Las ordenanzas sancionadas por unanimidad regulan la presentación de antecedentes penales en el municipio cordobés.
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El Concejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto aprobó por unanimidad de sus miembros dos nuevas ordenanzas orientadas de forma directa a regular la transparencia de la función pública local. Las normativas imponen la presentación obligatoria de certificados de antecedentes penales y la realización periódica de exámenes de narcotest para todos los funcionarios que integran el gabinetemunicipal. Las nuevas herramientas regulatorias y de control cívico zanjaron profundos debates institucionales que se habían profundizado en toda la región sur a partir de las derivaciones del caso de la menor Agostina Vega en Córdoba Capital.
El primer proyecto de ordenanza aprobado en el recinto actualiza el régimen de certificaciones legales aplicables tanto para el personal político superior como para los trabajadores de las diferentes dependencias estatales del municipio de Río Cuarto. Las cláusulas aprobadas obligan a los agentes públicos a acreditar de forma fehaciente ante las oficinas de recursos humanos la inexistencia absoluta de deudas registradas por obligaciones de carácter alimentario. Las certificaciones oficiales de carácter nacional y provincial requeridas por los órganos de fiscalización interna deberán renovarse cada 2 años de manera obligatoria e improrrogable por parte de los agentes estatales vinculados a la administración.
La bancada oficialista de Hacemos Unidos coordinó las modificaciones técnicas sobre los borradores iniciales que habían sido redactados y presentados con anterioridad por los partidos que componen el arco de la oposición legislativa dentro del recinto. La coalición opositora Primero Río Cuarto, bloque que se encuentra asociado a nivel nacional con la fuerza de La Libertad Avanza, reivindicó la autoría original de las exigencias relativas a la presentación de los prontuarios. Los representantes del oficialismo optaron por evitar confrontaciones de índole partidaria en el debate parlamentario priorizando la construcción de consensos legislativos amplios en el transcurso de la sesión.
Los dos proyectos salieron por unanimidad de los concejales locales
Exámenes toxicológicos obligatorios en el municipio
El presidente del bloque de concejales pertenecientes a la fuerza Primero Río Cuarto, Guillermo Abrile, desvinculó de manera rotunda la sanción definitiva de estas dos herramientas de control cívico de cualquier tipo de oportunismo político surgido de la coyuntura del distrito. Las disposiciones aprobadas obligan a la realización efectiva de exámenes toxicológicos para la totalidad de las personas nombradas en cargos de los diferentes departamentos del Poder Ejecutivo local. Los certificados de control clínico del narcotest deberán presentarse dentro de los 30 días posteriores a la toma de posesión del puesto asignado y actualizarse obligatoriamente con una frecuencia anual.
El concejal de la bancada opositora Primero Río Cuarto, Pablo Benítez, remarcó la necesidad imperiosa de definir protocolos claros y operativos de actuación administrativa e institucional frente a posibles diagnósticos positivos que se registren en las dependencias. El integrante del cuerpo deliberativo indicó durante su alocución en el recinto que la normativa general aprobada cuenta con "un vacío de un manual de procedimiento claro y operativo" en sus artículos. Los representantes opositores terminaron acompañando el dictamen final expresando de forma conjunta ante los medios locales: "Logramos consensuar una herramienta valiosa para toda la ciudadanía".
La culminación del debate legislativo arrojó saldos políticos provechosos para la conducción de la administración que encabeza actualmente el intendente local, Guillermo De Rivas, en materia de gobernabilidad y gestión del cuerpo. El proceso de inclusión de las demandas sociales de transparencia dentro de la agenda del bloque de Hacemos Unidos neutralizó los intentos opositores de monopolizar de forma exclusiva los créditos de las reformas. Las modificaciones profundas en las pautas de control de la función pública coinciden temporalmente con el cumplimiento del período de dos años de gestión continuada en el distrito.
