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Mientras la oposición se arrepiente de la Ley de Alquileres, el Gobierno amenaza con extender los congelamientos de pagos de alquileres

Después del contundente fracaso de la Ley impulsada por Cambiemos, el Gobierno estudia redoblar la apuesta y extender el congelamiento de alquileres hasta dos meses más de lo que estaba previsto. Se teme una nueva retracción de la oferta inmobiliaria.

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Mientras la oposición hizo grandes esfuerzos por aprobar la Ley de Alquileres, que endurece el mercado inmobiliario y le quita la dinámica de la libre competencia, su objetivo deseado resultó un enorme fracaso.

Muchos legisladores de Juntos por el Cambio ahora presentaron una moción para derogar la Ley de Alquileres porque “perjudica tanto al propietario como al inquilino“.

Los diputados Alberto Assef, Jorge Enríquez, Virginia CornejoLidia Inés Ascarate (no eran diputados cuando se votó), Pablo Torello, Gonzalo del CerroAlicia Terada, y Aída Ayala (votaron afirmativo en 2019) firmaron el nuevo proyecto para tratar de arreglar el enorme error que cometieron cuando aprobaron la ley en 2019.

Desde entonces, los precios de los alquileres no pararon de subir y el gobierno de Alberto Fernández, quien también defendió la ley con mucha determinación, tuvo que congelar los precios de los alquileres por decreto y suspender los desalojos en medio de la pandemia.

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Los aumentos de alquileres superaron fácilmente al ritmo de los precios en promedio.
Los aumentos se produjeron en el mercado en una espiral de expectativas negativas, precisamente anticipando controles de precios del Gobierno.

Como indica el economista Matías Surt, la variación mensual de los alquileres antes de la Ley siempre se mantuvo en línea con la inflación general y en algunos casos hasta aumentaron por debajo. 

Sin embargo, en 2020, con la promulgación de la Ley, por ejemplo en julio, los alquileres subieron 9,1% mientras que la inflación general se ubicó en torno al 1,6%. Todo por las nuevas regulaciones del mercado inmobiliario que impuso esta Ley presentada y aprobada por Cambiemos.

El clima de incertidumbre atentó contra la seguridad de los propietarios, y muchos optaron por retirar su vivienda del mercado inmobiliario.
En consecuencia, tanto el ritmo de aumento como en nivel de precios de las viviendas en alquiler, se dispararon de forma notable a lo largo del 2020. 

Se estima que muchos inquilinos tuvieron que recurrir al endeudamiento a corto plazo para poder afrontar los pagos correspondientes.
El Gobierno, absorto de la realidad, decidió redoblar la apuesta y estudia la posibilidad de seguir extendiendo el congelamiento de alquileres. 

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La iniciativa busca detener el ritmo de indexación que generan los mercados, o al menos intentarlo.
Aun así, y pese a las intenciones, los rumores en base a posibles regulaciones futuras no hicieron más que derrumbar aún más las expectativas presentes en los mercados, provocando más incertidumbre y más contracción en la oferta de viviendas. 

Las disposiciones actuales, establecidas a mediados del año pasado, suponían un congelamiento de precios para viviendas en alquiler con fecha de caducidad para el próximo 31 de enero, con restricciones sobre los desalojos

Además, se dispuso de nuevos cambios que permiten a los inquilinos puedan abonar sus en cuotas a todas aquellas diferencias que surgen entre los valores que pactaron libremente en los contratos, y los montos fijados bajo la vigencia de los decretos del Gobierno. 

Las cuotas comprenderán períodos de 3 a 6 meses, y se pactaron a modo de compensación para los propietarios, aunque en el lapso de tiempo del decreto hubo inflación. Por ello, los propietarios están habilitados para aplicar intereses que compensen el aumento de precios.

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Actualmente, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat buscarían extender las normativas por uno o dos meses más, postergando los aumentos y la indexación. 

La dinámica inflacionaria argentina obliga a aplicar medidas con menor tiempo de duración a las que se están aplicando en muchos países desarrollados, que enfrentan una situación deflacionaria y radicalmente opuesta a la que vive nuestro país. 

A pesar de ello, muchas organizaciones de carácter marxista como Inquilinos Agrupados y la Federación de Inquilinos Nacional, denunciaron la falta de intervención del Gobierno, y demandaron mayores restricciones sobre los propietarios y los precios de las viviendas. 

En contra de toda la microeconomía moderna, las organizaciones determinaron que “es profundamente irresponsable seguir hablando de rentabilidad”, alentando al Gobierno para que postergue los desalojos por períodos irrisorios.  

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Argentina

Los gobernadores ponen a prueba a Massa y esperan que el ajuste no pase por las provincias

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“Sergio es un amigo de las provincias”, dicen, pero están inquietos por los subsidios al transporte y la energía.

Los gobernadores están aliviados por la salida de Silvina Batakis del ministerio de Economía y esperan que el ajuste que planea Sergio Massa no afecte a las provincias.

Un par de semanas después de asumir como ministra, Batakis filtró a los medios un textual que hizo enfurecer a los gobernadores. “No podemos seguir girando fondos para solventar gastos corrientes mientras que hay provincias que tienen en plazo fijo un apalancamiento que le permitiría afrontar los costos de la administración pública por un año”, sugirió la ahora titular del Banco Nación.

Las provincias reciben fondos a través de la coparticipación, que no se pueden tocar porque están fijados por ley. Pero los fondos que el Gobierno gira a través de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y obras públicas dependen del Ejecutivo de turno, por lo que el textual de Batakis cayó como un mazazo en las provincias.

Los gobernadores no pueden emitir como hace el gobierno a través del Banco Central, por eso algunas tienen un fondo anticíclico para asegurar los sueldos. Sin embargo la situación de algunos distritos es más compleja, a tal punto que una provincia debió conseguir un crédito de un banco internacional para pagar los salarios en los últimos meses.

No fue casual el operativo clamor de algunos gobernadores que pidieron que Massa se hiciera cargo del ministerio de Economía aún cuando Batakis estaba en Washington negociando con el FMI.

Un día antes de que la Rosada oficializara la llegada de Massa, una docena de gobernadores mantuvo una tensa reunión con Alberto Fernández en la Rosada en la que le advirtieron que no iban a resignar un peso de sus provincias.

Ahora los gobernadores esperan un trato más amigable con el nuevo ministro mientras se preparan para dos discusiones centrales, que son los subsidios al transporte y a la energía.

Pese al mejor marco político que sienten los gobernadores, los economistas suponen que si el Gobierno intenta cumplir con el 2,5% déficit que pide el FMI, es difícil que las provincias salgan ilesas

La primera señal que dio Massa fue frenar la fusión de los ministerios de Obras Públicas y Transporte, porque creía que complicaría la revisión completa de todos los subsidios. Massa prefirió tener un control directo del tema del transporte con Alexis Guerrera, un dirigente de su espacio. Respecto de las obras, los gobernadores recibieron de parte del Ejecutivo la promesa de que no se frenará el financiamiento de ninguna obra en marcha, aunque no se prevén obras nuevas para 2023.

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La CGT ratificó la marcha del 17 de agosto: Massa apuesta llegar a una negociación

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La central sindicalista busca que las obras sociales pasen al Estado el costo por las prestaciones por discapacidad en los rubros de educación y transporte.

Sergio Massa, ministro de Economía, Producción y Agricultura, respalda a la Confederación General del Trabajo (CGT), por lo que apuntaría que se levante la movilización propuesta para el 17 de agosto.

La CGT está presionando al Gobierno por las obras sociales, dado que no se está dictando un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en pos de darle un respiro a la crisis del sistema de salud.

El mismo se vio agravado por el alza de un 25% que recayó sobre las prestaciones por discapacidad. La mesa chica de la CGT confirma que la marcha se estará realizando.

La CGT le pide a Sergio Massa un DNU por las obras sociales

El conflicto pasa porque Sergio Massa no estaría dictando el DNU que pretende la CGT para que las obras sociales pasen al Estado el costo por las prestaciones por discapacidad. Esto lo proponen en los rubros de educación y transporte.

Las molestias se ven más marcadas luego de que el Gobierno fijó el martes pasado el aumento del 25% sobre los valores de las prestaciones.

En una reunión entre dirigentes cegetistas y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, quedó planteado el martes pasado el problema. Manzur se comprometió a tomar cartas en el asunto sobre el DNU.

Pero la central obrera también presiona a Sergio Massa para que lo destrabe. El gran inconveniente es que este DNU comprometería uno de los pilares que planteó el ministro sobre su gestión: reducir el déficit fiscal.

Es por ello que, ante las dudas de si se llevará a cabo, la CGT mantendría su posición de hacer la movilización el próximo 17 de agosto.

Una medida que cayó bien en el sindicalismo, fue el anuncio de Massa en su primera conferencia, de que se “enfocará en el estudio de la modificación de las asignaciones familiares”.

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Tensión en el Gobierno: renunció el cristinista Darío Martínez a su cargo como secretario de Energía

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La noticia de su alejamiento se confirmó en horas de la noche de este jueves. Sergio Massa podría avanzar así en la designación de sus propios colaboradores.

Darío Martínez, quien hasta hace unas horas era el secretario de Energía, presentó su renuncia. En su gestión fue crítico de Martín Guzmán por la segmentación de las tarifas.

Sergio Massa anunció este miércoles una serie de cambios sobre la implementación del recorte de subsidios, lo que hizo que Martínez tomara la determinación de renunciar al secretariado.

El subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, podría correr con la misma suerte que Martínez, lo que le daría a Massa la posibilidad de elegir a sus colaboradores.

Martínez impulsaba que la segmentación de las tarifas debían hacerse por geolocalización. Los aumentos quedarían concentrados en aquellas zonas de mayor valor inmobiliario, distinto de lo que se plantea por los ingresos.

Pero Massa avanzó con la segmentación de las tarifas a partir del nivel del consumo y ya anunció cuál será el límite (400 KW en electricidad) para mantener la tarifa subsidiada. Lo que supere este consumo, se pagará con el valor completo.

El nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura señaló que así se incluirá al 80% de los usuarios, y se abarcará al 50% del consumo. Cerca de 10 millones de hogares pidieron que se les mantenga el subsidio.

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