El presidente Bolsonaro llevó adelante la transformación más importante de Brasil desde la década de 1990, de la mano del ministro de Economía Paulo Guedes. El modelo económico garantizó la disciplina fiscal, la eficiencia impositiva, la privatización y la desregulación de la economía. 

Los cuatro años de la administración del presidente Jair Bolsonaro sentaron las bases para la transformación económica más importante de Brasil desde la década de 1990. Las reformas estructurales postuladas sobre la base del Consenso de Washington habían sido completamente abandonadas desde la llegada del PT al poder en 2003, y el rumbo solo pudo ser recuperado 16 años después. 

El trabajo del ministro de Economía Paulo Guedes, reconocido por sus posturas ortodoxas y educado de la Universidad de Chicago, se transformó en un elemento crucial para el lanzamiento de la transformación económica de Brasil. 

El modelo económico instaurado tras los cuatro años de gestión persiguió los siguientes lineamientos: la reforma del Estado y la privatización de las empresas públicas, la disciplina fiscal, la disciplina monetaria, la desregulación de la economía y la apertura comercial.

Reducción del Estado y disciplina fiscal

La administración de Bolsonaro se comprometió con la eliminación del régimen de “dominancia fiscal” que arrojaba presiones inflacionarias sobre los precios. El modelo económico recuperó la base del equilibrio fiscal primario desde el año 2022, un sendero que se había mantenido como una constante desde 1991 pero que fue deliberadamente perdido durante la última administración de Dilma Rousseff. 

El déficit primario del Gobierno federal fue completamente erradicado a partir de enero de 2022, y desde junio se registró un superávit cercano al 1% del PBI, la cifra más importante desde octubre de 2014. Esto se consiguió incluso eliminando el efecto nocivo provocado por la pandemia en 2020, que había llevado a un rojo de casi 10 puntos del producto. 

El déficit financiero consolidado a nivel nacional disminuyó del 7% del PBI en enero de 2019 al 4,15% en octubre de 2022, una reducción de casi 3 puntos del producto a pesar de la pandemia. 

Bolsonaro y Guedes impulsaron la reducción de la participación del Estado en la economía. Las erogaciones primarias (sin intereses) cayeron del 19,4% del PBI al 18,7% en 4 años de gestión, eludiendo todo el efecto provocado por la pandemia. Esto se debe a que el gasto cayó casi 8 puntos del PBI entre noviembre de 2020 y octubre de 2022, un drástico ajuste fiscal en tiempo récord.

Reforma tributaria

El Gobierno modernizó y simplificó el sistema impositivo de Brasil para eliminar distorsiones sobre las decisiones de inversión en la economía, y fomentar las llamadas “políticas de oferta” como motor del crecimiento. 

Se aprobó una actualización del mínimo no imponible sobre el Impuesto a la Renta de Personas Físicas (IRPF) por encima de la evolución de los precios. Esto provocó que millones de personas dejaran de pagar el impuesto (hasta 16 millones solo en 2021), y una rebaja que afectó más que proporcionalmente a los sectores de ingresos bajos y medios. 

La reforma tributaria también afectó a las empresas, y se dispuso de una exención de R$ 20.000 para el pago del impuesto a las Ganancias sobre utilidades y dividendos. El sistema unificó el tratamiento tributario para el pago de dividendos y salarios. 

Se reformó el impuesto a las Ganancias de capital (renta financiera), y se eliminaron las tasas progresivas por la cantidad de tiempo de dinero retenido en el sistema financiero, la más alta alcanzaba el 22,5%. La reforma introdujo una tasa única del 15% para todas las empresas para 2021, 12,5% para 2022 y presupuesta una alícuota del 10% para 2023 (ahora puesta en duda tras la elección de Lula da Silva).

Se impulsaron dos rebajas sobre el impuesto interno a los productos industrializados, una primera del 25% en abril de 2021 y más tarde otro 35% en agosto de 2022. Se trata de un impuesto extremadamente distorsivo y con sesgo anti-exportador, que grava los bienes domésticos con tasas que varían de entre el 0% y el 300% sobre más de 9.000 categorías. Su reducción supuso un gran impulso a la oferta agregada del país. 

Bolsonaro aprobó una histórica reducción del Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS), en el segmento aplicado a combustibles, energía, telefonía e internet. Antes de la reforma, cada Estado local podía imponer una alícuota del ICMS entre el 18% y el 35%, y después la reforma el margen quedó fijado entre 17% y 18%. 

Asimismo, el Gobierno federal eliminó el impuesto al gas licuado de petróleo (GLP) desde marzo de 2022. Las medidas permitieron una histórica rebaja en el precio de los combustibles y un ordenamiento de los precios relativos en la economía, incluso soportando los sucesivos shocks de oferta por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Disciplina monetaria

Bolsonaro firmó la Ley de Autonomía del Banco Central en febrero de 2021, dándole así a la autoridad monetaria del país las herramientas necesarias para controlar la inflación con independencia del poder político de turno.

