Un mensaje recibido en la red social policial advertía al ministro sobre sus acciones en la capital provincial.
La Justicia abrió una causa tras confirmarse una amenaza de muerte contra el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros. La advertencia fue enviada a la cuenta oficial de Facebook perteneciente a la Policía provincial mediante la plataforma Messenger. El escrito adjuntaba, además, una foto con dos armas de fuego exigiendo que el funcionario evite intervenir en un barrio de la capital y calabazas alusivas a Halloween.
La publicación contenía un mensaje explícito para exigir que la autoridad evite ingresar a barrio San Jorge. El texto presentaba una falta ortográfica al omitir la letra final del apellido del integrante de la cartera de seguridad provincial: el texto decía: "Quintero, no te metas en San Jorge". El vecindario mencionado figura catalogado oficialmente por sus problemas vinculados a la inseguridad y el narcotráfico.
El área de Legales de la fuerza policial imprimió el material recibido y formalizó la denuncia en Tribunales II. La instrucción quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción especializada en Cibercrimen, liderada por Franco Pilnik. Los peritos iniciaron el rastreo del origen del mensaje para determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Las primeras diligencias permitieron identificar rápidamente la cuenta personal desde la cual se realizó el envío del mensaje. El perfil digital pertenece a un joven que registra antecedentes penales previos por la comisión de otras amenazas. Las autoridades recaban datos sobre la actividad reciente del usuario para fundamentar los pasos en la causa.
Los peritos confirmaron que la foto de las armas de fuego utilizada en el mensaje fue descargada de internet. Los análisis descartaron que la imagen fuera producida por el remitente o acreditara la posesión real del armamento. Este dato resulta relevante para los investigadores al evaluar la peligrosidad y el alcance de la acción.
Las autoridades evaluaron posibles allanamientos en domicilios vinculados con el sospechoso identificado en el mensaje enviado. La filtración previa de la denuncia generó malestar judicial por la ruptura de la reserva requerida para los procedimientos. Fuentes de la causa aclararon que no se dispuso ningún esquema de refuerzo para la seguridad personal del ministro.
