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“Eco Mercosur”: la agenda progresista y globalista que impulsará Alberto Fernández como el nuevo Presidente del bloque económico

Este miércoles asumió la presidencia del Mercosur el presidente Alberto Fernández, quien aseguró que impulsará una agenda enfocada en el cuidado del medio ambiente y en la intervención de las economías regionales.

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Con un breve discurso, esta tarde el presidente Alberto Fernández asumió la presidencia del Mercosur, gestión que cumplirá hasta julio 2021, luego de que su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, le pasara el mando.

Lacalle Pou aprovechó la virtualidad para hacer un traspaso poco usual, con dos copias del martillo y un pase sincronizado cada uno desde su país. 
Inmediatamente al traspaso el Presidente uruguayo agregó “te puedo mandar un pedazo de asado también“, lo cual para muchos fue visto como una chicana, jugando con el slogan de campaña kirchnerista de “vuelve el asado”; sin embargo, probablemente haya sido un chiste en referencia al reciente asado que compartieron en una reunión privada el mes pasado en una estancia de Colonia del Sacramento.

Fernández liderará el Mercosur hasta el 2 de julio del año que viene, cuando deberá traspasarle el mando a Bolsonaro, quien a su vez ya había sido Presidente entre julio y diciembre del año pasado.

El bloque económico mantiene esta tradición desde el 26 de marzo de 1991, cuando en Asunción se firmó el tratado que formó la unión aduanera de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en base a un acuerdo que habían empezado diseñar los ex presidentes de Argentina y Brasil, Raúl Alfonsín y José Sarney, años antes en Foz de Iguazú.

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Como Presidente del Mercosur, Alberto Fernández tiene una serie de reformas pensadas para ir introduciendo de a poco en sus 7 meses de mandato que tiene por delante.

Como es costumbre para el mandatario progresista, habló de un “Eco Mercosur“, de la necesidad de imponer severas regulaciones a los países del bloque que supuestamente no cuidan su ambiente, y de intervenir en los incendios en el Amazonas brasileño.

Vamos a alcanzar un Eco Mercosur, bajo en carbono y sustentable. Debemos cuidar los bosques, las reservas de agua, el litio, el hidrógeno”, aseguró Fernández. 

El discurso de Alberto Fernández, quien estuvo acompañado por su Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y su Canciller, Felipe Solá, no viene sólo de su propia agenda. La semana pasada se reunió con representantes de la Unión Europea que aparentemente le han pedido “resolver” las cuestiones ambientales antes de firmar el acuerdo Mercosur-Europa que habían negociado Macri y Bolsonaro.

Además, se cree que esta agenda es parte de los requerimientos que pide el FMI para llevar a cabo un acuerdo con el país. Aborto, agenda de género y concientización del cambio climático, son los pre-requisitos para siquiera sentarse a hablar.

Desde el Viejo Continente tienen la idea de combatir la deforestación del Amazonas y el poco compromiso del presidente brasileño Jair Bolsonaro con el Tratado de París, que busca imponer regulaciones supranacionales en los países firmantes.

El presidente francés Emannuel Macron ya se ha expresado en el pasado que busca convertir grandes partes de la selva Amazónica en una Zona Internacional controlada por la ONU, y para esto necesitará indudablemente de la ayuda de un Presidente sudamericano como Alberto Fernández, ya que ni Lacalle Pou ni Abdo Benítez están dispuestos a promover esa agenda tan globalista.

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Otro aspecto que destacó Alberto Fernández fue el reforzar un “Mercosur digital”. Para ello dijo que es necesario construir “una educación 4.0 para la industria”. Como instrumento llamó a potenciar “la conectividad” y a reforzar “la cobertura satelital integrada”.

También sostuvo la necesidad de lograr “la inclusión” de la mayor parte de la población, aunque no especificó en qué y afirmó que “debemos superar la globalización de la indiferencia” y que “hay que lograr un continentalismo solidario“. Todas frases vacías pero que en la práctica implican un grado de estatismo preocupante.

El foco de su discurso estuvo puesto en incluir a Bolivia al Mercosur. El país actualmente gobernado por la extrema izquierda se encuentra como miembro asociado pero desde 2015 que inició el proceso para convertirse en miembro pleno.

El trámite para su adhesión debería haber tardado 4 años, pero para 2019 el país todavía no había llevado a cabo algunas de las reformas exigidas por lo que su ingreso está actualmente en un limbo. En particular, luego del conflicto electoral donde el ex presidente Evo Morales trató de robarse las elecciones del año pasado y desencadenó una serie de conflictos internos que terminaron con su delfín político, Luis Arce, al frente del país.

Esta situación de inestabilidad todavía no ha sido resuelta. El país no tuvo elecciones confiables en 2019 y múltiples denuncias conciernen las de este año, además de que han vuelto a haber perseguidos políticos y los grupos terroristas han vuelto al poder. Todo este escenario preocupa a dirigentes como Bolsonaro sobre la incorporación de Bolivia a la unión aduanera.

