos reales. Asimismo, una gran parte de la expansión nominal de la base monetaria se contrarrestó con el superávit del Tesoro y las sucesivas licitaciones de pesos llevadas a cabo.

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Economía

El Banco Central rebajó la tasa de política monetaria de los Pases del 60% al 50% y se espera un colapso de la inflación

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La carga de intereses a cuenta de los pasivos remunerados es cada vez menor, después de la quinta reducción de tasas en lo que va de la presidencia de Javier Milei. La autoridad monetaria también tomó la decisión de incrementar nuevamente el encaje legal aplicado sobre las billeteras virtuales.

El Banco Central al frente del Presidente Santiago Bausili determinó una nueva reducción de la tasa de política monetaria de referencia, aquella a cuenta de los Pases, pasando del 60% al 50% nominal anual a partir del 2 de mayo. De esta forma, la tasa efectiva anual fue establecida en el 64,82% según informó el propio BCRA.

En otras palabras, los pasivos remunerados que emite el Banco Central pasan a abonar una tasa nominal equivalente al 4,2% por mes, a cuenta de los Pases que se renuevan cada día. 

La decisión oficial responde a la drástica caída de las expectativas de inflación para los próximos meses, un hecho que se refleja claramente en el informe de expectativas REM que elabora la autoridad monetaria. Las principales consultoras privadas del país también dan cuenta de esta situación, y proyectan un claro escenario de desinflación para 2024.

Las mediciones inflacionarias de alta frecuencia están reflejando el colapso de la variación de los precios minoristas en alimentos y bebidas. Para la consultora LCG, la variación semanal en este rubro fue negativa por más de 1 punto porcentual al término de la quinta semana de abril. 

Los sondeos de Alphacast también prevén una ligera caída de precios hacia la segunda mitad del mes pasado, considerando al rubro de los alimentos. En la misma dirección, el economista Alberto Cavallo (el hijo del exministro de Economía) anticipó mediante un índice diario de precios que la inflación ya está viajando al 5% mensual, descontando el efecto de las tarifas de los servicios públicos.

Entran en juego dos lógicas principales detrás de la rebaja de tasas. En primer lugar, la caída de la inflación efectiva y de la inflación esperada permiten una tasa de interés más baja, ya que de este modo se evita generar rendimientos excesivos medidos en dólares. Pero por otro lado, y más importante aún, la caída de la tasa de interés (en un contexto de cepo cambiario) permite sanear el balance del Banco Central y reducir la expansión monetaria a cuenta de los pasivos remunerados.

La carga de la deuda remunerada en pesos del BCRA es cada vez menor en relación al PBI, y lo mismo ocurre con el pago de sus respectivos intereses. Y desde el Gobierno nacional, el superávit fiscal concretado durante los primeros 3 meses del año permite anular cualquier tipo de financiación monetaria para el fisco.

El Banco Central de Bausili también tomó la decisión de elevar la tasa de encaje aplicado para billeteras virtuales del 10% al 15%, y de esta manera es altamente probable que disminuyan los rendimientos de alternativas como por ejemplo Mercado Pago, además del efecto que tuvo la reducción de tasas.

Se busca generar un marco de reglas de juego que genere incentivos para la compra de títulos públicos al Tesoro por parte del mercado. Esto responde a dos fines bien concretos: por un lado el rollover de la deuda interna en pesos a plazos más extensos, y en segundo lugar la retención de pesos para cancelar Adelantos Transitorios con el propio BCRA (una manera adicional para retirar pesos de la circulación).

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La reforma tributaria que propone Biden amenaza con destruir hasta 788.000 puestos de trabajo a tiempo completo para el año 2025

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Así lo sugiere un reciente informe de la Tax Foundation, estimando el efecto total de los aumentos impositivos que propone la campaña de Biden de cara a las elecciones. Se estima una reducción del 2,2% en la tasa de crecimiento potencial del PBI en caso de aprobarse los cambios.

