El proyecto presentado en el Concejo Deliberante busca establecer una incompatibilidad ética para que cargos electivos no ejerzan como abogados defensores en causas penales críticas.
Un proyecto de ordenanza presentado por bloques de la oposición en el Concejo Deliberante de Córdoba busca limitar el ejercicio profesional de intendentes, concejales y altos funcionarios municipales. La medida surge tras la conmoción social causada por el descubrimiento de vínculos entre un exedil y el principal sospechoso del crimen contra Agostina Vega, Claudio Barrelier, poniendo en evidencia la necesidad urgente de sanear la ética institucional.
La iniciativa propone prohibir la intervención legal de funcionarios en causas vinculadas a delitos contra la integridad sexual, narcotráfico, trata de personas y crímenes de lesa humanidad. De aprobarse, los funcionarios electos tendrían un plazo de 30 días para cesar cualquier participación profesional en expedientes de esta gravedad una vez asumido su mandato.
"El pueblo elige a sus representantes para trabajar en favor de la sociedad, no para defender a quienes atentan contra ella", manifestaron sectores opositores al presentar la propuesta.
Concejo Deliberante de Córdoba
Ética pública contra el conflicto de intereses
Esta iniciativa pone el foco sobre una falencia estructural en la política local: la falta de una normativa clara que evite que los representantes del pueblo actúen como defensores de quienes atacan el orden social. Mientras el ciudadano exige ejemplaridad y transparencia, el ejercicio de la abogacía por parte de funcionarios en casos de alta gravedad genera un conflicto de intereses que erosiona profundamente la confianza en las instituciones republicanas.
La propuesta busca elevar los estándares éticos, evitando que el poder del cargo electivo sea utilizado para influir en causas penales que exigen una justicia totalmente independiente. En un sistema que prioriza la eficiencia y la probidad, es fundamental que quienes acceden a un cargo público comprendan que su prioridad es la representación de los votantes y no el negocio jurídico personal con individuos acusados de delitos aberrantes.
El progreso Córdoba depende de que la ética se convierta en una obligación normativa para quienes gestionan las leyes y los recursos de la ciudad. Solo con reglas claras que separen tajantemente el interés público de las defensas privadas en el ámbito penal, se podrá terminar con la sensación de impunidad que daña al sistema democrático.