El ingreso de Bolivia significaría un cambio en la balanza de poder del Mercosur, donde el voto de Brasil y Paraguay quedaría diluido en pos de un nuevo miembro que se pare del lado del kirchnerismo y del Foro de Sao Paulo en las decisiones más importantes.

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No se aguanta más: Los salarios reales cayeron un 2% desde que Alberto Fernández asumió la presidencia

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Los salarios perdieron sistemáticamente contra el aumento de los precios a lo largo de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El INDEC registró una caída real del 2% desde diciembre de 2019.

El aumento promedio de los salarios sube por las escaleras mientras que los precios suben por el ascensor. El INDEC confirmó que el índice salarial promedio aumentó un 4,8% en el mes de junio, pero los precios minoristas tuvieron un incremento del 5,3%.

Los salarios del sector privado formal aumentaron un 5,1% en junio, en el sector público el aumento alcanzó el 4,6%, y por lo tanto las remuneraciones para la totalidad del sector formal de la economía promediaron un aumento del 4,9%. Por otra parte, las remuneraciones en la economía informal subieron un 4,6%, y de esta manera ningún sector logró superar la inflación.

El promedio salarial tuvo un aumento interanual del 67,7% en comparación a junio de 2021, mientras que entre enero y julio de este año se acumuló un aumento del 34,3%. Para el sector privado registrado el aumento acumulado en lo que va del año fue del 36%, en el sector público llegó al 35,2%, y en la economía informal alcanzó solamente el 27,9%.

La inflación acumulada en lo que va del 2022 fue del 46,2%, y logró superar con facilidad a cada uno de los segmentos salariales del mercado laboral. Las variaciones registradas en junio corresponden al último mes en el cuál Martín Guzmán ejerció funciones como ministro de Economía.

La recuperación prometida por Alberto Fernández no se materializó sobre el poder adquisitivo. Desde diciembre de 2019 los salarios perdieron constantemente contra el alza de los precios, y acumularon una pérdida real del 1,9% sobre el piso heredado de la gestión Macri.

En otras palabras, la remuneración promedio percibida por cualquier persona en cualquier momento de la administración de Alberto Fernández es inferior, en términos reales, a cualquier salario percibido durante el Gobierno anterior.

Evolución del salario real durante la administración de Alberto Fernández.

La mayor pérdida de poder adquisitivo se produjo entre marzo de 2020 y junio de 2021, para registrar un tenue repunte posterior. Sin embargo, desde diciembre del año pasado comenzó a producirse nuevamente una tendencia declinante que se acentúa cada vez más.

El poder adquisitivo de los salarios, en términos de bienes y servicios que pueden adquirirse con él, es el más bajo registrado desde diciembre de 2003 y es hasta un 15,9% inferior a la remuneración promedio que se percibía en diciembre del año 2001. Estas cifras relevadas por el INDEC permiten tomar dimensión acerca del verdadero deterioro de los salarios. 

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Cuatro iraquíes fueron detenidos en Ezeiza a punto de abordar un avión utilizando pasaportes falsificados

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¿El gobierno más cómplice de la historia? Cuatro iraquíes fueron detenidos el lunes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Provincia de Buenos Aires, mientras intentaban abordar un avión con rumbo a Holanda.

El lunes por la noche la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con pedido de la Dirección de Migraciones, apresó y dejó incomunicados a 4 jóvenes iraquíes de alrededor de 20 años, que pretendían viajar utilizando pasaportes falsos. El vuelo, KL702, era operado por la aerolínea holandesa KLM, y tenía como destino Ámsterdam, capital de los Países Bajos.

El juez Federico Villena es a quién recayó la causa por documentación apócrifa. Es el mismo juez que tiene otro polémico caso a su responsabilidad que también tiene como escenario Ezeiza, y es el vuelo venezolano-iraní de la empresa Emtrasur Cargo, que aterrizó en Argentina el 6 de junio y cuya tripulación está ligada al terrorismo islamista.

Los iraquíes son dos parejas de ascendencia kurda que ingresaron al país desde Brasil utilizando pasaportes franceses falsificados. Según reporta La Nación, investigadores del caso apuntan a que se trataría de un común caso de inmigrantes ilegales que buscaban llegar a Europa.

Según declararon las fuentes del medio argentino, compraron los pasaportes falsificados en Brasil esperando que en Argentina puedan pasar desapercibidos. Sus identidades reales serían Massod Faeedi, Ozan Edo, Salma Al Saleem y Saad Qolo.

En el pase fronterizo de Misiones lograron pasar con sus pasaportes falsos, tras lo que se desplazaron desde esa provincia norteña hasta PBA con rumbo a Ezeiza. Sin embargo, en Ezeiza no pudieron engañar a los funcionarios, quiénes apenas se dieron cuenta los separaron y elevaron el reporte.

