La Derecha Diario Elecciones en riesgo: TSE recibió una ola de demandas judiciales que favorecen al MAS
Los procesos judiciales pueden inhabilitar a casi todos los partidos políticos que buscaban participar en los comicios
Una serie de demandas judiciales amenaza con dejar fuera de carrera a la mayoría de los partidos políticos habilitados para las elecciones. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recibió más de diez recursos legales en menos de una semana.
Las acciones fueron presentadas en diferentes tribunales del país, desde Santa Cruz hasta El Alto. Todas buscan cancelar personerías jurídicas de agrupaciones políticas opositoras. La situación ha encendido las alarmas en el órgano electoral.
Solo tres partidos están al margen de este asedio judicial: el MAS, el FRI y Nueva Generación Patriótica. El resto enfrenta acciones que incluyen amparos, acciones populares y demandas de cumplimiento.
El vocal Tahuichi Tahuichi calificó esta situación como un “acoso judicial” sin precedentes. Alertó que el proceso electoral del 17 de agosto podría no concretarse. Responsabilizó a los legisladores por no aprobar una norma que blindara las elecciones.
Los partidos afectados incluyen al MNR, ADN, UN, PDC, UCS, Morena, Súmate, MTS y Demócratas. Varios ciudadanos han presentado las denuncias como personas individuales, sin un vínculo político visible.
Uno de ellos, Humberto Vidaurre, exige la cancelación de al menos siete siglas reconocidas. Incluso partidos que ya perdieron su personería como FPV y Pan-Bol volvieron a ser mencionados. Las demandas se apoyan en supuestos incumplimientos a la Ley 1096.
Desde el TSE pidieron una ley para garantizar los comicios
El TSE ha señalado que muchas de estas acciones judiciales se dan por omisiones del Legislativo. Según Tahuichi, si se hubiera aprobado la ley de preclusión, las candidaturas y personerías estarían protegidas.
Sin esa norma, los vocales deben asistir a audiencias judiciales como demandados o terceros interesados. Eso distrae los tiempos del calendario electoral. Y genera una profunda inseguridad jurídica sobre la validez del proceso en curso.
La Alianza Popular de Andrónico Rodríguez es una de las más golpeadas. Dos acciones judiciales contra el MTS, partido que le da la sigla, aún no se resuelven. Una sala constitucional en Santa Cruz ya rechazó la demanda, pero otras dos en Beni y La Paz siguen activas.
El TSE no puede registrar oficialmente sus listas hasta que haya una decisión final. Mientras tanto, la campaña de Rodríguez permanece en suspenso.
La situación se agrava porque los recursos pueden presentarse hasta el día de la elección. Incluso después del cómputo oficial se podrían anular resultados mediante fallos judiciales.
Tahuichi señaló que no existe una coordinación con el Tribunal Constitucional Plurinacional. Este vacío institucional podría dejar sin efectos las decisiones del TSE. En lugar de un árbitro electoral, la justicia terminaría dirigiendo la contienda.
Doria Medina puede quedar fuera de las elecciones
Otro caso delicado involucra a Unidad Nacional, base de la alianza de Doria Medina. Un abogado del FPV pidió cancelar su personería por una publicación de 2016. Acusa al líder opositor de incurrir en racismo contra la exministra Marianela Paco.
El partido respondió indicando que jamás hubo sentencia judicial en su contra. Además, denunció una estrategia política para sacarlo de la competencia.
UCS también enfrenta pedidos de anulación por presunta falsificación de firmas. La denuncia fue presentada por la diputada Senaida Rojas de Comunidad Ciudadana. El TSE aún no emitió un criterio sobre la validez de esa acusación.
Otros partidos como Súmate también han rechazado con firmeza las acciones legales. Aseguran que están cumpliendo con todos los requisitos del calendario electoral.
En paralelo, Peter Erlwein presentó varias acciones contra partidos opositores. Aunque una demanda suya contra el MAS fue retirada, mantiene otras contra MTS y Pan-Bol. Erlwein figura como candidato de la alianza Unidad, lo que añade complejidad al caso.
Hay también denuncias nuevas en El Alto que aún no han sido valoradas. Y en Santa Cruz surgieron recursos de último momento contra Morena y Súmate.
El TSE insiste en que estas demandas no son casuales ni espontáneas. “Es evidente que quieren tumbar al contrincante en mesa”, advirtió Tahuichi. Dijo que los vocales están siendo blanco de un juego político peligroso.
El riesgo de que el proceso se suspenda o se deslegitime es real. Y no existen garantías de que las decisiones judiciales se resuelvan antes del 17 de agosto.
¿Una estrategia para obstaculizar las elecciones?
En total, se cuentan al menos diez acciones formales ya presentadas. Algunas se resolvieron parcialmente pero otras siguen su curso en diferentes salas. Las decisiones judiciales varían por departamento, lo que añade más incertidumbre.
En algunos casos, los mismos vocales del TSE son parte de los procesos. Eso impide que actúen con libertad y autoridad sobre las elecciones.
La Ley 1096 se ha convertido en el argumento central de las demandas. Varios demandantes alegan que los partidos no cumplieron requisitos técnicos y éticos.
El TSE asegura que las observaciones fueron subsanadas en los plazos previstos. Pero eso no impide que las demandas sean admitidas por la justicia. Y una vez abiertas, pueden congelar candidaturas durante semanas.
A medida que se acerca la fecha de las elecciones, la presión judicial se multiplica. Las organizaciones afectadas acusan al MAS de beneficiarse indirectamente de esta situación. Las únicas siglas que no están en la mira judicial son afines al oficialismo.
Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Justicia y el TCP no se pronuncian. Su silencio alimenta la percepción de que hay una estrategia para desestabilizar el proceso.
Tahuichi insistió en que las elecciones solo serán posibles si hay voluntad política. A su juicio, los legisladores deben actuar ya para frenar la judicialización del proceso.
Sin una norma de blindaje, cualquier elección puede ser anulada a posteriori. “Nos dejaron solos en esta batalla”, dijo. Y advirtió que el país podría enfrentar una grave crisis democrática si el calendario se rompe.
Más noticias: