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El dilema del orden público en la Capital: ¿Es hora de volver a darle el control a la Policía Federal?

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El fallido operativo de la Policía de la Ciudad para acatar el Protocolo Antipiquetes en la marcha de este 20 de diciembre vuelve a poner en tela de juicio la necesidad de que la Policía Federal intervenga en la dispersión de manifestantes que atacan el microcentro porteño.

En ocasión de la primera marcha piquetera de protesta contra el gobierno del Presidente Javier Milei, resulta de mucha utilidad repasar algunos conceptos fundantes que hacen a la siempre conflictuada noción de “orden público” en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República Argentina.

No es sorpresivo que el accionar piquetero tienda a concentrarse en la Capital. Después de todo, el objetivo final de las organizaciones que marchan es condicionar al poder político a fin de obtener privilegios y beneficios para las supuestas situaciones de vulnerabilidad que revistan. Párrafo aparte merecería el destino de los fondos que mensualmente perciben de parte de los organismos del Estado Nacional, pero dejando de lado ese detalle es que nos remitimos a la cotidianidad de los trabajadores que deben transitar por las zonas afectadas por las marchas piqueteras.

En la Ciudad de Buenos Aires circulan más de diez millones de personas por día por motivos laborales. Gran parte de esta cifra, se ve obligada a transitar por el llamado “microcentro”, zona geográfica predilecta para el desarrollo de actividades económicas, y por eso también, la favorita para los piqueteros.

Durante más de veinte años la sociedad se ha acostumbrado al sometimiento que las organizaciones sociales ejercen sobre el pueblo trabajador: desde cambiar el recorrido diario, llegar más tarde al trabajo o inclusive la suspensión de la jornada laboral en días de marcha, son solo algunas de las cientos de consecuencias que las movilizaciones producen.

Sin embargo, y pese a la ilegalidad manifiesta del accionar piquetero, el poder político no había abordado la tortuosa temática por un mismo motivo que fue denominador común sin importar el color partidario del gobernante de turno: la corrección política.

Este miércoles, finalmente, el flamante Presidente Milei decidió que era hora de cortar con los intentos extorsivos. En el marco de un operativo de seguridad sin precedentes, la Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal blindaron las calles aledañas a Plaza de Mayo, no sin previamente cerciorarse de disponer delegaciones tácticas en estaciones de tren, accesos automotores, peajes y en localidades del Gran Buenos Aires donde se desactivaron células piqueteras durante toda la noche.

El operativo de seguridad tenía como objeto impedir que los piqueteros cortasen la circulación en las principales arterias de la Ciudad de Buenos Aires y por ende permitir a todos los ciudadanos ejercer su derecho a la libertad de movimiento.

Sí bien los lineamientos generales del plan fueron ampliamente cumplidos generando un “antes y un después” en la manera que el Gobierno Federal aborda la temática de los cortes piqueteros, corresponde hacer una desafortunada observación: el limitado accionar de la policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Con el afán de estar a la altura de las circunstancias, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) ordenó un operativo paralelo presuntamente coordinado con el Comando Unificado de las Fuerzas Federales.

El Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Policía de la Ciudad fue el escenario donde montó su Cuartel General el Ministro de Seguridad porteño Waldo Wolff quien, desde tempranas horas de la mañana se encontraba en comunicación con Patricia Bullrich.

Durante los momentos previos al apogeo de la marcha alrededor de las 16:00 todo parecía marchar coordinadamente: las Fuerzas Federales y la Policía de la Ciudad conducían ordenadamente a los manifestantes hacia Plaza de Mayo, mayoritariamente por la vereda.

Empero, al aumentar el grosor de las columnas, los manifestantes comenzaron a tensionar la situación. En primera instancia, actuó la Policía de la Ciudad en Diagonal Sur mientras su Jefe y Viceministro de Seguridad porteño, Diego Kravetz (quien se encontraba en el teatro de operaciones), alegaba que “no necesitaban del apoyo de las Fuerzas Federales”.

Tal fue así que cuando los manifestantes decidieron avanzar sobre la Policía capitalina, no encontraron mayor resistencia y las prolijas líneas de efectivos fueron fácilmente rebasadas con empujones e insultos mediante. Por este motivo, se ordenó a la Policía Federal hacerse cargo luego de que las columnas -que ya copaban el ancho completo de la Diagonal- pasaron la estatua ecuestre del General Julio A. Roca ubicada en la intersección con la calle Perú.

Una vez restablecido el orden y conducidas las poco nutridas columnas manifestantes a Plaza de Mayo por parte de las Fuerzas Federales, los medios de comunicación pudieron averiguar que el Viceministro Kravetz había dialogado con el líder piquetero Eduardo Belliboni, autorizándolo a avanzar sobre la totalidad del ancho de las calles, produciendo indefectiblemente el corte total.

