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Quién es Víctor Violini, el juez responsable de la liberación de los presos

La liberación de cientos de presos tiene nombre y apellido. Víctor Violini, juez de casación penal, es abiertamente kirchnerista. Fue precandidato a intendente de La Plata y cuenta con un polémico historial judicial. Te contamos quién es el juez responsable de esta locura.

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Con Tribunales totalmente parado, y con los poderes judiciales y
legislativos en cese de su actividad, la justicia hizo una
excepción para atender el reclamo del gobierno bonaerense y comenzó con un proceso de liberación de presos a mansalva
. La idea es que los convictos permanezcan en prisión domiciliaria mientras dura el coronavirus, pero una escasez de tobilleras y problemas burocráticos generaron que ya se le haya perdido el rastro a muchos de estos delincuentes

Todas las miradas recaen en un solo nombre: el juez Víctor Horacio Violini, que ya conoce la polémica de
situarse en “el ojo de la tormenta”. Este jueves 30 de abril se realizó un masivo cacerolazo en las principales ciudades del país pidiendo por una reversión de estas medidas, aunque pocos saben a quién verdaderamente apuntar.

En complicidad con el gobierno kirchnerista y, en especial, con el gobernador Axel Kicillof, Violini ha dejado en libertad a delincuentes, asesinos y violadores en toda la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de liberar hasta 6.000 presos y así poder reconvertir algunas cárceles del país en centros de atención sanitaria antes del pico de contagios de junio.

Pero, ¿Quién es exactamente el juez Violini?

Victor Violini es oriundo de La Plata y es el único juez de la
Sala V del Tribunal de Casación Penal (tribunal de última instancia
penal, previo a la Suprema Corte, que tiene poder y legitimidad sobre las
instancias que lo preceden) y es, por ende, el único voto del Tribunal, lo que lo hace el principal responsable de las liberaciones que pasan por esta instancia.

Su protagonismo no es reciente, Violini es abiertamente kirchnerista y ya participó de unas cuantas polémicas a nivel político.

En 2019 fue precandidato a intendente de La Plata por el Frente de Todos, pero más recientemente, hace pocos meses atrás, fue él quien permitió la comunicación entre presos de todo el país: otorgándoles el acceso a dispositivos celulares. Esta decisión, a su vez,
les prohibía el uso de redes sociales y limitaba dicha utilización a la
comunicación con familiares y a fines educativos/culturales, pero por los casos que reportamos desde La Derecha Diario, sabemos que esto no se respetó.

Además, se sospecha que, a
raíz de esta medida, pudo haberse derivado la ola de amotinamientos
encabezada por lo ocurrido en la cárcel de Devoto
y replicada en otros
penales del país, tales como el de Mendoza, en el penal de Boulogne Sur Mer, o
en el penal bonaerense de Florencio Varela.

Ante la gravedad de las circunstancias que nos toca vivir debemos extremar nuestro sentido de humanidad…”, sostuvo el juez Violini en su resolución.

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Violini no deja pasar oportunidad para manifestar su veneración
hacia políticos kirchneristas
. En el 2019, confirmó su precandidatura a la intendencia
de La Plata por el Frente de Todos
, pero luego tuvo que echarse atrás
por no haber conseguido suficiente apoyo dentro del peronismo bonaerense.

En sus tweets presenta cierta afinidad por la dictadura chavista en Venezuela.

El año pasado también acompañó a
Cristina Kirchner en sus reiterados ataques a la justicia que la investigaba, ganándose una cita de la actual vicepresidente en la red social Twitter
. En aquella situación, salió a bancar a Eduardo de Lázzari (presidente del tribunal) que aseguró que hubo abuso de testigos anónimos, arrepentidos, y factores de presión fogoneados por los medios.

Sin embargo, antes de esta revitalización del kirchnerismo, en 2016 y en pleno gobierno de Macri, Violini ya estaba haciendo de las suyas.

Junto al polémico juez Manuel
Ordoqui, ahora suspendido por una denuncia de revoleo de coimas y venta de fallos, resolvieron
absolver a Carlos Carrascosa, en el infame caso Belsunce, donde se lo había condenado por asesinar a su mujer
. 

Violini y Ordoqui tomaron la causa y luego de permitirle la prisión domiciliaria en 2015, el 20 de diciembre de 2016 finalmente lo dejaron en libertad. Violini luego declaró ante los medios que
era necesario pedirle unas disculpas a Carrascosa de parte de la justicia.

Cuando terminé
de leer la causa, sentí vergüenza, indignación y sorpresa al ver la
condena
“.

A su vez, el juez tuvo fuertes enfrentamientos con sus pares, especialmente durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires. Tuvo un duro cruce con el Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, a quien acusó de politizar el puesto y de operar directamente para la cúpula del PRO.

