Washington advierte que el grupo Wagner está prolongando el conflicto y causando más caos en Sudán, a la par que sanciona a al jefe de la compañía en Malí.

Estados Unidos ha acusado al Grupo Wagner de proporcionar misiles tierra-aire a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), tirando más leña al fuego de un conflicto que en poco más de un mes ya desplazado a casi 1,3 millones de personas.

Adicionalmente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también impuso sanciones al líder de Wagner en Malí, acusándolo de tratar de obtener armas para los esfuerzos de Rusia en Ucrania.

“En Sudán, el Grupo Wagner ha estado suministrando a las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán misiles tierra-aire para luchar contra el ejército de Sudán, contribuyendo a un conflicto armado prolongado que solo resulta en un mayor caos en la región”, expresó el comunicado del Tesoro de Estados Unidos.

Mientras tanto, Washington ha estado ayudando a negociar varios acuerdos de alto el fuego, a pesar de que estos han sido sistemáticamente violados por ambas partes en conflicto. Estados Unidos dice que su objetivo principal en Sudán es reducir la violencia antes de trabajar hacia un fin permanente de los combates y devolver al país a un gobierno civil.

El mes anterior, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, había dicho que las autoridades legítimas de Sudán tienen derecho a utilizar los servicios del grupo Wagner si así lo desean. Diplomáticos occidentales en Jartum habían asegurado ya en 2022 que Wagner estaba involucrado en la minería ilícita de oro en Sudán y que estaba a difundiendo desinformación.

El mes pasado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó su preocupación por la posibilidad de la participación de Wagner en Sudán, diciendo que el grupo “simplemente trae consigo más muerte y destrucción”.

“Está en tantos países diferentes, y en África, un elemento que, cuando se compromete, simplemente trae consigo más muerte y destrucción“, dijo Blinken durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo keniata, Alfred Mutua. “Es muy importante que no veamos mayor participación en Sudán“, aseguró.

El Tesoro también dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha “recurrido a confiar en el Grupo Wagner para continuar su guerra de elección” en Ucrania. Adicionalmente, como parte del anuncio, Estados Unidos impuso sanciones a Ivan Aleksandrovich Maslov, el jefe de Wagner en Malí.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos argumentó la imposición de sanciones diciendo que los empleados del grupo podrían haber estado tratando de trabajar a través del país de África occidental para adquirir equipos como minas, drones, radares y sistemas de contrabatería para su uso en Ucrania.

“Las sanciones del Tesoro contra el representante más importante del Grupo Wagner en Malí identifican e interrumpen a un operativo clave que apoya las actividades globales del grupo“, confirmó el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson.

“La presencia del Grupo Wagner en el continente africano es una fuerza desestabilizadora para cualquier país que permita el despliegue de los recursos del grupo en su territorio soberano”, sentenció Nelson.

“El Grupo Wagner puede estar tratando de ocultar sus esfuerzos para adquirir equipo militar para su uso en Ucrania, incluso trabajando a través de Malí y otros países donde tiene un punto de apoyo”, dijo el Tesoro en el comunicado oficial.

“De hecho, hay indicios de que Wagner ha estado intentando comprar sistemas militares de proveedores extranjeros y enrutar estas armas a través de Malí como un tercero“, dijo el portavoz Matthew Miller a los periodistas el lunes.

“No hemos visto, hasta el momento, ningún indicio de que estas adquisiciones hayan sido finalizadas o ejecutadas, pero estamos monitoreando la situación de cerca”, añadió el funcionario estadounidense.

A principios de 2023, Estados Unidos calificó a Wagner de “organización criminal transnacional” e impuso sanciones a sus principales líderes.

Nuevos enfrentamientos han sido reportados durante el miércoles y el jueves en las calles de la capital sudanesa, Jartum, poniendo en tela de juicio el cumplimiento del acuerdo de alto al fuego firmado en Jeddah el fin de semana pasado.

Nuevos enfrentamientos entre el Ejército de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) se extendieron desde el miércoles hasta el jueves, acabando con la relativa calma en la capital sudanesa, Jartum, y aumentando el riesgo de que el acuerdo de alto al fuego, el cual estaba previsto que durara hasta el lunes que viene, se desmorone.

Además, la ciudad de Zalingei, capital del estado de Darfur Central, ha estado sitiada por milicias armadas durante los últimos días, dijo Toby Harward, coordinador de las Naciones Unidas en Darfur. Las telecomunicaciones han sido cortadas y las pandillas que deambulan por la ciudad en motocicletas han atacado hospitales, oficinas gubernamentales y de ayuda, bancos y hogares, agregó el funcionario de la ONU.

No está claro quién comenzó los ataques el miércoles ni si alguna de las partes ha ganado una ventaja en el conflicto, el cual amenaza con crear una crisis humanitaria a gran escala y desestabilizar al resto de los países de la región.

El alto el fuego, supervisado por Arabia Saudita y Estados Unidos, se acordó el sábado tras las conversaciones en Jeddah después de cinco semanas de conflicto armado en Jartum y otras partes de Sudán, incluida la volátil región occidental de Darfur. Cabe recordar que las treguas anteriores no han logrado detener los combates.

El Ejército, dirigido por Abdel Fattah al-Burhan, depende del poder aéreo, mientras que las FAR, comandadas por el ex líder de la milicia, el general Mohamed Hamdan Dagalo, ampliamente conocido como Hemedti, se han extendido y se han refugiado en las calles de Jartum.