Más allá del intento de connivencia de Kravetz con Belliboni -lo cual coloca en una muy poco confortable situación al gobierno de Jorge Macri- corresponde remitir a la cuestión neurálgica de estos problemas, que es la superposición de facultades entre las Fuerzas Federales y la Policía de la Ciudad.

En 1995, un año después del otorgamiento de autonomía a la Ciudad de Buenos Aires por parte de la reformada Constitución Nacional de 1994, el Congreso de la Nación sancionaba la popularmente denominada “Ley Cafiero”, o “Ley que garantiza los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires”.

Dicha pieza normativa impedía al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a tener una policía propia puesto que disponía que la seguridad armada fuera garantizada por la Policía Federal en el territorio de CABA mientras esta sea la Capital de la República.

Tras largos debates y pujas de poder, el Congreso modificó la Ley Cafiero en 2007, mediante la Ley 26.288 para permitirle a CABA montar su propio cuerpo policial y establecer el marco de coexistencia con la Policía Federal.

Con la fundación de la Policía de la Ciudad en 2017 luego del traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la PFA, CABA obtuvo finalmente su tan deseado brazo armado. Sin embargo, la evidencia empírica arroja que en cuanto al mantenimiento del orden público se refiere, la Policía de la Ciudad tiene importantes oportunidades de mejoras respecto de lo que fue la gestión de la PFA.

El problema principal radica en que se trata de una policía heterogénea, dado que sus miembros provienen de diferentes fuerzas y nunca se logró el aseguramiento de un criterio único de tropa y formación.

En los tiempos que se avecinan, donde la resistencia anti-democrática al cambio que necesita nuestro país puede volverse cada vez más violenta, es indispensable contar con un criterio unificado a fines de hacer frente a las amenazas y asegurar la vigencia plena del orden público y del Estado de Derecho.

La Ciudad de Buenos Aires debe estar a la altura de las circunstancias o en su defecto, quizás la alternativa sea volver a modificar la Ley Cafiero a fines de aclarar que las operaciones de establecimiento del orden sean únicamente desarrolladas por el Estado Nacional y sus Fuerzas Federales siempre que el Gobierno Nacional sea el foco de la concentración.

Sea del modo que fuere, la Argentina entró en un cambio de época irreversible. Seremos testigos de cómo cada responsable institucional se adapta a las circunstancias.

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La Superintendencia de Salud desmiente a los medios: Continúa la descartelización de las prepagas y la retracción de las cuotas

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Los medios partidarios intentaron instalar que las prepagas le habían ganado la pulseada al Gobierno, pero la justicia ratificó que las compañías deben efectuar reintegros, solamente les dio 7 días más para que informen cómo lo harán.

El Juzgado Civil y Comercial Federal N°3, a cargo de Juan Rafael Stinco, ordenó la semana pasada a 23 prepagas retrotraer las cuotas a diciembre y ajustarlas por el Indice de Precios al Consumidor (IPC), una decisión que se tomó luega de una presentación de la Superintendencia de Servicios de Salud donde demostraron que hubo cartelización de las proveedoras de salud.

Estas empresas tomaron el dinero que se les dio desde el Estado durante la pandemia para comprar a sus competidores y cartelizarse, tomando una posición anti-mercado y perjudicando a los ciudadanos con aumentos hasta cuatro veces por encima de la inflación.

Es por eso que en un contexto desinflacionario como el que se está viviendo en Argentina desde enero, la Justicia entiende que la especulación de un sistema de precios roto donde hay que aumentar mes a mes para cubrirse de las subas del mes pasado pierde sentido. De esta manera, había dado un plazo de cinco días para que informen a la Justicia cómo iban a devolver el dinero cobrado de más desde enero.

Ese plazo de cinco días hábiles iba a correr desde el lunes próximo y hasta el viernes, por lo que las prepagas debían presentar sus planes de devolución a más tardar el lunes 20 de mayo por la mañana. Sin embargo, la Justicia extendió el plazo por pedido de las prepagas hasta el 27 de mayo, donde habrá una audiencia y allí se resolverá cómo sigue el conflicto.

Esta noticia que simplemente extendió por 7 días el tiempo de respuesta, fue interpretada por medios partidarios como que las prepagas le habían ganado la disputa al gobierno. De un momento para otro, estallaron las noticias tituladas como por ejemplo: "La Justicia suspendió el plazo para que las prepagas devuelvan los excedentes", lo cual es falso.