“Desde que asumió, el doctor Conte Grand lo ha hecho como un empleado de la Gobernadora, no como un Procurador del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires”, arremetió el año pasado.

En 2018, denunció que Vidal lo perseguía y lo apretaba por sus ideas políticas. Hizo tal escándalo que se ganó una invitación a Crónica TV donde dijo que tenía el apoyo de unos cuantos departamentos judiciales en su “lucha contra el gobierno macrista”.

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El juez Violini tuvo sus inicios como fiscal en La Plata, donde ganó fama persiguiendo a policías con fines políticos en pleno gobierno de transición entre Duhalde y Néstor Kirchner. En noviembre de 2003, atacó a la cúpula de la Policía Bonaerense, pidiendo la detención de los comisarios Basilio Barchuk y Antonio Mercado.

Estas operetas lo catapultaron a la fama y rápidamente ascendió en la Justicia de la Provincia.


Tardó hasta el triunfo de Cambiemos en 2015 para dar su salto a la fama mediática, excepto por una polémica que se generó en 2014, cuando acompañó en el viaje de egresados a Bariloche a uno de sus hijos.

Lo que parecía ser un típico viaje de egresados terminó en un escándalo, con una denuncia de su parte a la fiscalía de turno por un “allanamiento ilegal” de la policía municipal tras incautarle casi 100 botellas de bebidas alcohólicas al grupo de estudiantes, que él mismo habría proveído.

Todo su historial, su politización de la justicia y sus apariciones en los medios,
además de su carrera política de la mano del kirchnerismo, nos permite cuestionar la
independencia de poderes de la cual tanto se jactaron Kicillof y Alberto
Fernández
.

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A costa del contexto pandémico que nos toca afrontar, y bajo el pretexto de la “sobrepoblación en las cárceles”, el gobierno no sólo ha decidido respaldar todas las resoluciones dictadas que dejan libres a un sinfín de homicidas, delincuentes, abusadores, etc., sino que también ha sido el gestor de estas medidas.

El Ministerio de Justicia bonaerense, a cargo de Julio Alak, presionado por los defensores de todos los departamentos judiciales bonaerenses y respaldado por la Comisión Provincial de la Memoria, presentó un listado de las personas detenidas por la comisión de delitos leves y que se encuentren en situación de riesgo.

El número y la situación de los presos que se encuentran en la lista no se dieron a conocer, lo que generó duras críticas de una oposición que parece haberse despertado con este tema. La presidente del PRO, Patricia Bullrich, arremetió contra el gobierno de Axel Kicillof por actuar en complicidad con la Comisión de la Memoria para presionar a los jueces a que dejen en libertad a miles de presos.

En un diálogo con Radio La Red, Violini resaltó que “sólo pueden acceder al arresto domiciliario aquellos que tengan delitos leves” e hizo ímpetu en que de ninguna manera se le otorgó el beneficio a personas que hayan cometido delitos graves”. 

Sin embargo, la resolución judicial, en el punto V, deja a disposición de los tribunales correspondientes (tribunales de ejecución en lo penal) la aplicación o no del habeas corpus.

Esto encendió la luz de alerta de los fiscales del Ministerio Público de La Plata, cuando se percataron de que la revisión de una acción de habeas corpus presentada por el juez había sido firmada a nombre de Erwin Leitner, médico actualmente procesado por la emisión de certificados falsos en la época del corralito del 2001 como recurso de amparo.

Claro está (o, por lo menos, podemos permitirnos dudar), que este no es un fallo destinado a beneficiar prisioneros con delitos “leves” o que atraviesen situaciones de riesgo. Y esto lo podemos ver reflejado en la realidad, entre otros casos:

  • Hace unos días trascendió que Pedro Olmos, de 68 años, acusado de abusar sexualmente de una chica de 13 años, regresó a su domicilio en Burzaco, y ahora es vecino de su víctima.
  • Federico Benvenuto, de 33 años, dejó el penal de Marcos Paz el martes y ayer fue atrapado tras asaltar una heladería. Había amenazado de muerte a un juez y a su propio defensor oficial.
  • Hugo Zuñiga Cervantes, que estaba cumpliendo condena por violencia de género y robo, fue liberado recientemente y volvió a ser detenido por la Policía de la Ciudad luego de que integrantes de su familia llamaran al 911 para denunciarlo porque los había agredido físicamente.


¿Cuál es el objetivo final de liberar a los presos en este contexto? ¿Es, acaso, el objetivo construir 10 centros de atención sanitaria en los pabellones de las cárceles de todo el territorio bonaerense o lo que se busca es generar una importante cantidad de personas que “le deban algo” al gobierno de Kicillof? ¿Tendrá algo que ver todo esto con los 200 médicos cubanos que llegaron a la Argentina en las últimas semanas?