Los combates han obligado a más de 1,3 millones de personas a huir de sus hogares, y amenazan con desestabilizar una región frágil. La Organización Internacional para las Migraciones confirmó que más de un millón de personas han sido desplazadas dentro de Sudán y 319.000 han huido a países vecinos, algunos de los cuales están igualmente empobrecidos con una historia de conflicto interno.

El Ministerio de Salud dijo que unas 730 personas han muerto y otras 5.454 han resultado heridas, aunque el número real es probablemente mucho mayor. Muchos residentes luchan por sobrevivir mientras enfrentan cortes prolongados de agua y electricidad, el colapso de los servicios de salud y el saqueo generalizado.

La directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, Cindy McCain, dijo que era necesario aumentar los fondos de los sectores público y privado para el socorro. “Mientras tanto, el conflicto tiene que parar y necesitamos ayuda de la comunidad mundial para que eso suceda, de lo contrario vamos a perder otra generación de sudaneses”, dijo McCain en Berlín.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) aseguró que, si bien está todo listo para la entrega de ayuda a más de 4 millones de personas, los bloqueos burocráticos y los problemas de seguridad obstaculizan la distribución.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dijo en un comunicado que anestesias, antibióticos y otros suministros médicos que había donado ahora se estaban distribuyendo a siete hospitales en Jartum, donde solo funciona el 20% del total de las instalaciones.

“Los hospitales también necesitan urgentemente agua, electricidad y un entorno seguro para sus pacientes y personal. Hacemos un llamamiento a las partes para que respeten la labor del personal médico. De ello dependen vidas“, dijo Alfonso Verdú Pérez, jefe del CICR en Sudán.

El Ejército de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido han acordado, en Jeddah, con la mediación de Arabia Saudita y Estados Unidos, un alto al fuego que aumenta las esperanzas de lograr una solución duradera al conflicto en Sudán.

Tras negociaciones entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) medidas por Arabia Saudita y Estados Unidos en la ciudad saudita de Jeddah, las dos partes en conflicto en Sudán firmaron un acuerdo de alto al fuego por siete días, el cual entrará en vigor el lunes por la noche.

Las conversaciones de Jeddah giraron en torno a la entrada de asistencia humanitaria al país y al establecimiento de los servicios esenciales. Además, según el texto del acuerdo, un comité especial, formado por tres representantes de cada una de las partes en conflicto, tres de Arabia Saudita y tres de Estados Unidos, supervisará el alto el fuego.

Si bien este acuerdo constituye una luz de esperanza en tanta oscuridad que ha traído el conflicto para la población civil, desde Arabia Saudita y Estados Unidos han afirmado que se necesitarían más conversaciones para lograr la salida de efectivos militares de áreas urbanas y para alcanzar un acuerdo de paz permanente.

Cabe aclarar que, desde que comenzó el conflicto el pasado 15 de abril, múltiples anuncios de alto el fuego han sido sistemáticamente violados por ambas partes. Sin embargo, en este caso se trata del primer acuerdo real que firman las partes después de negociar.

Sin embargo, no está claro si el jefe del Ejército, Abdel Fattah al-Burhan, o el comandante de las RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti, pueden imponer un alto el fuego sobre el terreno. Además, las dudas sobre el cumplimiento del acuerdo han emergido debido a que ambos líderes han indicado previamente que están buscando la victoria en la guerra y ninguno viajó a Jeddah.

Si bien el ejército y FAR reafirmaron su compromiso con el alto el fuego en declaraciones el domingo, los combates entre ambos continuaron durante el día. En este sentido, han sido reportados enfrentamientos esporádicos en el centro y sur de Jartum el domingo por la mañana, seguidos de ataques aéreos y fuego antiaéreo en el este de la capital.

Un general del Ejército de Sudán, Yassir al-Atta, afirmó ante la televisión estatal sudanesa que el Ejército había estado tratando de sacar a las FAR de hogares, escuelas y hospitales. Millones de civiles han quedado atrapados en medio de bombardeos por parte del Ejército, que buscan expulsar a las FAR de zonas residenciales.

Desde que comenzaron los conflictos, 1,1 millones de personas han huido de sus hogares, trasladándose tanto a otras localidades de Sudán como a países vecinos, principalmente a Chad, creando una crisis humanitaria que amenaza con desestabilizar aún más la región. Por su parte, los que aún están en Jartum luchan por sobrevivir, no solo en medio de los ataques aéreos, sino también de saqueos, colapso en los servicios de salud y disminución de los suministros de alimentos, combustible, energía y agua.

Alrededor de 705 personas han muerto y al menos 5.287 han resultado heridas, según la Organización Mundial de la Salud, aunque se cree que el número real de víctimas fatales es mucho mayor.

La tensión entre el ejército de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) había venido escalando durante meses, a pesar de que ambas facciones trabajaron juntas para derrocar el gobierno civil en octubre de 2021 por medio de un golpe de Estado.

Finalmente, la fricción explotó en el medio de un plan respaldado internacionalmente para lanzar una transición hacia un gobierno civil. Estaba previsto que se firmara un acuerdo final a principios de abril, en el cuarto aniversario del derrocamiento de Omar al-Bashir en un levantamiento popular en 2019.

Tanto el ejército como las RSF debían ceder el poder según el plan y dos cuestiones resultaron particularmente polémicas: primero, el período previsto para que las RSF se integraran en las fuerzas armadas regulares y, segundo, el momento en el que el ejército sería formalmente puesto bajo supervisión civil.