Los programas del organismo de crédito internacional fueron mucho más duros y contundentes para estos países en comparación con la extrema permisividad que le concedió a Argentina.

A diferencia de lo que ocurre en la Argentina, en donde el programa con el FMI prácticamente subsidia al Gobierno para no hacer reformas, en Egipto y Sri Lanka se desplegó un paquete de asistencia financiera a cambio de establecer un giro de 180° en la estructura de estos países.

A cambio de los desembolsos del Fondo, el Gobierno de Egipto lanzó un masivo programa de privatizaciones por un valor de hasta US$ 1.900 millones solo en lo que va del año 2023. El Estado venderá paquetes mayoritarios en las 32 empresas estatales más importantes del país, en aquellas áreas catalogadas como “estratégicas” y con mayor apetito inversor.

Pero esto es solo el comienzo de una primera etapa. El Gobierno presidido por Mostafá Madbuli solo alcanzó el 25% de la meta de privatizaciones prevista como parte del acuerdo con el FMI, y espera que en los próximos meses se concrete la venta parcial o mayoritaria de otras 50 entidades que hoy pertenecen a la esfera del sector público.

La entrada de capitales extranjeros por las privatizaciones de Egipto podrían alcanzar un monto anual de 70.000 millones de dólares, y se calcula que para el año 2026 los ingresos por el flujo de capital fácilmente superará los US$ 196.000 millones.

Por otra parte, el acuerdo con el FMI supuso la liberalización del tipo de cambio a partir de mediados del año 2016, una medida muy resistida por sucesivos gobiernos de corte intervencionista.

El acuerdo con Egipto representa un monto de hasta US$ 13.255 millones, y de hecho es el segundo deudor más grande con el FMI sólo por detrás de Argentina. Representa más del 19% del total de los préstamos que otorgó el organismo sobre 19 países con programas de facilidades extendidas.

Por su parte, la economía de Sri Lanka sufrió un violento colapso económico y social tras la aplicación radical de políticas ecologistas que destruyeron la productividad del sector agropecuario, las exportaciones, la generación de divisas, y en última instancia también la capacidad de importar (sin divisas no hay posibilidad de importación).

Frente a este escenario tan adverso, el nuevo Gobierno del país comandado por Ranil Wickremesinghe decidió volver al FMI para solicitar un rescate financiero a cambio de una profunda agenda de reformas estructurales.

Nuevamente, el pilar fundamental para la consolidación fiscal de Sri Lanka es la privatización de empresas estatales. El Gobierno programó la venta de un sin número de entidades, entre las más importantes la aerolínea oficial SriLankan Airlines, y la empresa petrolera Ceylon Petroleum Corporation (la más grande operativa en el país).

La deuda de las empresas del Estado en Sri Lanka llegó a representar el 9% del PBI en 2020 y cerca del 7% hacia 2022, un nivel insostenible que no es sino la contracara del abultado déficit operativo que estas empresas mantienen desde hace décadas. La privatización permitirá desplazar una gran cantidad de obligaciones del presupuesto para facilitar el ordenamiento de las finanzas públicas y la reactivación de la economía.

El programa demanda un ajuste estructural del déficit fiscal primario de Sri Lanka, que partió del 5,7% del PBI en 2021, hasta llegar a un superávit equivalente al 2,3% del producto para 2025. Y el acuerdo con Egipto apunta a lograr un superávit del 1,6% del PBI a fin de año, habiendo partido de un déficit del 4% en 2016. Ambos países deberán ordenar sus cuentas públicas para cumplir con el cronograma de vencimientos.

Se trata de un préstamo de servicio ampliado para afianzar el desarrollo de una agenda de reformas estructurales, entre ellas el ordenamiento de las finanzas públicas, la privatización de empresas estatales y la independencia del Banco Central de Sri Lanka.

La Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) resolvió otorgar un préstamo al Gobierno de Sri Lanka por un total de 2,286 mil millones de Derechos Especiales de Giro (el 395% de la cuota anual del país a la institución), equivalentes a 3.000 millones de dólares. El primer desembolso efectivo ascendió a los 330 millones de dólares.

Se trata de un préstamo en la forma de un Servicio Ampliado del Fondo (EFF, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es rescatar a países con extremas dificultades financieras o con severos problemas de balance de pagos, para desarrollar programas de reforma estructural a corto y mediano plazo. 

La economía de Sri Lanka se convirtió en el teatro de operaciones para la agenda ecologista radical, y el reemplazo de los métodos agrícolas modernos por la agricultura orgánica provocó una contracción del PBI sin precedentes, una fuerte caída de las exportaciones y una tasa de devaluación cercana al 80% en 2022.

Asimismo, la confianza inspirada por el acuerdo con el FMI le permitiría a Sri Lanka alcanzar préstamos de hasta US$ 7.000 millones con organismos de crédito multilateral, entre ellos el Banco Mundial. 

Los objetivos del acuerdo con el FMI

El primer objetivo del acuerdo es el ordenamiento de las finanzas públicas. El Gobierno de Sri Lanka registró un déficit financiero del 12% del PBI en 2020, 11,6% en 2021 y se redujo al 9,8% al término de 2022. El acuerdo demanda disminuir el déficit primario (sin intereses de deuda) del 3,8% del PBI en 2022 al 0,7% en 2023, y a partir de 2024 consolidar el superávit.

Para obtener estos resultados, el FMI instó a la privatización de las empresas estatales masivas que aún permanecen en manos del Gobierno, y que en mayor medida son las responsables de los desequilibrios fiscales. El presidente Ranil Wickremasinghe se comprometió con la agenda de la privatización de miles de empresas en la esfera del sector público.