Esto, aunque suene descabellado, no sería algo inédito en la Argentina. El 25 de mayo de 1973, por dirección del gobierno cubano, el fugaz presidente Cámpora liberó casi 500 presos, entre los cuales se encontraban guerrilleros terroristas del ERP y Montoneros. En ese entonces, bajo la excusa de protestas sociales y un descontento popular, el Presidente llevó a cabo un indulto, hoy, se les da domiciliaria sin tobillera. La conclusión es la misma. El sistema penitenciario pierde su función.

Así estaban las cárceles de Devoto, minutos antes de la liberación de los presos. ¿Es este el futuro de la Argentina, una vez más?

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Consenso fiscal: Diputados dio dictamen a favor y será aprobado con los votos del radicalismo

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El proyecto firmado por el Poder Ejecutivo Nacional y 21 provincias busca habilitar una fuerte suba de impuestos locales.

La comisión de Presupuesto de Diputados dictaminó este miércoles el consenso fiscal, firmado entre la Nación y las provincias el 27 de diciembre y recién activado en el Congreso con la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía. 

Consiste en un acuerdo para aumentar los impuestos locales, que en 2017 consistía en bajarlos y con la llegada de Alberto Fernández se habilitó a subirlos, pero con topes. San Luis y La Pampa nunca lo firmaron y la Ciudad de Buenos Aires se salió cuando perdió los puntos de la coparticipación para financiar la policía

También se prohíbe a las provincias endeudarse en dólares para gastos corrientes y gastar por encima de su crecimiento, un traje a medida para que Massa restrinja las transferencias discrecionales a las provincias en el presupuesto 2023. Además, se ratifica la oficina de valuación fiscal, para aumentar los impuestos patrimoniales. 

El debate fue en la comisión de presupuesto, presidida por Carlos Heller; y el dictamen sólo tuvo las firmas del oficialismo y del aliado Diego Sartori, del Frente para la concordia de Misiones. Y el consenso fue presentado por el oficialista Marcelo Casaretto

La intención el oficialismo es sancionarlo en una sesión prevista para el 31 de agosto, con la ayuda de los radicales que representan provincias con gobernadores que lo firmaron, como Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdes (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza).

Alcanzan para que el apoyo a la ley llegue a los 129, con los partidos provinciales que ofician de aliados y los 3 referentes de la provincia de Córdoba para completar el ataque a los bolsillos de los argentinso. A diferencia de los últimos impuestos que impulsó este Gobierno, destinados a gravar “la riqueza”, los impuestos locales que se subirán con la aprobación de esta ley afectarán principalmente a las clases más bajas, a las pymes y a las tarifas.

Se espera que la mayoría de la UCR votaría en contra en Diputados, aunque los suficientes para que se apruebe. En el Senado, Gerardo Morales logró la mitad de sus correligionarios votaran a favor. En la comisión, no habló ningún radical a favor.

El PRO y Evolución radical votarán en contra en ambas Cámaras, porque rechazan que el consenso le permita a los gobernadores subir los impuestos internos, como ingresos brutos y sellos, cuando en su diseño original de 2017 se los obligaba a bajar.

Para marcar su diferencia con los radicales, el bloque conducido por Cristian Ritondo emitió un comunicado previo a la reunión en el que confirmó su rechazo al consenso fiscal.

Martín Tetaz, de Evolución, también criticó la suba del impuesto a los ingresos brutos. “Quiero ser muy claro con todos, el impuesto sobre los Ingresos Brutos es el impuesto de los brutos. Es un impuesto que promueve el subdesarrollo“. 

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Repudiable escrache de Jorge Rial no entiende cómo funcionan los subsidios que tanto defiende

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El operador de Cristina, Jorge Rial, mostró un listado de nombres de personas cuyas viviendas están alcanzadas por los subsidios del kirchnerismo.

En uno de los escraches mediáticos más repudiables de la historia, varios medios oficialistas publicaron una larga lista de políticos, empresarios, famosos y deportistas que viven en domicilios alcanzados por los subsidios para pagar la luz que impulsó Cristina Kirchner durante su mandato.

Quien lideró la embestida contra la privacidad de cientos de personalidades argentinas fue Jorge Rial, en un informe en su programa “Argenzuela” que sale al aire por C5N. En una versión que no le cree nadie, el exconductor de Intrusos dijo que había salido a correr y un desconocido le acercó un sobre papel madera con la lista que incluía a figuras del mundo del espectáculo, deportistas de renombre, políticos y algunos de los empresarios más poderosos del país.

Esta campaña se da el mismo día en que el Gobierno anunció subas de tarifas debido al nuevo esquema de segmentación, y todo indica que habría un pedido de Cristina Kirchner para operar la noticia de esta manera.

