Tras el caso de Claudio Barrelier, el Concejo Deliberante de Córdoba debate controles para ingresar a la Municipalidad

Tras el caso de Claudio Barrelier, el Concejo Deliberante de Córdoba debate controles para ingresar a la Municipalidad
El Concejo Deliberante de Córdoba archivó los pedidos de informes de la oposición para exigir mayores controles en el ingreso a la administración municipal.
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porRedacción Córdoba
Córdoba

Cinco proyectos buscan modificar el estatuto municipal para exigir antecedentes penales y narcotest, evidenciando la falta de filtros mínimos en el ingreso de personal durante la gestión de Daniel Passerini.

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La trágica muerte de la adolescente Agostina Vega ha dejado al descubierto la desidia administrativa de la Municipalidad de Córdoba, forzando a los concejales a discutir, bajo presión, normativas que debieron ser la norma desde el primer día. Mientras la Justicia de Córdoba investiga la participación de un exbecario municipal, Claudio Barrelier, en el aberrante hecho, el Concejo Deliberante de Córdoba debate hoy la obligatoriedad de presentar certificados de antecedentes y realizar exámenes toxicológicos para quienes cobran un sueldo público.

Actualmente, el municipio carece de un sistema de fiscalización eficiente, permitiendo situaciones tan graves como la de empleados que acumulan faltas injustificadas mientras cumplen condenas o atraviesan procesos judiciales. La propuesta en comisión busca exigir certificados de no inscripción en registros de deudores alimentarios, registros de delincuentes sexuales y, finalmente, un examen de narcotest para asegurar la aptitud de quienes ocupan puestos en el Estado.

"Queremos saber cómo un antro pudo estar promocionado por la propia Municipalidad mientras los controles brillaban por su ausencia", cuestionaron desde los bloques de la oposición.

El Concejo Deliberante de Córdoba archivó los pedidos de informes de la oposición para exigir mayores controles en el ingreso a la administración municipal.
El Concejo Deliberante de Córdoba archivó los pedidos de informes de la oposición para exigir mayores controles en el ingreso a la administración municipal.

Descontrol y complicidad burocrática

La sesión del Concejo dejó en evidencia el blindaje que el oficialismo intenta imponer ante los pedidos de explicaciones por la habilitación de Wachitas bar, un local vinculado a los sospechosos del crimen. Resulta inadmisible que, ante la exigencia de transparencia sobre cómo un establecimiento de dudosa reputación recibió avales municipales, la respuesta de la mayoría oficialista fuera archivar los pedidos de informe sin brindar respuestas claras al contribuyente.

Esta negativa a rendir cuentas confirma una gestión que prefiere ocultar la negligencia antes que asumir su responsabilidad política. Mientras el sector privado debe sortear burocracia, inspecciones y tasas para producir, el municipio ha demostrado una alarmante ceguera —o complicidad— al momento de controlar los espacios que actúan bajo su órbita o los perfiles de quienes ingresan a la planta estatal.

Para los cordobeses, la inoperancia municipal es una carga directa: se pagan tasas para sostener un aparato que, lejos de ordenar la convivencia, se ha transformado en un sistema ineficiente y peligroso. La falta de un diagnóstico previo sobre el personal demuestra que la Municipalidad ha operado con un nivel de improvisación que, lamentablemente, terminó impactando en la seguridad de los ciudadanos.

El Concejo Deliberante de Córdoba archivó los pedidos de informes de la oposición para exigir mayores controles en el ingreso a la administración municipal.
El Concejo Deliberante de Córdoba archivó los pedidos de informes de la oposición para exigir mayores controles en el ingreso a la administración municipal.

Responsabilidad política y el fin de la desidia

La gestión de Daniel Passerini no puede refugiarse en proyectos de ordenanza que llegan tarde para tapar años de ingresos discrecionales y falta de carrera administrativa. La sociedad exige que los responsables de haber habilitado espacios irregulares y de haber contratado a dedo a personas sin idoneidad den un paso al costado y rindan cuentas ante la Justicia.

El inversor necesita un Estado que gestione con orden, no una estructura estatal que sea "tierra fértil" para irregularidades que luego terminan afectando la paz social. El progreso real exige terminar con la política de favores y garantizar que la función pública sea desempeñada por personas aptas, dejando atrás la negligencia que hoy avergüenza a toda la administración municipal.

La verdadera transparencia será el único mecanismo capaz de reconstruir una institución que perdió el control sobre su propia casa.


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