La única victoria que podrían tener las prepagas de acuerdo a este fallo, es que la Justicia admitió considerar que la diferencia entre lo cobrado y la inflación no sea devuelta en efectivo a cada cliente, sino que quede como crédito a favor, descontándoles de su cuota hasta cumplir con el quebranto.

Así lo desmintió la Superintendencia de Servicios de Salud, que explicó la falsa "interpretación" de algunos medios hoy: "A raíz de la interpretación que realizaron algunos medios periodísticos de la resolución judicial del día de la fecha, la Superintendencia de Servicios de Salud aclara que no existe suspensión alguna de lo ya dictaminado".

Y agregó: "La medida se encuentra vigente, por lo que las Entidades de Medicina Prepaga deben cumplirla. El juez convocó a una audiencia el día 27 del corriente mes, a fin de darle continuidad al proceso judicial y resolver cómo se devolverá el dinero a los beneficiarios".

Si bien esto se decidirá en la audiencia del 27 de mayo, la Juticia vio con buenos ojos aceptar que “se establezca que en caso de que los afiliados hubieran abonado las facturas con los incrementos dejados sin efecto por esta decisión, la diferencia resultante entre dicho importe y el cálculo de actualización fijado, constituye un crédito a favor de cada uno de ellos”.

Hace una semana, el Gobierno había decidido que las empresas de medicina prepaga alcanzadas por la medida de retroceso de precios podrán aplicar un aumento en mayo que no supere el 114,6% en comparación con el valor que cobraron a sus clientes en diciembre pasado, según anunció este jueves la Secretaría de Comercio, de manera de que el aumento quede supeditado a la inflación y no a otras cuestiones.

Las prepagas alcanzadas por el fallo son OSDE, Swiss Medical, Medicus, Omint, Galeno, Medifé, Hospital Italiano, Obra Social Luis Pasteur, Hominis, Medicina Esencial, Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, Obra Social de la Union del Personal Civil de la Nación, Mutual Federal 25 de junio, ACA Salud, Sancor Salud, Prevención Salud, Sistema Integrado de Prestadores de Salud S.A., MET Córdoba, Hospital Alemán, Grupo DDM, Hospital Británico, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas y Círculo Médico de Lomas de Zamora.

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La Argentina de Javier Milei votó en contra de aceptar a Palestina como miembro pleno de la ONU

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El Gobierno votó en contra del proyecto que impulsaron países árabes y Venezuela en medio del conflicto en Gaza para que Palestina pueda hablar en la Asamblea General, aunque sin votar.

El gobierno de Javier Milei votó en contra de un proyecto impulsado por una coalición de países árabes, Venezuela y Nicaragua, entre otros, para declarar al Estado de Palestina miembro pleno en la ONU, en el recinto de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York.

La ofensiva de ese bloque internacional de extrema izquierda se dio en momentos en que la prensa interncaional está cuestionando a Israel por su ofensiva contra los terroristas de Hamás, que operan en el único territorio hoy considerado como parte de una nación palestina, la Franja de Gaza.

Se trata de la primera vez que Argentina vota en contra de los palestinos en la ONU, rompiendo con la tradición que habían instalado los anteriores gobiernos de apoyar los reclamos de este grupo en el plenario de las Naciones Unidas.

El embajador argentino ante la ONU, Ricardo Lagorio, un diplomático de extensa trayectoria, fue el encargado de expresar el rechazo de la Argentina a la iniciativa, que si bien surgió desde el mundo árabe, cosechó apoyos en América Latina, de países como Venezuela, Colombia y Nicaragua, donde actúan regímenes dictatoriales de izquierda.

De esta manera, Argentina votó en minoría, y fueron solo otros 9 países que expresaron su rechazo a las pretensiones de la coalición de países que se encolumnó detrás de la posición del mundo árabe: además de Argentina, Israel y Estados Unidos, figuran la República Checa, Hungría, Micronesia, Nauru, Palau, y Papua Nueva Guinea.

Hubo 143 votos positivos, y 25 abstenciones, comprendidas por: Albania, Austria, Bulgaria, Canadá, Croacia, Fiji, Finlandia, Georgia, Alemania, Latvia, Italia, Lituania, Malawi, Islas Marshall, Mónaco, Reino de los Países Bajos, Macedonia del Norte, Moldavia, Paraguay, Romania, Vanuatu, Reino Unido, Ucrania, Suecia y Suiza.

Si bien la votación resultó mayoritariamente positiva para el reclamo palestino, la moción no es vinculante y por lo tanto la Autoridad Palestina, a cargo de Mahmud Abás, no será considerada por el momento como un miembro pleno con poder de voto.