Asimismo, la mayor parte del ajuste programado por el Fondo recae sobre el aumento de la recaudación impositiva, ya que la mayor parte de la misma fue consumida por la inflación en el marco de la peor crisis económica de la historia del país. Los ingresos fiscales con recursos propios sólo representan el 8,5% del PBI (sin transferencias internacionales), y para sostener un gasto del 19% del producto se propone reorganizar el sistema tributario. 

Las necesidades brutas de financiación, la brecha entre los ingresos propios y los gastos efectivos, representó el 34,5% del PBI en 2022. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fija un límite del 13% para el período 2027-2032. Además, el stock de deuda pública (actualmente apostado en el 128,1% del PBI) no podrá superar el 95% del producto para el año 2032 y deberá reducirse gradualmente año tras año durante la vigencia del acuerdo.

El FMI demanda la reorganización de las reglas de juego del Banco Central de Sri Lanka, a partir de lo cual deberá recobrar independencia por sobre la política fiscal para pautar la oferta monetaria y la tasa de interés de corto plazo como ocurre en las economías modernas. 

“En el área monetaria, los esfuerzos para hacer que el Banco Central sea más independiente para permitirle combatir la inflación, que es un impuesto significativo sobre los pobres en particular”, explica el comunicado del FMI.

En tercer término, el acuerdo con el Fondo exige una reforma financiera para afianzar nuevamente el crecimiento del país y el acceso al crédito. La reforma incluye la desregulación del mercado de deuda pública local, para lo cual cualquier agente privado deberá poder comprar y vender bonos públicos sin las restricciones que hoy operan en la economía de Sri Lanka.

Además, se estipula la reducción del peso del Estado como agente de captación de crédito doméstico (a través de la programada consolidación fiscal) para dar paso al sector privado. Se pretende, además, dinamizar la eficiencia de las instituciones financieras estatales y preferentemente a través de su privatización o liquidación.

La reducción del rol y el dominio de las instituciones financieras estatales deberá ser acompañado por una política activa de desregulación para la apertura de nuevas instituciones financieras privadas, flexibilizando requisitos de capital mínimo y otorgando mayor igualdad legislativa para entes extranjeros. 

El acuerdo con el Fondo Monetario supone la privatización de la mayor parte de las empresas estatales, la reducción del gasto público, el equilibrio fiscal primario para el año próximo y el levantamiento de regulaciones sobre la agricultura. 

Después de haber sufrido la más severa y extrema crisis económica bajo el gobierno socialista de Gotabaya Rajapaksa, quien estatizó gran parte de la economía del país e implementó además las leyes ecologistas más duras del mundo, Sri Lanka parece haber encontrado el camino para salir del infierno económico.

El nuevo Gobierno de Sri Lanka, constituído bajo la figura del presidente Ranil Wickremesinghe llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para aplicar reformas estructurales, salir del fatídico default y transformar la economía del país con un enfoque en el libre mercado.

Las reformas estructurales sobre la economía de Sri Lanka se perfilan como la única alternativa para recuperar la normalidad, luego de que las políticas ecologistas extremistas condujeran a un rotundo colapso económico y social.

La principal base del acuerdo con el FMI son las privatizaciones. El Gobierno está decidido avanzar en la transferencia de las masivas y deficientes empresas del Estado de Sri Lanka, obedeciendo a dos motivaciones principales: la eliminación de las pérdidas financieras siderales que se trasladan a la sociedad, y el mejoramiento de la provisión de servicios públicos. 

El Estado de Sri Lanka es propietario directo o indirecto de un conglomerado de hasta 527 empresas bajo su dirección. De entre ese masivo entramado de empresas cerca de 55 concentran y monopolizan la provisión estratégica de servicios públicos como lo son los puertos, las petroleras, las empresas de distribución eléctrica, la distribución del agua e incluso latifundios enteros para la producción agrícola. 

Asimismo, las 52 principales empresas estatales del país acumulan pérdidas anuales de hasta 86.000 millones de rupias, según las estimaciones plasmadas en el Presupuesto del Gobierno para el año 2023. Solamente en las empresas estatales se estima que se concentra 1 de cada 6 trabajadores de Sri Lanka (más del 16% del total), una cifra equivalente a las 1,4 millones de personas en total. 

El Presupuesto 2023 del presidente Ranil Wickremesinghe garantiza el cumplimiento del acuerdo con el FMI y supone la masiva privatización de las empresas del Estado, especialmente en el ámbito de la energía y las tierras aptas para la exportación agrícola. De esta manera se revierten parcialmente las políticas de colectivización forzosa e imposición de la agricultura orgánica, responsables de la severa crisis social. 

Asimismo, el acuerdo con el FMI exige la reducción del déficit fiscal para la aprobación de un desembolso por 2.900 millones de dólares durante el próximo año. El Gobierno deberá llevar el déficit consolidado del 9,8% del PBI al 7,9% del producto para diciembre de 2023, lo que representa un ajuste de casi 2 puntos del producto. 

Sin contabilizar la creciente factura de intereses, el Estado de Sri Lanka deberá alcanzar el equilibrio primario de las finanzas públicas para el año 2024, partiendo de un déficit del 4% del PBI al término de 2022. 
El ajuste deberá ser alcanzado a partir de la aplicación de una reforma tributaria para recuperar el colapso de los ingresos públicos tras la crisis, y la reducción del gasto público sobredimensionado mediante una reforma previsional, buscando que el sistema sea sostenible y solvente a través del tiempo.

A pesar de todas estas reformas, la actual administración se negó a desarticular muchas de las políticas ecologistas de los tecnócratas predecesores, algo que el FMI le habría pedido como parte del acuerdo. Por lo que si bien la economía de Sri Lanka obtendrá un mayor dinamismo, seguirá con problemas de producción agrícola y ganadera.