El proceso busca determinar si tres magistrados omitieron pruebas genéticas clave contra el principal sospechoso.
El Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba fijó cinco audiencias para evaluar el desempeño de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. El proceso comenzará el próximo 21 de abril a las 8:30 horas en la Legislatura provincial para definir la posible destitución de los funcionarios. La acusación sostiene que los tres fiscales ignoraron evidencias fundamentales contra el operario Marcos Bárzola durante casi dos décadas de instrucción.
La fiscal general adjunta Bettina Croppi liderará la acusación basándose en el hallazgo de ADN del sospechoso en el cuerpo y la escena del crimen de Nora Dalmasso. Según la familia de la víctima, existió un ensañamiento judicial que permitió la impunidad del hecho mientras se perseguía a inocentes sin fundamentos reales. El tribunal citó a 37 testigos para declarar sobre las graves omisiones cometidas por los investigadores en el manejo de la prueba genética.
El cronograma del debate prevé cinco jornadas intensas donde declararán el viudo Marcelo Macarrón y sus hijos, Facundo y Valentina, durante la sesión de apertura. Para el segundo día de audiencias comparecerá el exfiscal Fernando Moine, quien participó en las etapas iniciales de la causa junto al fiscal Javier Di Santo. Los testimonios técnicos sobre la prueba genética se concentrarán el 23 de abril con la presencia de la perito oficial Nidia Modesti.
La investigación destaca que un informe del FBI entregado en 2007 ya sugería investigar a los trabajadores de la construcción que estuvieron en la vivienda de la víctima. Dicho documento técnico no fue incorporado al expediente judicial hasta el año 2022, lo que permitió que la causa contra el sospechoso Bárzola enfrentara riesgos de prescripción. El mal desempeño de los fiscales en la gestión de estos recursos públicos y periciales es el eje central del enjuiciamiento institucional.
El exjefe de fiscales Darío Vezzaro también deberá testimoniar el 27 de abril para explicar por qué no se profundizaron las líneas de investigación sobre el delito sexual. Mientras el sospechoso principal permanece en libertad por el paso del tiempo, el Estado debe rendir cuentas sobre el uso ineficiente de los recursos de la justicia. La destitución de los magistrados representaría un precedente histórico contra la mala praxis en la administración de justicia de la provincia.
Los hijos de Dalmasso sostienen que los acusados se centraron en hipótesis erróneas mientras desatendían rastros biológicos presentes desde el primer día en la escena del hecho. Esta falta de rigor en la instrucción penal generó un gasto operativo inútil durante 19 años sin lograr identificar al autor material del homicidio ocurrido en Río Cuarto. El resultado de este Jury definirá si los fiscales responsables de la impunidad deben abandonar sus cargos de manera definitiva.
