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Estados Unidos

El Gobernador trumpista de Florida presentó una ley para multar a las redes sociales que censuren a candidatos políticos y filtren noticias

La iniciativa fue promovida por el Gobernador del Estado, el trumpista Ron DeSantis, y será tratada por la legislatura estatal. Si es convertida en ley, se tratará de la primer legislación aprobada en los Estados Unidos que frene el poder de las Big Tech. 

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El Gobernador republicano de Florida y uno de los más cercanos aliados del ex presidente Trump, Ron DeSantis, presentó este miércoles por la mañana un ambicioso plan para combatir y mitigar el poder que poseen las grandes empresas tecnológicas y redes sociales para censurar a los habitantes de su Estado.

El plan busca dar un primer paso en la protección integral del derecho a la libertad de expresión, tal y como está reconocido en la Primer Enmienda de la Constitución.

Principalmente, la legislación que el republicano quiere introducir multaría severamente a las compañías tecnológicas que ejerzan su dominación de un segmento del mercado para censurar a un candidato político o funcionario electo.

La ley de DeSantis contempla:

  1. Multas de hasta 100.000 dólares por día a las plataformas digitales que suspendan las cuentas de candidatos que se estén presentando a elecciones en Florida o estén ejerciendo un cargo público. La ley aplicará la multa por cada día que la persona esté suspendida de la red social.
  • Desregulaciones del proceso legal para que los ciudadanos privados residente del Estado puedan demandar fácilmente y con bajos costos a las empresas tecnológicas que incumplen esta ley. 
  • Obligar a todas las redes sociales implementar una nueva interfaz para sus usuarios que les permita filtrar los contenidos de lo que aparece en su muro— una iniciativa promovida por los sitios web de ideología conservadora como Breitbart que permitiría "disminuir la censura y el poder de denuncias masivas de los usuarios dentro de estas plataformas". 
  • Multas de hasta 100.000 dólares por día a cualquier red social que utilice sus algoritmos para prohibirle a sus usuarios ver cualquier contenido relacionado con un candidato político o una ley que se encuentre próximamente en votación.
  • Mayores requisitos de transparencia para estas empresas. Según DeSantis el marco legal anti-corrupción de la redes sociales está desactualizado. 

  • Expandir los poderes del Fiscal General de Florida para demandar a las empresas tecnológicas que violen las condiciones según la Ley de Practica Injustas y Engañosas del Estado.

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En su discurso de 45 minutos al presentar la iniciativa, el Gobernador identificó la suspensión permanente que estas empresas le aplicaron a las cuentas de Donald Trump cuando todavía era Presidente en funciones y la posterior cartelización para impedir a que otras redes sociales asomen como su competencia como el "punto cúlmine para que Florida diga basta y comience a tomar acciones contra a estas conductas". 

DeSantis calificó a estas empresas como “oligarcas” y “monopolios” y las acusó de querer vender la información personal del usuario al "mejor postor". 

"Lo que empezó como un creciente grupo de empresas de la Costa Oeste se ha transformado desde entonces en una industria monopolística que controla, monitorea e influye en el flujo de información en nuestro país y entre nuestros ciudadanos", aseguró el republicano. 

Y agregó: "El problema central aquí es este: ¿los consumidores serán los que elegirán la información que ellos mismos consumirán o estas decisiones las tomarán los oligarcas de Silicon Valley? Ningún grupo de personas debería ejercer tal poder, muchos menos los multimillonarios dueños de estas empresas". 

La legislación fue enviada por DeSantis con su propia firma a la Legislatura estatal que cuenta con una mayoría republicana y, aunque su futuro no está del todo asegurado, se espera su tratamiento y votación en las próximas semanas. 

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Si bien la Legislatura de Florida está controlada por los republicanos, muchos de estos pertenecen al establishment del Partido, y responden al ex gobernador Jeb Bush.

Estos legisladores pueden llegar a votar en contra de esta ley, ya que muchos incluso reciben donaciones de las empresas tecnológicas y celebraron cuando Trump fue censurado de las redes.

De todos modos, algunos demócratas pueden llegar a votar a favor de la ley, compensando el rechazo de estos falsos republicanos.

En el pasado, los demócratas en la Cámara de Diputados nacional habían publicado un informe en el que detallaban el poder monopolístico y censurador de las grandes empresas tecnológicas y recomendaban tomar acción, aunque nunca lo hicieron, probablemente porque beneficiaría a Trump.

