La Justicia de Córdoba homologó formalmente los acuerdos preventivos de pago alcanzados por la empresa agroindustrial Molino Cañuelas y su firma vinculada Compañía Argentina de Granos. La resolución judicial dispuso el cierre definitivo del concurso preventivo de acreedores más abultado de la historia provincial, el cual involucró la reestructuración integral de acreencias por más de U$S1.600 millones. Con esta homologación, el holding alimentario fabricante de marcas de consumo masivo nacional como 9 de Oro, Cañuelas y Pureza saneó su pasivo manteniéndose en operación continua y preservando la totalidad de los puestos de trabajo.
La tramitación del histórico expediente judicial se inició hace 5 años ante las autoridades del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia de 6ª Nominación de la ciudad de Río Cuarto. La magistrada titular al frente de dicha dependencia, la jueza Mariana Martínez, condujo el complejo proceso de renegociación originado formalmente a partir de una severa crisis financiera que afectó la liquidez corporativa. Las firmas concursadas entablaron prolongadas negociaciones con cerca de 650 acreedores quirografarios hasta obtener la conformidad de más del 89% del capitalverificado dentro del trámite judicial para avanzar hacia el acuerdo.
Si bien la homologación del acuerdo preventivo principal se produjo en julio de 2025, el expediente mantenía pendiente la regularización de las obligaciones correspondientes a cargas previsionales e imposiciones fiscales. Para saldar el esquema de gastos del juicio, las empresas deudoras abonaron la suma de $4.383.266.727,34 por concepto de tasa de justicia provincial ante la Dirección General de Administración de Justicia. El pago del millonario importe ante el organismo recaudador judicial permitió cancelar la totalidad de los aranceles adeudados en la provincia de Córdoba, habilitando la negociación final con las entidades profesionales.
Molino Cañuelas dejó atrás el concurso preventivo tras la homologación judicial de su acuerdo de reestructuración
Acuerdos previsionales y debate arancelario en Río Cuarto
El compromiso financiero asumido exclusivamente ante los organismos de previsión profesional de la provincia alcanzó un valor total de U$S3,72 millones mediante la firma de convenios específicos de pago. En ese marco, la Caja de Previsión Social de Profesionales en Ciencias Económicas percibió un desembolso de U$S1.860.549, cifra que equivalía en su origen a un total de $2.604.769.244. Asimismo, la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores acordó la percepción de un monto idéntico fijado exactamente en la suma de U$S1.860.549,46 para saldar la acreencia.
La representación legal de las empresas agroindustriales estuvo coordinada por el Estudio Ortega-Palazzo & Cafure de la ciudad de Córdoba, mediante la actuación profesional de los letrados Ramón Ortega y Emilce Cafure. El equipo jurídico se completó con la labor desarrollada en Río Cuarto por el abogado Facundo Clodomiro Carranza, perteneciente al Estudio Clodomiro Carranza, planteando la inconstitucionalidad de leyes arancelarias locales. Los defensores cuestionaban la aplicación de porcentajes proporcionales sobre procesos de gran magnitud sin topes máximos, solicitando reducciones del 50% previstas en la normativa tributaria para casos verdaderamente extraordinarios.
Ante la intransigencia inicial y el peligro de dilación, la Cámara de Apelaciones de 1ª Nominación de Río Cuarto junto a la jueza Mariana Martínez promovieron audiencias de conciliación entre las partes. El entendimiento suscrito con la caja de contadores sirvió como antecedente interpretativo para destrabar la negociación con los abogados, demostrando celeridad operativa institucional frente a otros megaconcursos agroindustriales como Vicentín. Con el proceso judicial y arancelario completamente saneado, Molino Cañuelas y Compañía Argentina de Granos ratificaron su decisión de sostener su posición de liderazgo en el mercado de alimentos de la Argentina.
