Naranjitas: la trampa de la "legalización" para cooperativas insolventes y extorsivas
Actualmente funcionan 8 cooperativas que nuclean a cerca de 350 asociados en Córdoba capital, pero estimasiones privadas hablan de casi 2.000 personas.
El avance de una nueva ley en el Concejo Deliberante pretende institucionalizar el cobro por estacionamiento en manos de estructuras paraestatales denominadas cooperativas. Este intento de regulación busca "blanquear" a cerca de 2.000 cuidacoches bajo un paraguas legal que restringe la libre circulación y el uso del espacio público. La normativa ignora deliberadamente que el 98% de los conflictos en las calles provienen de la naturaleza extorsiva de una actividad que el Estado intenta monopolizar.
La arbitrariedad estatal se manifiesta al imponer la figura cooperativista como único canal habilitado, excluyendo cualquier formato de gestión privada transparente y eficiente. Actualmente, la Municipalidad de Córdoba ampara a 8 organizaciones que, en su mayoría, operan al margen de las normativas del INAES. Esta decisión política obliga al ciudadano a pagar un canon arbitrario a personas cuya única acreditación es un chaleco de color, validando un mecanismo de recaudación informal en la vía pública.
El debate se trasladó al Concejo Deliberante de la capital, donde la gestión oficialista impulsa la obligatoriedad de que los cuidacoches integren estructuras de cooperativas
El fracaso del control y las entidades con personerías en crisis
La realidad administrativa de las entidades bendecidas por el oficialismo local es alarmante y demuestra la falta de orden institucional. Las cooperativas La Unión y La Victoriosa mantienen sus personerías suspendidas, operando de hecho sin capacidad legal para realizar contratos o prestar servicios. El resto de las agrupaciones, como Aparcar o Bicentenario Social, adeudan balances y actas desde 2021, evidenciando una gestión interna signada por la desidia y la opacidad fiscal.
Este desorden documental no es una casualidad, sino el síntoma de un sistema que busca alimentar estructuras políticas territoriales. El contribuyente queda rehén de mecanismos extorsivos donde el pago "voluntario" se convierte en una obligación impuesta por la fuerza ante la mirada indiferente de los funcionarios. El gasto público destinado a fiscalizar estas cooperativas resulta inútil, ya que las intimaciones por incumplimientos graves son ignoradas sistemáticamente por los beneficiarios del sistema.
La ordenanza 10.425 establece desde el año 2005 que únicamente las organizaciones no gubernamentales pueden ser oferentes en las licitaciones de estacionamiento.
Hacia la liberación del espacio público y el respeto a la propiedad
La insistencia en legalizar a los denominados "naranjitas" mediante cooperativas flojas de papeles atenta contra la seguridad jurídica y el derecho de propiedad. El espacio público pertenece a todos los ciudadanos y no debe ser loteado por el municipio para su entrega a grupos que operan fuera de la ley comercial. Solo una política que priorice la libertad de circulación y el castigo efectivo a la extorsión podrá sanear la crítica situación que atraviesan las calles cordobesas.
La consolidación de monopolios cooperativos solo profundiza el estatismo asfixiante que busca regular cada interacción privada en beneficio de la burocracia de turno. Córdoba necesita recuperar el orden en sus calles, eliminando las cajas políticas que se disfrazan de ayuda social mientras extorsionan al vecino que intenta estacionar su vehículo.