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Estados Unidos

El Pentágono de Biden anunció el envío a Ucrania de un nuevo paquete de ayuda militar por US$ 6.000 millones

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El jefe del Pentágono afirmó que esta es la asistencia “más grande” que Washington ha anunciado “hasta la fecha”, superando toda la ayuda que dio Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció este viernes que se enviará otro paquete de ayuda militar por US$ 6.000 millones para Ucrania, aumentando el acceso del gobierno de Kiev a misiles Patriot y drones que permitan responder a los avances rusos en el frente oriental.

Austin hizo este anuncio en una rueda de prensa al cierre de una reunión del grupo de Ramstein, en el que Estados Unidos confirmó que los primeros US$ 1.000 millones de nueva ayuda militar a Ucrania están en camino.

El jefe del Pentágono confirmó que Estados Unidos enviará con carácter de urgencia a Ucrania munición para baterías HIMARS, que permite atacar posiciones rusas lejos del frente, munición de artillería avanzada de 155 milímetros y sistemas de defensa aérea en vehículos blindados.

Estoy encantado de poder anunciar un compromiso adicional de USD 6.000 millones para la iniciativa de asistencia de seguridad de Ucrania. Eso nos va a permitir procurar nuevas capacidades para Ucrania por parte de la industria estadounidense”, dijo Austin, y aseguró que este es el paquete de asistencia “más grande” que Washington ha anunciado “hasta la fecha”.

Esa nueva ayuda militar incluirá baterías de misiles Patriot y defensas tierra-aire, más sistema de defensa contra drones y “un monto significante de munición de artillería, municiones aire-tierra y apoyo de mantenimiento”, indicó Austin.

Según el jefe del Pentágono, la ayuda de los miembros del grupo de Ramstein “ha salvado incontables vidas ucranianas” con compromisos que rondan ya los US$ 95.000 millones y la coalición de estos 50 países se mantiene “fuerte” en su apoyo a Kiev.

Austin también dijo que el grupo trabaja en crear un Ejército ucraniano “autosuficiente” y capaz de contener a Rusia en el largo plazo.

El resultado en Ucrania determinará la trayectoria de nuestros días. Si (Vladimir) Putin permanece y gana en Ucrania las consecuencias serán graves y globales”, aseguró Austin.

Los anuncios hoy de nueva ayuda militar a Ucrania llegan después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, firmara esta semana un ley para dar progresivamente a Ucrania US$ 61.000 millones en asistencia militar y préstamos durante el año.

Estados Unidos ya proporcionó decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar a Kiev desde que Rusia anunció el inicio de su invasión a territorio ucraniano el 24 de febrero de 2022.

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Estados Unidos

La Justicia de Arizona, controlada por los demócratas, imputó y busca arrestar a todo el equipo de asesores de Trump

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Los demócratas hacen otro ataque contra la oposición y ahora buscan poner tras las rejas a todo el equipo que trabaja asesorando al expresidente republicano en su campaña presidencial.

La Justicia de Arizona imputó este jueves a varios aliados importantes del expresidente Donald Trump, incluido el exabogado de Trump y exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, la expresidente del Partido Republicano de Arizona, Kelli Ward, y el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, por denunciar que las elecciones del año 2020 fueron fraudulentas.

Junto con Ward, Meadows y Giuliani, la ex abogada de Trump Jenna Ellis y el ex asesor de campaña de Trump Boris Epshteyn, junto con varios miembros del Partido Republicano de Arizona, fueron imputados también, según publicó esta mañana el Washington Post .

Meadows, Giuliani, Ellis y Epshteyn fueron imputados por supuestamente intentar ayudar a Trump a recuperar los votos electorales de Arizona en las elecciones presidenciales de 2020, luego de que se comprobara que los demócratas habían robado votos por correo y la Legislatura votara que le darían los votos electorales a Trump si así la Justicia lo decidía.

Por su parte, Ward y los senadores del estado de Arizona, Jake Hoffman y Anthony Kern, también fueron acusados ​​de cargos por haber firmado documentos el 14 de diciembre de 2020, certificando que Trump era el ganador de las elecciones.

La acusación de varios aliados de Trump y miembros del Partido Republicano de Arizona se produce mientras una encuesta de Bloomberg News/Morning Consult realizada entre el 8 y el 15 de abril encontró que el presidente Joe Biden está detrás de Trump en varios estados clave como Arizona, Georgia, Nevada y Carolina del Norte por seis o más puntos.

En Arizona, Trump lideró por siete puntos, recibiendo el 49 por ciento del apoyo de los votantes que indicaron que votarían por él, mientras que Biden recibió el 42 por ciento.

