La actual gestión de la Municipalidad de Córdoba ha profundizado un esquema de designaciones discrecionales que reemplaza el mérito por la recomendación política. Lejos de restaurar los concursos públicos, la administración de Daniel Passerini sostiene un "municipio paralelo" de empleados precarizados, donde los ingresos son decididos por funcionarios y no por la capacidad técnica para brindar servicios esenciales a los cordobeses.
Este entramado de becarios, monotributistas y contratados opera bajo una lógica de favores donde la permanencia depende de la lealtad partidaria, no del desempeño. Actualmente, la administración central cuenta con 8.966 empleados, cifra que se duplica si se contabilizan las designaciones en entes descentralizados, creando una estructura de gasto público ineficiente y carente de fiscalización.
"El Ejecutivo decidió que si la detención era menor a 30 días, no correspondía darle la baja; no se abandona a un compañero", revelan los documentos internos sobre la protección de perfiles peligrosos.
Desidia administrativa y clientelismo
La gestión de Passerini ha naturalizado la ausencia de filtros para el ingreso al Estado, permitiendo que funcionarios de diversas áreas conviertan la contratación en una herramienta para pagar favores políticos. La falta de concursos públicos elimina la posibilidad de que los ciudadanos más capacitados accedan a la administración, forzando a los cordobeses a financiar una estructura sobredimensionada que prioriza la contención de militantes por sobre la eficiencia en la gestión.
La comparación es tajante: mientras el sector privado demanda resultados concretos y capacitación técnica para mantener un puesto de trabajo, el municipio ha construido un refugio político donde la idoneidad es secundaria. Esta negligencia no solo degrada la calidad de los servicios públicos, sino que expone a la ciudad a riesgos evitables, como quedó demostrado con la permanencia en cargos de personas con graves antecedentes judiciales, como fue el caso de Claudio Barrelier.
