La fiscal adjunta Bettina Croppi solicitó la destitución de los funcionarios Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro ante el jury. La funcionaria fundamentó su pedido en la negligencia grave y el mal desempeño de los acusados durante la instrucción del crimen de Nora Dalmasso. El proceso administrativo reveló que la ineficacia judicial permitió que una causa de gran impacto social permanezca impune por más de 20 largos años.
El alegato técnico remarcó que los investigadores ignoraron al sospechoso principal mientras se dedicaban a ventilar la vida privada de la ciudadana. Croppi aseguró que la fiscalía actuó con una ceguera voluntaria al no procesar las pruebas de ADN que señalaban directamente a un obrero del lugar. Se priorizaron las hipótesis morales y los rumores de pasillo en lugar de seguir los hallazgos científicos que estaban disponibles desde el inicio.
Los defensores de los acusados intentaron justificar el fracaso estatal alegando la falta total de insumos básicos en los tribunales de Río Cuarto. Denunciaron que el personal de criminalística recolectó evidencias en bolsas de consorcio debido a la ausencia de maletines y de kits técnicos científicos. Esta precariedad institucional desnudó el drenaje de fondos públicos hacia estructuras burocráticas que no garantizan la seguridad de los ciudadanos.
El fracaso de la instrucción técnica
La fiscalía de instrucción imputó a Facundo Macarrón basándose en una sospecha leve que destruyó la reputación de un joven inocente durante 5 años. Se omitieron los protocolos internacionales de investigación criminal para priorizar relatos subjetivos por sobre los informes del FBI y del Ceprocor. El manejo discrecional de la prueba demuestra que los fiscales no están preparados para ejercer la alta función que la ley orgánica les exige.
El tribunal que definirá el futuro de los tres magistrados está compuesto por legisladores y una vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Una sentencia condenatoria implicaría la pérdida inmediata de los privilegios del cargo para los tres fiscales señalados por el Ministerio Público. El jurado debe evaluar si la conducta de los procesados encuadra en las causales de remoción por comprometer gravemente el servicio de justicia.
La desastrosa gestión del caso Dalmasso demuestra la urgencia de sanear las instituciones judiciales para evitar el despilfarro de los recursos públicos. La sociedad cordobesa exige una respuesta contundente ante un sistema que protege la mediocridad funcional y garantiza la impunidad de los culpables. Resulta imperioso restaurar la seguridad jurídica mediante la remoción de quienes incumplieron sus deberes básicos de perseguir el delito criminal.
El costo de la mediocridad en el Poder Judicial
Los abogados defensores insistieron en la absolución de los cargos argumentando que el error judicial no constituye una causal de remoción automática. Sostuvieron que la causa fue atravesada por una mediatización extrema que condicionó el accionar de los peritos y de los investigadores judiciales. Sin embargo el Estado provincial debe responder por la falta de idoneidad de sus funcionarios en un proceso que es vergonzoso para la institucionalidad.
El jury ingresó en su etapa definitiva tras escuchar los testimonios de familiares y expertos que ratificaron la falta de cadena de custodia técnica. La inoperancia de los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro representa un perjuicio institucional irreparable para la confianza de toda la ciudadanía. La sentencia final determinará si Córdoba decide avanzar hacia una justicia profesional o si continuará amparando la ineficiencia del gasto burocrático.