Los once republicanos de Arizona son:

  • Kelli Ward, ex presidenta del Partido Republicano en Arizona, y su esposo, Michael Ward.
  • Senador del estado de Arizona Jake Hoffman
  • Senador del estado de Arizona Anthony Kern
  • Tyler Bowyer, director de operaciones de Turning Point USA
  • Nancy Cottle
  • James Lamon
  • Roberto Montgomery
  • Samuel Moorhead
  • Lorena Pellegrino
  • Gregorio Safsten

Los aliados de Trump que supuestamente fueron acusados ​​incluyen a Mark Meadows, Jenna Ellis, Rudy Giuliani, John Eastman, Christina Bobb, ex abogada de Trump, Boris Epshteyn y Mike Roman, ex asistente de campaña de Trump, según el Washington Post .

La decisión judicial fue en respuesta a un pedido directo del Fiscal General de Arizona, el ultra-demócrata Kris Mayes, y es la última de una serie de esfuerzos por utilizar el sistema legal para perseguir a los conservadores y republicanos aliados de Trump.

En julio de 2023, la fiscal general de Michigan, Dana Nesselacusó a 16 “falsos electores” de ocho delitos graves, entre ellos conspiración y falsificación de leyes electorales, por su presunto papel en el intento de disputar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Meses después, en diciembre de 2023, la Justicia de Nevada imputó a varios miembros importantes del Partido Republicano del estado, acusados ​​de falsificar y presentar documentos falsos en relación con el complot de los “falsos electores”.

La acusación de varios de los principales aliados del expresidente y varios miembros del Partido Republicano de Arizona se produce mientras Trump se encuentra actualmente en juicio y enfrenta 34 cargos de presunta falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con los pagos realizados a la estrella porno Stormy Daniels durante las elecciones presidenciales de 2016.

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Economía

Crisis fiscal en Estados Unidos: Las “Bidenomics” desataron un déficit por casi 2 billones de dólares al término de marzo

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Pese a que la economía estadounidense sigue creciendo, el Gobierno federal incurrió en un déficit histórico. y se está endeudando a un ritmo únicamente visto durante las grandes recesiones y en las guerras mundiales del siglo pasado. La trayectoria fiscal trazada por Biden es abiertamente insostenible.

Las políticas del Presidente Joe Biden provocaron el agujero fiscal más grande de la historia de los Estados Unidos en tiempos de paz. La visión económica del Gobierno cayó bajo la influencia del Caucus Progresista dentro del Partido Demócrata, la facción más radicalizada hacia la izquierda dentro del Congreso estadounidense.

La actividad económica del país logró recuperarse de la pandemia y continuó con su sendero de crecimiento, pero a pesar de esta muy esperable normalización, el Gobierno federal incurrió en un desequilibrio fiscal histórico que ascendió a los US$ 1,66 billones de dólares al término de marzo.

De hecho, el déficit financiero había llegado incluso a los US$ 8,36 billones en julio del año pasado, como resultado del amplio programa de rescates para préstamos estudiantiles que impulsó el Presidente Biden.

El Partido Demócrata que alguna vez había patrocinado los superávits presupuestarios de la era Clinton, ahora respalda a capa y espada los déficits más irresponsables que nunca se hayan visto en Estados Unidos.

La economía se normalizó una vez superada la pandemia, pero la posición fiscal del Estado jamás lo hizo. El resultado financiero del Gobierno federal representaba el 4,8% del PBI en febrero de 2020, mientras que hoy en día esa cifra se acerca a los 6 puntos del producto. Este brutal incremento se explica principalmente por el mayor peso de los intereses de deuda, que ya son los más altos desde mediados de la década del 90.

Para compensar esta brecha sin precedentes, el Gobierno federal se está endeudando a un ritmo similar al que cabría esperar durante la salida de una recesión o la ejecución de una guerra de grandes proporciones, pero como es bien sabido ninguno de estos escenarios es precisamente el caso. En caso de que la economía entrase en recesión en un futuro cercano, el Gobierno carece de mayor margen fiscal para actuar en consecuencia.

El total de la recaudación por impuestos federales (y otros ingresos por rentas) sólo alcanza a cubrir hasta el 73% de los gastos federales incurridos. El 27% restante se está compensando por la vía del endeudamiento, principalmente con instituciones locales o en el exterior.

Hasta ahora la Reserva Federal se mantuvo al margen de expandir su financiamiento al Tesoro por la vía de la compra de títulos públicos (como lo hizo durante la pandemia en 2020), pero eventualmente el Gobierno federal no puede quebrar, y cualquier tipo de incumplimiento vendría asociado a un latente inflacionario.

La proporción de crédito doméstico absorbido por el Gobierno federal se incrementa, y lo que es lo mismo, se reduce la cantidad de recursos disponibles para prestar a las empresas privadas o a las familias (por ejemplo el crédito hipotecario). Esto se ve reflejado por un piso de tasas de interés cada vez más elevado.

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