El gobierno japonés afianza su postura en favor a la seguridad e integridad de Taiwán mientras analiza los distintos escenarios del conflicto con China.

A medida que pasan los años, el ataque de China a Taiwán para “reunificar a las dos chinas” está cada vez más cerca. Según palabras del propio director de la CIA de los Estados Unidos, China invadirá la isla “antes del 2030”, algo que Japón también tiene muy en claro ya que la caída de Taiwán podría implicar el principio del fin de su nación.

Taiwán es hoy en día la piedra angular de los esfuerzos de contención naval de China. En caso de caer en manos de la dictadura comunista china, Japón perdería casi automáticamente el control de las rutas de suministros que abastecen el país, como así también la capacidad de mantener a la Armada del Ejército Popular de Liberación cercada contra su propia línea costera.

Desde 2023, tanto documentos oficiales como entrevistas dadas por funcionarios del Ministerio de Defensa de Japón dejan en claro la postura nipona frente al conflicto entre China y Taiwán: “La seguridad de Taiwán está directamente relacionada con la de Japón”. O dicho de otra manera, en Japón entienden mejor que nadie, que la subsistencia de Taiwán implica la seguridad regional.

Hoy, Japón participa junto a Estados Unidos, Australia e India del QUAD, desde donde procuran mantener los mares y espacios aéreos abiertos en el espacio Indo-Pacífico. En estas aguas circula el 80% del comercio japonés y genera una posición de vulnerabilidad en caso de desestabilizarse la región por una hipotética acción china.

En política internacional, abrir los mapas es una herramienta clave a la hora de comprender gran parte del accionar de los tomadores de decisión. En la imagen de MarineTraffic.com se puede ver clara y didácticamente la importancia que tiene para el comercio japones el espacio marítimo alrededor de Taiwán.

A lo largo de la historia, los lideres políticos y militares comprendieron la importancia de asegurar el comercio hacia el sur. En 1895, la Armada Imperial Japonesa insistió en la anexión de Taiwán y desde ese entonces, la isla ha sido una parte importante del pensamiento en defensa de Japón. Perder Taiwán significa darle a los chinos una influencia enorme sobre Japón y sobre toda la región.

El 16 de diciembre de 2022, el gobierno japonés aprobó su nueva Estrategia de Seguridad Nacional. En particular, este nuevo documento fundamental de la política de defensa prescribe el derecho a lanzar contraataques contra objetivos en el territorio de un enemigo potencial, aunque no se permite la aplicación de ataque preventivo en el territorio del supuesto enemigo.

“Taiwán es un socio extremadamente importante y un preciado amigo de Japón, con quien Japón comparte valores fundamentales, incluida la democracia, y tiene estrechos lazos económicos y personales”, asegura en el documento oficial.

Y agrega: “La paz y la estabilidad a través del Estrecho de Taiwán son un elemento indispensable para la seguridad y la prosperidad de la comunidad internacional. Japón continuará realizando varios esfuerzos basados ​​en su posición de que se espera que los problemas a través del Estrecho se resuelvan pacíficamente”.

Siguiendo con este hilo conductor, a fines de febrero, el primer ministro Fumio Kishida confirmó que Tokio está buscando comprar hasta 400 misiles Tomahawk estadounidenses, con el objetivo de “fortalecer las capacidades de las fuerzas de autodefensa del país”.

Estados Unidos también entiende la importancia de Taiwán en la geopolítica del Indo-Pacífico. En febrero, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció que un regimiento de artillería de la Marina con base en la isla japonesa de Okinawa se reorganizaría como un Regimiento del Litoral de la Marina para 2025.

Esto le permitirá a los Estados Unidos a poner un verdadero contingente capaz de enfrentarse a China. Desde ya, no está en sus planes inmediatos un conflicto armado con la República Popular China, pero el Pentágono lo ve como un elemento disuasivo clave para contener a las Fuerzas Armadas comunistas.

El primer ministro de derecha da inicio a una nueva etapa de privatización y desregulación económica en una de las economías con mayor potencial en el mundo. La operación podría involucrar una acreencia de hasta 4.000 millones de dólares para el Gobierno.

El gobierno de derecha en India, encabezado por el primer ministro Narendra Modi, se dispone a relanzar y profundizar el programa de privatizaciones en el país, empezando por una fuerte reforma al sistema bancario.

De esta manera, se anunció la intención de vender el IDBI Bank Limited, originalmente conocido como “Banco de Desarrollo Industrial de la India” desde su fundación en el año 1964. Se trata de una de las instituciones financieras más importantes del país, y una subsidiaria de la también estatal Life Insurance Corporation of India, dependiente del Ministerio de Finanzas.

El banco se encarga de suministrar líneas de crédito subsidiadas a industrias sustitutivas de importaciones, lo cual encubría una protección arancelaria indirecta y un sistema arcaico anti-comercial. Ahora, Narendra Modi, quien por muchos años criticó este sistema económico que imperaba en la India, consiguió el respaldo suficiente para dar de baja esta política y, por lo tanto, deshacerse del banco. 

La privatización del IDBI Bank podría significar una acreencia estimada en los US$ 4.000 millones de dólares, una operación que bien podría ser la más importante para 2023 en materia de transferencias de activos al sector privado. 

El Gobierno actualmente retiene el 94,72% de la participación accionaria de la institución, además de mantener la “acción de oro”, que le da el poder de tener la última palabra. En una primera instancia, se procederá a vender hasta el 60,72% del paquete accionario total para el sector privado.

De esta manera, en la nueva estructura que propone el gobierno de Modi, el IDBI Bank quedará ampliamente dominada por la iniciativa privada, hasta el 66% del total, y el Estado sólo conservará el 34% del paquete.

Aún así, debido al clima de incertidumbre global sobre la estabilidad de los sistemas financieros en todo el mundo, las autoridades estudian de cerca una ampliación del paquete lanzado a licitación pública, donde el Estado podría quedarse con un paquete accionario aún menor.

Las acciones del IDBI Bank sufrieron el impacto del derrumbe del Silicon Valley y acumularon una caída del 17% en lo que va de 2023, y por tales motivos el Gobierno podría rescindir su participación accionaria post-privatización del 34% al 32% a fin de poder recaudar la cifra efectiva de US$ 4.000 millones estipulada desde un comienzo.

La experiencia más reciente en las privatizaciones de la India demuestran una transferencia de recursos abiertamente “progresiva” desde sectores con amplia capacidad contributiva hacia sectores con ingresos extremadamente bajos.

Bajo la gestión del primer ministro derechista Narendra Modi, los ingresos transitorios por privatizaciones fueron utilizados para una gran batería de inversiones en infraestructura que permitieron que 6,5 millones de personas pudieran acceder a los servicios de agua potable a lo largo y ancho del país entre 2019 y 2020.

“El dinero de la monetización y privatización de activos se utilizará para planes de bienestar social. Se utilizará para construir casas para los pobres, construir escuelas, construir carreteras en las aldeas y proporcionar agua potable. Cada decisión sobre privatización y monetización ayudará a empoderar a los indios”, declaró Modi.

El gobierno de Corea del Sur dio a conocer esta semana un nuevo plan para abordar un problema clave que durante mucho tiempo ha afectado las relaciones entre Seúl y Tokio: la esclavización durante la ocupación japonesa de la península hasta 1945.

La semana pasada, el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol anunció el lanzamiento de un plan para terminar con la confrontación histórica entre las poblaciones de Corea del Sur y Japón, que datan de brutales acciones por parte del Imperio japonés antes y durante la Segunda Guerra Mundial.

Corea estuvo bajo ocupación japonesa entre 1910 y 1945, hasta que fue liberada por los Aliados tras la rendición del emperador Hirohito. Durante esas casi cuatro décadas, cientos de miles de coreanos se vieron obligados a trabajar para empresas japonesas y una gran cantidad de mujeres fueron esclavizadas en burdeles para militares japoneses.

Tras el fin de la Guerra, la ocupación de la península acabó, pero el resentimiento generado en la sociedad coreana perduraría hasta el día de hoy. En 1965, Tokio y Seúl, ambos fuertes aliados de Estados Unidos, dieron el primer paso firmando el Tratado de Relaciones Básicas que intentó resolver los problemas sembrados en el pasado.

En ese entonces, Japón proporcionó a Corea del Sur la suma de US$ 800 millones de dólares en ayuda económica y varios préstamos baratos como reparaciones a modo de enmendar sus daños humanitarios durante su ocupación.

Esto fue de la mano con la decisión del Estado japonés de mantener continuidad entre el gobierno que asumió después de 1945 y el régimen imperial, por lo que los nuevos mandatarios se “hicieron cargo” de su pasado sangriento, respetando la historia milenaria de la isla.

Sin embargo, en aquél entonces, los 800 millones de dólares fueron al Tesoro de Corea del Sur y fue repartido como subsidios a las empresas más importantes de ese momento. Los coreanos reclamaron que las víctimas de la ocupación japonesa no vieron nunca el dinero. Además, Japón se negó a ofrecer una disculpa “oficial y sincera” por sus crímenes.

Con el pasar de los años, se intentó resolver el problema de diversas formas como con la creación de un fondo para las mujeres esclavizadas, que recibió dinero japonés en 2015. Esto causó resentimiento entre el público ya que la administración de ese entonces de Park Geun-hae no preguntó a las propias víctimas sobre la permisibilidad de tal solución y en 2018 el nuevo presidente Moon Jae-in canceló el acuerdo.

Ese mismo 2018, un tribunal de Corea del Sur acogió la demanda de las víctimas de la ocupación japonesa y dictaminó que las empresas japonesas debían pagar una indemnización, que finalmente no se pagó. Este fue uno de los puntos de inflexión en las relaciones entre Seúl y Tokio: en 2019, Japón impuso restricciones a las exportaciones de materiales para la producción de semiconductores a Corea del Sur.

Pero todo empezó a cambiar tras la asunción de Yoon, un derechista que aseguró admirar el gobernante Partido Liberal Democrático de Japón y quien en campaña prometió dejar esta confrontación en el pasado.

Con la nueva administración coreana, las tensiones comenzaron a aplacarse tras definir una serie de intereses comunes frente al ascenso de China en la región. De esta forma, el pasado lunes 6 de marzo el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Park Jin, anunció una nueva solución al problema, que los medios bautizaron el “Game-Changing Plan” (Plan que Cambiará Todo).

“Las agrias relaciones entre Corea del Sur y Japón ya no deben ser descuidadas. Necesitamos terminar con el círculo vicioso por el interés nacional, por el pueblo”, aseguró Jin.

En esta nueva jugada política, la administración surcoreana creará un fondo con dinero de empresas privadas de Corea del Sur que fueron beneficiadas con el dinero japonés en 1965 para indemnizar a las víctimas de la ocupación japonesa. Además, se abrió la puerta por primera vez para que Japón pueda participar en este fondo de manera voluntaria.

Si bien cada vez más coreanos apoyan dejar las tensiones con Japón en el pasado, una buena parte todavía se muestra reticente con la decisión. El gobierno japonés y el norteamericano dieron el visto bueno a este plan y el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, lo defendió argumentando que la amistad con Japón está en lo más alto de la lista de intereses nacionales de Seúl.

En abril, se celebrará una cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y Corea del Sur y Yoon tiene la esperanza de poder presentar al mundo un resultado práctico para resolver los problemas con Japón. El plan, aunque encaminado, deberá pasar por el Poder Legislativo primero.

Corea del Sur ha manifestado quejas con respecto a la Ley de Reducción de la Inflación de Biden, que es perjudicial para las principales áreas de la economía surcoreana, especialmente la dependiente de la Ley de Chips. Esta situación ha llevado a un boom comercial entre Corea y Japón, y este acercamiento tiene un simbolismo enorme para negociar.