Sus documentaciones están secuestradas y es el juez Villena, mismo que decidió este jueves 11 de agosto la incautación del avión venezolano-iraní tras el pedido de Estados Unidos, quién deberá decidir el futuro de los 4 jóvenes iraquíes, que despertaron incluso preocupaciones por la posibilidad de una conexión con el terrorismo, la cuál por el momento parece estar descartada por los investigadores.

Villena es el mismo juez que interviene en el caso del avión de Emtrasur retenido en Ezeiza desde el 8 de junio. En ese expediente, el juez autorizó la salida de 12 de los 19 tripulantes (11 venezolanos y 1 iraní), y hasta les devolvió sus pasaportes, pero la medida no se hizo efectiva porque fue apelada por la fiscal del caso, Cecilia Incardona.

Se desconoce la intenciones de los iraquíes y qué hacían en Argentina, pero el hecho de que hayan sido identificados poco tiempo después del caso del avión de Emtrasur, que tenía tripulantes iraníes vinculados al grupo militar-terrorista Fuerzas Quds, despiertan varias sospechas.

Muchos iraquíes chiítas, aunque pertenezcan a otro país, suelen apoyar la causa iraní en el plano internacional y trabajan codo a codo en operaciones terroristas en el mundo. No se debe descartar el vínculo y en caso de que exista, daría un nivel de magnitud de las células iraníes en Argentina.

Se dispuso que se realizara una investigación en las bases de datos de Interpol y del Registro Nacional de Reincidencia, para determinar si los detenidos tienen antecedentes penales o alguna orden internacional de detención o de información sobre el paradero.

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Juntos por el Cambio aprueba el nuevo Consenso Fiscal del Kirchnerismo y los gobernadores podrán subir impuestos

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El pacto firmado el año pasado entre Nación y 21 provincias fue apurado por los gobernadores tras el desembarco de Sergio Massa en Economía, quien logró el apoyo de 1/3 de los senadores opositores.

Juntos por el Cambio, como ya hizo en innumerables ocasiones durante los últimos tres años donde fueron la principal oposición, apoyó la nueva Ley de Consenso Fiscal que había sido acordado entre 21 gobernadores y el presidente Alberto Fernández.

Este proyecto, que Massa pidió destrabar en el Congreso para poder aumentar la recaudación, habilitará a las provincias a subir impuestos locales. Recibió media sanción en el Senado, con 45 votos a favor, 17 negativos y 1 abstención. Además, hubo 9 senadores ausentes.

El Frente de Todos prestó 32 votos de sus 35 votos, los 4 senadores provinciales de Río Negro, Misiones, La Rioja y Córdoba también apoyaron, y Juntos por el Cambio dio los 9 votos restantes para alcanzar la mayoría de 45 positivos.

Alfredo Cornejo (JxC) se abstuvo, y los senadores Carmen Crexell (JxC), Silvia Giacoppo (JxC), Cristina López Valverde (FdT), Stella Maris Olalla (JxC), Antonio Rodas (FdT), Adolfo Rodríguez Saá (FdT), Guillermo Snopek (FdT), y María Belen Tapia (JxC) estuvieron ausentes.

La ley pasa a Diputados, donde su aprobación parece que será incluso más fácil, ya que varios legisladores de Juntos por el Cambio anticiparon que apoyarán su aprobación. Los gobernadores podrán elevar impuestos provinciales a distintos sectores hasta cierta alícuota.

En 2017, Macri había aprobado un Consenso Fiscal donde ponía topes a los impuestos provinciales que se podían implementar a los distintos sectores. Esta ley, si bien no los libera, en muchos casos duplica las alícuotas que se pueden aplicar.

Por ejemplo, se podrán poner impuestos a la industria papelera del 6% (previamente del 3%). Lo mismo para las comunicaciones, del 5,5% (previamente del 3%), la telefonía celular verá un aumento de 5% a 6,5%, y servicios como el gas, el agua, la electricidad y el transporte pasarán de 0% impuestos provinciales a casi 4%.

Esto se suma a impuestos generales que se habilitan, como un aumento a Impuestos a los Ingresos Brutos, a la Herencia y a los Sellos. Se especula que este golpe de impuestos impactará en hasta un 25% de los ingresos de los argentinos en promedio a lo largo de las distintas provincias.

Las provincias de La Pampa, San Luis, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires prometieron que a pesar de la aprobación del nuevo Consenso Fiscal, ellos seguirán respetando los topes establecidos por la ley del 2017.

Jujuy y Corrientes, dos provincias controladas también por el radicalismo de Juntos por el Cambio, generaron la polémica apoyando la nueva ley del kirchnerismo. Si bien los gobernadores Gerardo Morales y Gustavo Valdés apoyaron la regla fiscal de Macri en 2017, ahora cambiaron de discurso y argumentan que necesitan aumentar la recaudación local.

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