El economista Julio Alvarado también cuestionó la existencia de Diremar y sostuvo que su creación fue innecesaria. Según él, la Cancillería ya contaba con una dirección encargada de las relaciones con Chile. Además, insistió en que se debe investigar quiénes fueron los responsables de las decisiones estratégicas que llevaron a la derrota de Bolivia en La Haya.
El exdictador Evo Morales, impulsor de la demanda marítima ante la CIJ, criticó el cierre de Diremar y acusó al gobierno de Arce de abandonar la causa marítima. Aseguró que la CIJ reconoció que Bolivia nació con mar y que el diálogo con Chile debe continuar. También señaló que la política internacional no ha sido una prioridad en la actual gestión.
Desde el oficialismo, algunas voces defendieron la disolución de Diremar como una medida necesaria para optimizar recursos ante la crisis. El gobierno sostiene que el cierre de la institución no significa abandonar la reivindicación marítima, sino más bien adaptarse a una nueva realidad geopolítica. Según el ministro de Relaciones Exteriores, la política exterior de Bolivia debe basarse en el diálogo y la cooperación con sus vecinos.
El analista político Marcelo Arequipa consideró que la desaparición de Diremar no debería implicar el abandono de la investigación sobre las relaciones con Chile. Para él, el país necesita una instancia que estudie de manera profunda la historia y las negociaciones bilaterales. Además, recordó que el fallo de la CIJ no cerró completamente la posibilidad de un acuerdo con Chile.
El cierre de Diremar marca el fin de una entidad que, lejos de alcanzar resultados concretos, terminó convertida en un símbolo de ineficiencia y despilfarro. Durante más de una década, esta institución consumió cientos de millones de bolivianos sin lograr avances en la causa marítima. Su existencia solo sirvió para sostener una burocracia costosa y poco efectiva, reflejando la mala administración de los gobiernos masistas.