“Sin vergüenzas: son millonarios y reciben subsidios”, dijo Rial al aire. “Para indignarse: ricos, famosos y subsidiados”, fue otra de las lapidarias frases que tiró.

Rial leyó con cifras exactas los supuestos consumos en kilowatts de los nombrados en esa lista, que superaban los 400 Kw subsidiados que ayer anunció la secretaria de Energia, Flavia Royón.

Pero lo que no entiende Rial (o capaz lo entiende pero se aprovecha de la ignorancia de los televidentes de C5N) es que los subsidios que impulsó Cristina Kirchner hace ya casi una década no son a las personas si no que a las viviendas.

Si bien cada persona puede ingresar a la página web del gobierno y pedir que le quiten los subsidios, el trámite burocrático y la casi nula propaganda que se hizo sobre ese tema han hecho que todos los estratos sociales reciban subsidios del Estado.

El “carpetazo” de Rial no muestra la avaricia de las personas adineradas que recibieron subsidios, si no la ineficiencia del modelo subsidiario que lanzó Cristina Kirchner durante su presidencia, que nunca hizo foco en las clases más bajas.

Con la segmentación de tarifas que había lanzado Martín Guzmán, que requería que las personas se anoten para recibir el subsidio en vez de recibirlo naturalmente y que se tengan que anotar para darse de baja, el “escrache”, aunque repudiable, podría al menos tener sentido.

Sin embargo, esta segmentación todavía no ha entrado en efecto, por lo que los consumos que muestra Rial, probablemente una lista confeccionada por fuentes de inteligencia de este Gobierno, muestran más el fracaso del socialismo que la avaricia del capitalismo.

El listado fue publicado en Página 12, otro terreno de operación de Cristina Kirchner, con el título La lista de políticos, empresarios y deportistas que recibieron subsidios millonarios para pagar la luz.

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Dirigentes de derecha, conservadores, liberales y pro vida se unen en el Primer Encuentro Patriótico Argentino

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En medio de una de las peores crisis de la historia del país, se llevó a cabo el primer “Encuentro Patriótico Argentino” con dirigentes de múltiples espacios para defender a la Patria.

Este 17 de agosto, en el aniversario del fallecimiento del General San Martín y motivados por la profunda crisis política y económica que atraviesa el país, se reunieron figuras políticas de distintas provincias que defienden una agenda basada en los valores que hicieron grande a nuestra Nación.

Figuras de derecha, liberales, conservadores y dirigentes de la causa celeste se unieron para celebrar el Primer Encuentro Patriótico Argentino y buscan ser un factor desequilibrante en las próximas elecciones.

El evento se llevó a cabo en el Círculo de Salvavidas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los referentes firmaron un documento en el que se comprometieron con una agenda común cuyo eje principal es la restauración de la Argentina.

El objetivo del encuentro fue dar el puntapié inicial a una nueva forma de hacer política, que tenga al bien común como norte; que considere a la dignidad de toda persona humana desde la concepción hasta la muerte natural; que comprenda el flagelo de la droga y tome medidas para erradicar su comercio y su consumo; que defienda la familia frente a la ideología de género; que defienda nuestras tradiciones frente al multiculturalismo; que promueva la dimensión religiosa del hombre y el respeto a la propiedad privada.

El llamado fue también a construir una representación política que se apoye en los valores e intereses de la gran mayoría del pueblo argentino, a quien la clase gobernante le ha dado la espalda en forma sistemática y vergonzosa.

Estuvieron presentes y firmaron el Manifisto, entre otros:

  • Belén Tapia, Senadora Nacional por Santa Cruz;
  • Francisco Sánchez, Diputado Nacional por Neuquén;
  • Raúl Albarracín, Diputado provincial de Tucumán;
  • Nicolás Mayoraz, Diputado provincial de Santa Fe;
  • Nahuel Sotelo, Diputado de Buenos Aires;
  • Catalina Buitrago, Diputada de Buenos Aires;
  • Agustín Coto, convencional constituyente de Usuhaia;
  • Miriam Muller, dirigente política de Entre Ríos;
  • Andrés Suriani, dirigente político de Salta;
  • Rosa Marcone, Diputada provincial de Córdoba;
  • Aurelio García Elorrio, dirigente político de Córdoba;
  • Gabriel Ballerini, dirigente político de CABA;
  • Fernanda Megías, dirigente político de La Rioja;
  • María Marta Silva Ortiz, dirigente política de Corrientes;
  • Mauricio Ortiz, dirigente de Encuentro Mendoza;
  • Omar Al Kaddour y Agustín Sanchez Sorondo, dirigentes de Fundación Contemporánea;
  • Agustín Caulo, Presidente de Frente Joven;
  • Alejandro Geyer, en representación de Marcha por la Vida;
  • Pablo de la Torre, dirigente político bonaerense y funcionario de San Miguel.

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