Sin concursos y con designaciones a dedo: ¿cómo funciona la Municipalidad de Córdoba bajo la gestión de Passerini?
La gestión de Daniel Passerini opera un municipio paralelo mediante un entramado de becarios, monotributistas y contratados por el ejecutivo capitalino.
La administración municipal mantiene una estructura opaca con más de 8.000 becarios y contratados que ingresan por militancia, evadiendo los controles de idoneidad.
La actual gestión de la Municipalidad de Córdoba ha profundizado un esquema de designaciones discrecionales que reemplaza el mérito por la recomendación política. Lejos de restaurar los concursos públicos, la administración de Daniel Passerini sostiene un "municipio paralelo" de empleados precarizados, donde los ingresos son decididos por funcionarios y no por la capacidad técnica para brindar servicios esenciales a los cordobeses.
Este entramado de becarios, monotributistas y contratados opera bajo una lógica de favores donde la permanencia depende de la lealtad partidaria, no del desempeño. Actualmente, la administración central cuenta con 8.966 empleados, cifra que se duplica si se contabilizan las designaciones en entes descentralizados, creando una estructura de gasto público ineficiente y carente de fiscalización.
"El Ejecutivo decidió que si la detención era menor a 30 días, no correspondía darle la baja; no se abandona a un compañero", revelan los documentos internos sobre la protección de perfiles peligrosos.
"no se abandona a un compañero", así protegería la Municipalidad de Córdoba a empleados de la gestión con denuncias penales.
Desidia administrativa y clientelismo
La gestión de Passerini ha naturalizado la ausencia de filtros para el ingreso al Estado, permitiendo que funcionarios de diversas áreas conviertan la contratación en una herramienta para pagar favores políticos. La falta de concursos públicos elimina la posibilidad de que los ciudadanos más capacitados accedan a la administración, forzando a los cordobeses a financiar una estructura sobredimensionada que prioriza la contención de militantes por sobre la eficiencia en la gestión.
La comparación es tajante: mientras el sector privado demanda resultados concretos y capacitación técnica para mantener un puesto de trabajo, el municipio ha construido un refugio político donde la idoneidad es secundaria. Esta negligencia no solo degrada la calidad de los servicios públicos, sino que expone a la ciudad a riesgos evitables, como quedó demostrado con la permanencia en cargos de personas con graves antecedentes judiciales, como fue el caso de Claudio Barrelier.
Esta política de empleo es un lastre que hipoteca el futuro de las arcas municipales por décadas. Mantener este sistema implica comprometer recursos durante 30 años para sostener sueldos y futuras jubilaciones de personal que, en muchos casos, no cumple con los mínimos requisitos de contracción al trabajo o integridad personal exigidos por la sociedad.
La administración de Daniel Passerini sostiene un "municipio paralelo" de empleados precarizados, donde los ingresos son decididos por funcionarios como Ricardo Moreno.
Responsabilidad política y futuro
La decisión de Passerini de no reponer los concursos públicos es una señal de que el oficialismo prefiere mantener el privilegio antes que garantizar el orden institucional. El contribuyente, que es quien finalmente sostiene este esquema con sus impuestos, merece una administración donde el mérito sea el único motor de acceso a la función pública.
El futuro financiero del municipio depende de una ruptura definitiva con este modelo de "becas" que funcionan como una bolsa de trabajo partidaria. La consolidación de una administración profesional, austera y despolitizada es la única vía para evitar el colapso del gasto y recuperar la confianza de los inversores.
La transformación de Córdoba requiere que el oficialismo deje de utilizar el Estado como un refugio de favores y comience a priorizar la excelencia al servicio de los ciudadanos.