El Presidente Joe Biden lanzó una agenda económica completamente radicalizada hacia la izquierda, buscando contentar al ala más extremista de su partido (anteriormente representada por el excandidato Bernie Sanders en la contienda electoral del 2020).

En este sentido, el Presidente recuperó una profunda impronta favorable a subir generalizadamente los impuestos en Estados Unidos, tanto para empresas como para personas físicas y para productos importados. Se buscan gravar ingresos, patrimonios y bienes con tasas sustancialmente más elevadas que las actuales.

La Tax Foundation desarrolló un reciente informe estimando el impacto económico que podría desatar el plan fiscal de Biden para el año 2025. Se estima una reducción total del 2,2% en la tasa de crecimiento potencial del PBI, una caída del 3,8% en el capital social potencial acumulado en las empresas, una reducción del 1,6% sobre la masa salarial promedio, y finalmente la destrucción de hasta 788.000 puestos de trabajo a tiempo completo en el sector privado, en relación a la cantidad que cabría esperar de no aprobarse las subas impositivas.

La agenda de los demócratas es, y por diferencia, la más ambiciosa y extremista desde la era de Franklin D. Roosevelt. El esquema tributario resultante de una eventual victoria de Biden en las próximas elecciones de noviembre queda resumido de la siguiente manera:

  • Aumento de la tasa del impuesto sobre la renta empresarial del 21 por ciento al 28 por ciento (a partir del año fiscal 2025)
  • Aumento del impuesto mínimo alternativo corporativo introducido en la Ley de Reducción de la Inflación del 15 por ciento al 21 por ciento (a partir de 2024)
  • Cuadruplicar el impuesto a la recompra de acciones implementado en la Ley de Reducción de la Inflación del 1 por ciento al 4 por ciento (a partir de 2024)
  • Hacer permanente la limitación de pérdidas comerciales excesivas para las empresas de paso
  • Limitar aún más la deducibilidad de la compensación de los empleados según la Sección 162
  • Aumento de la tasa impositiva global sobre ingresos intangibles de baja tributación (GILTI) del 10,5 por ciento al 21 por ciento, calcular el impuesto jurisdicción por jurisdicción y revisar las reglas relacionadas
  • Derogar la tasa impositiva reducida sobre los ingresos intangibles derivados del extranjero (FDII)
  • Ampliar la base del impuesto sobre la renta neta de inversiones (NIIT) para incluir ingresos comerciales no pasivos y aumentar las tasas del NIIT y el impuesto adicional de Medicare para alcanzar el 5 por ciento sobre ingresos superiores a $400,000
  • Aumento del impuesto sobre la Renta individual al 39,6 por ciento sobre ingresos superiores a $400 000 para declarantes solteros y $450 000 para declarantes conjuntos (a partir de 2024)
  • Gravar las ganancias de capital a largo plazo y los dividendos calificados a las tasas ordinarias del impuesto sobre la renta para Ingreso imponible por encima de US$ 1 millón de dólares, y gravar las ganancias de capital no realizadas en caso de fallecimiento por encima de una exención de US$ 5 millones, revirtiendo parcialmente la reforma de George Bush (2001-2003)
  • Triplicar los aranceles de importación para el acero y el aluminio provenientes de China, desatando una nueva guerra comercial con el gigante asiático

Pese a las subas impositivas, la administración Biden no propone un sendero sostenido de reducción del déficit fiscal, ya que la mayor parte del paquete tributario se vería acompañado por nuevas expansiones presupuestarias. 

Y a diferencia de la estrategia seguida por el expresidente Donald Trump, la guerra comercial con China que propone desatar Biden se produciría en un contexto de profunda caída en la competitividad fiscal de Estados Unidos, todo lo contrario a lo que ocurrió entre 2017 y 2020 (cuando las empresas estadounidenses disfrutaron de fuertes recortes impositivos).

Esto deja a Estados Unidos en una posición comparativamente difícil para forzar una nueva “tregua” con China en la cual se flexibilicen controles cambiarios o medidas arancelarias proteccionistas, como sí ocurrió tras el último acuerdo firmado en 2020.

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