Los mandatos del Presidente del banco central fijados por la ley no se ajustan a los mandatos políticos. De esta manera, se garantiza que cada jefe de Estado tenga que convivir con un liderazgo del banco central heredado de su predecesor, y este condicionante deberá ser tenido en cuenta a la hora de desarrollar la política fiscal. Se prohíbe explícitamente el despido de un Presidente del Banco Central sin causa.

Las mayores garantías legales para la independencia monetaria y la fuerte responsabilidad fiscal por parte del Gobierno, permiten que Brasil no tenga riesgos de dominancia fiscal. La inflación respondió positivamente, ya que se potenció el efecto de la política monetaria del banco central al verse fortalecida su reputación. 

Los precios minoristas dejaron de subir a partir del mes de julio, promediaron un aumento mensual promedio del -0,09% hasta noviembre, y la inflación interanual se derrumbó del 12,1% en abril de 2022 al 6% en el mes de noviembre. Las metas del banco central se volvieron creíbles y la inflación se acerca al target de 5% para diciembre.

Privatizaciones

El Gobierno concretó la exitosa privatización de cientos de empresas públicas, un saldo de hasta 115 entidades sólo hasta agosto de 2021, y el proceso continuó sin interrupción a lo largo del 2022.

La gigante eléctrica Eletrobras fue transferida a manos privadas en junio de 2022 por un monto de US$ 6.855 millones. Fue la privatización más importante de la historia de Brasil en 30 años, vendiéndose hasta el 55% del paquete accionario de la empresa. 

Se aprobó la privatización de Correios, una de las empresas más grandes del país y de Sudamérica en su rubro. Fueron privatizadas hasta 30.400 hectáreas de parques nacionales, el Ministerio de Infraestructura celebró la venta de 28 aeropuertos a lo largo y ancho de Brasil con plazos de concesión de 30 años. 

Las autoridades portuarias de Brasil fueron privatizadas, y el Ministerio de Economía implementó contratos de concesión de 35 años en las subastas celebradas con las empresas interesadas en la inversión. 

Bolsonaro dio luz verde para la histórica privatización de la empresa Petrobras, pero la operación fue detenida tras los resultados electorales y la falta de confianza de los inversores por una casi segura reversión tras la asunción de Lula da Silva en 2023. 

Desregulación de la economía

El Presidente llevó adelante la desregulación general de los mercados, como así lo indica el índice de Calidad regulatoria del Banco Mundial. La desregulación más importante fue llevada a cabo sobre la legislación laboral.

Bolsonaro introdujo modalidades flexibles de contratación para impulsar la formalización del trabajo. El Régimen Especial de Calificación e Inclusión Productiva (REQUIP) apuntó al empleo de personas jóvenes, eliminó la obligatoriedad del aguinaldo y el aporte obligatorio al seguro de desempleo.

El Programa Primera Oportunidad y de Reinserción en el Empleo (PRIORE) apuntó a las personas jóvenes y mayores de 55 años. Se creó una modalidad flexible que elimina cargas sociales por hasta el 25% de la dotación de personal de una empresa promedio. Los beneficios aumentan cuanto más pequeña es la empresa. 

La tasa de desempleo desestacionalizada cayó al 8,5% en octubre, y alcanzó el nivel más bajo de los últimos 7 años. Solamente desde el lanzamiento de la reforma se acumuló una caída de más de 4 puntos porcentuales.

Apertura Comercial

La administración impulsó la apertura de la economía a través de la eliminación de barreras no arancelarias. Se eliminaron las licencias no automáticas de importación sobre 600 posiciones arancelarias, y se eliminó el uso del “precio de referencia” para la aplicación de todas las licencias restantes, un elemento que en la práctica funcionaba como una barrera antidumping informal.

También se permitieron exenciones impositivas sobre bienes alimenticios y de primera necesidad, acorde a la flexibilidad de la nomenclatura del Mercosur, y se presionó una rebaja del 10% sobre el Arancel Externo Común del bloque comercial. 

Crecimiento económico y desarrollo social

Las reformas permitieron la recuperación de la actividad económica a su nivel más alto desde el año 2014. Se acumuló un crecimiento del 3,8% sobre el índice IBC-Br entre enero de 2019 y octubre de 2022, el indicador de actividad que elabora el Banco Central de Brasil. 

En 2020 se arribó a la tasa de pobreza extrema más baja desde el año 1980 según las estimaciones del Banco Mundial, sobre un umbral de US$ 2,5 por día ajustados por paridad de poder adquisitivo (PPP). 

La tasa de pobreza extrema en Brasil cayó del 5,39% en 2019 al 1,95% para el año 2020, y la cantidad de personas que cayeron bajo esta línea fue de 4,14 millones en el año 2021, frente a las 11,37 millones que había en 2019. La gestión de Bolsonaro logró que más de 7 millones de brasileños pudieran salir de la indigencia.