Quien decide eso en última instancia es el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Estados Unidos, con su poder de veto, bloqueó a mediados de abril la incorporación de Palestina como Estado miembro.

Palestina forma parte de la ONU en calidad de Estado observador no miembro, al mismo nivel que el Vaticano, pero a partir de esta votación podrá hablar en las reuniones dentro de la Asamblea, pero no podrá votar.

En su texto, la resolución expuso que “el Estado de Palestina está calificado para ser miembro” y recomendó al Consejo de Seguridad que reconsidere el asunto”, si bien no puede forzar a dicho órgano para que lo haga. El documento, “reafirma el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación”, lo que pasa por su “derecho a un Estado de Palestina independiente” y “el fin de la ocupación israelí”.

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A sala llena, se presentó la biografía de Milei en el salón más grande de la Feria del Libro de Buenos Aires

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En el día de ayer y en medio de boicots por parte de grupos kirchneristas, Nicolás Márquez y Marcelo Duclos presentaron su libro “Milei, la revolución que no vieron venir” en una sala completamente llena.

En el salón más grande de La Rural, ubicado en el barrio porteño de Palermo, se llevó a cabo la presentación del libro "Milei, la revolución que no vieron venir" durante la 48ª Feria del Libro.

Este libro biográfico sobre el presidente argentino no solo explora su vida, sino que también analiza el fenómeno que se está experimentando en el país. Este fenómeno va más allá de lo político y representa un cambio de paradigma significativo, tanto en lo social como en lo cultural.

Los autores del libro, Nicolás Márquez y Marcelo Duclos, compartieron cómo las ventas del libro han superado sus expectativas. Agustín Laje, politólogo argentino que escribió el prólogo del libro, se encargó de hacer la presentación desde España, la cual fue transmitida en pantalla gigante.

Laje afirmó: "La batalla cultural es una confrontación activa, consciente, deliberada, cuyo propósito es tratar de influir en la definición de los marcos culturales de una sociedad. El triunfo electoral de Javier Milei es inseparable de estos esfuerzos".

Y agregó: "Milei ha comprendido la batalla cultural en un sentido integral, la ha comprendido en términos de los tópicos culturales y no solo de los tópicos meramente económicos".

Nicolás Márquez, quien es amigo de Milei, expresó que el libro trata sobre una revolución, y aunque reconoció que podría parecer pretencioso catalogar como revolucionario a un gobierno que aún no ha logrado aprobar una ley, añadió: "Yo interpreto la revolución desde otra perspectiva. Esto no es un cambio de gobierno, porque un cambio de gobierno es un trámite administrativo. Un presidente dura cuatro años, ocho en algunos casos, viene otro, se hace la ceremonia y listo. Y luego viene otro y hay una nueva conducción. Este es un cambio de época y en eso radica la revolución".

Mientras tanto, Duclos, quien actualmente ejerce como periodista en el medio Panam Post, comenzó su intervención haciendo referencia al conflicto entre las autoridades kirchneristas de la Feria del Libro y el presidente, que culminó con la cancelación de la presentación del libro de Milei programada en el recinto ferial de Palermo.

"Ha quedado muy claro que Cultura y Estado son asuntos separados. Se ha insinuado que el Presidente de la Nación mostraba hostilidad hacia la cultura. ¿Por qué? Porque decidió no utilizar dinero de los contribuyentes para financiar un stand".

En el evento, se contó con la presencia de varios referentes libertarios, conservadores y de derecha, incluido el economista Miguel Boggiano, uno de los difusores de las ideas de Milei y miembro del Consejo de Asesores Económicos presidido por Demian Reidel.

Además, la escritora y defensora de la vida Patricia Soprano estuvo presente, expresando su esperanza de que en 2025 se pueda derogar la ley del aborto. También asistieron referentes argentinos del partido de Giorgia Meloni en Italia.

Como es habitual, distintos "medios de comunicación" que se encargan de operar al gobierno y a sus aliados, intentaron instalar la idea de que la convocatoria fue un fracaso, publicando imágenes del salón con poca gente, las cuales fueron tomadas horas antes de que se dé comienzo al evento.

Insólitamente, la cuenta oficial de la Feria del Libro publicó por X una noticia del medio ultra-kirchnerista MinutoUno titulada "A sala vacía: los libertarios Nicolás Marquez y Agustín Laje presentaron el libro de Javier Milei y no fue nadie", en un intento de dejar mal parados a los autores.

Esto es una muestra más de como el kirchnerismo se apropió de la Feria de Libro, y cómo utiliza esa convocatoria para promover sus ideas partidarias y atacar a opositores, algo que no tiene nada que ver con la "cultura" que tanto dicen defender.

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