El municipio pretender legalizar la actividad mediante una aplicación móvil y otorgarles funciones propias de los inspectores de tránsito.
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La Municipalidad de Córdoba se encamina a formalizar una decisión lamentable al integrar a los cuidacoches ilegales como auxiliares de la fiscalización pública. En lugar de erradicar definitivamente una actividad signada por el conflicto, el intendente Daniel Passerini apuesta por profesionalizar este esquema informal. Esta medida transformará a los "naranjitas" nucleados en cooperativas en una suerte de agentes externos encargados de vigilar el estacionamiento en las calles.
El proyecto que se debate en el Concejo Deliberante busca que los cuidacoches ilegales verifiquen si los conductores activaron el sistema medido municipal. Se trata de una duplicación de funciones absurda, ya que estas tareas de control ya son responsabilidad exclusiva de los inspectores de tránsito actuales. El oficialismo intenta maquillar este avance sobre el espacio público como una reconversión laboral, ignorando el reclamo vecinal de prohibición total.
Bajo la nueva ordenanza, el municipio registrará formalmente a 355 trabajadores pertenecientes a 8 cooperativas distintas que operan en diversas zonas asignadas. Esta institucionalización de la informalidad representa un aumento encubierto de la estructura estatal para realizar una labor que no agrega valor alguno. Los ciudadanos deberán ahora someterse a la vigilancia de estos nuevos colaboradores que portarán chalecos con códigos QR y herramientas digitales de cobro.
El proyecto contempla la "novedad" absurda de modificar el color de los chalecos de los cuidacoches como una medida complementaria que pretende contribuir a aminorar el problema de la inseguridad y la extorsión. Sin embargo, cambiar el tono de los chalecos para evitar la estigmatización es una maniobra cosmética que ignora el fondo del problema y subestima la inteligencia de los vecinos damnificados. Esta medida superficial no soluciona el conflicto y solo sirve para maquillar la claudicación del Estado municipal ante una actividad que debería ser erradicada en lugar de ser decorada con nuevas vestimentas.
En lo que va del 2026, ya se registraron más de 160 detenciones de cuidacoches ilegales por diversos episodios de violencia
Digitalización de la caja y nuevos cargos públicos
La implementación de una aplicación móvil específica busca eliminar el uso de dinero en efectivo para intentar reducir los focos de violencia en las esquinas de Córdoba Capital. Cada cuidacoche estará logueado en el sistema oficial, permitiendo al usuario identificar quién lo atiende mientras se valida el pago de la tarifa horaria. Pese a que se intenta vender como una mejora tecnológica, la realidad es que el municipio está creando una nueva capa de burocracia callejera innecesaria.
Esta digitalización no oculta que se le está otorgando poder de policía a un sector que históricamente ha generado quejas por extorsiones y abusos constantes. Actualmente conviven 7 proyectos legislativos sobre el tema, pero el oficialismo decidió descartar las propuestas de prohibición lisa y llana presentadas por la oposición. La decisión de mantener a estos grupos en la vía pública demuestra una falta de voluntad política para liberar definitivamente las calles cordobesas de violencia y extorsiones.
El concejal Nicolás Piloni justificó la medida citando datos del Ministerio Público Fiscal que separan a los cooperativistas de los delincuentes que actúan sin registro. Según cifras de 2024, de 77 procesados por incidentes en la calle, solo 2 pertenecían a las organizaciones que el municipio ahora pretende premiar. Sin embargo, esta distinción estadística no aminora el malestar de quienes consideran que el control del espacio público no debe delegarse en terceros.
Daniel Passerini, intendente peronista de Córdoba
Inseguridad y una tarifa en aumento
El nuevo esquema incluirá un botón antipánico integrado en la aplicación móvil para que los colaboradores alerten a la fuerza policial ante cualquier situación de violencia. Resulta paradójico que el municipio deba proveer herramientas de seguridad para proteger un sistema que el propio estado fomenta al no prohibir esta actividad ilegal. La prioridad debería ser garantizar la tranquilidad del vecino sin necesidad de intermediarios que hoy cobran una tarifa de $500, cifra que pronto aumentará.
El costo de estacionar en la capital cordobesa sufrirá una actualización inminente, ya que los ediles consideran que el valor actual es sumamente bajo para el mercado. Este incremento afectará directamente el bolsillo de los contribuyentes, quienes además deberán lidiar con la presencia de estos auxiliares en las zonas de alta afluencia. El municipio parece ignorar que la suma de nuevos actores a la fiscalización solo complejiza la cadena de control y genera gastos operativos adicionales.
Respecto a eventos masivos como los que ocurren en el Estadio Mario Alberto Kempes, la normativa provincial ya prohíbe el cobro que no esté debidamente autorizado. No obstante, la ambigüedad de la reglamentación local permite que los naranjitas sigan operando bajo el amparo de una municipalidad que se niega a aplicar sanciones ejemplares. La claudicación del gobierno de Passerini ante estos grupos consolida un modelo de gestión que privilegia la conveniencia política sobre el orden urbano.
El Concejo Deliberante de Córdoba debatirá los proyectos presentados, excepto aquellos que abogan por la prohibición total de los naranjitas
Rechazo a la prohibición y acuerdos
El Legislativo Municipal decidió compatibilizar las propuestas que buscan regular la actividad en lugar de aquellas que exigen su eliminación total en toda la ciudad. Los proyectos impulsados por Javier Fabre y Soher El Sukaría fueron los primeros en proponer que el cuidacoches deje de recibir dinero directamente de los conductores. No obstante, que el pago sea digital no elimina la presión presencial de quien se adjudica la vigilancia de un sector que pertenece a todos.
El oficialismo insiste en que los nuevos asistentes pasarán por un proceso de capacitación para colaborar activamente con el Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM). Esta medida institucionaliza la figura del informante, quien dará aviso a los inspectores de tránsito sobre aquellos automovilistas que no hayan activado su aplicación. Es, en esencia, la creación de una red de vigilancia rentada que formaliza lo que hasta hoy era una actividad caótica y resistida.
La era del passerinismo al frente de la ciudad queda marcada por esta entrega del control callejero a organizaciones que actúan como agentes paraestatales. En vez de fortalecer el cuerpo de inspectores profesionales con los que ya cuenta el Palacio 6 de Julio, se opta por el camino del populismo administrativo. Córdoba pierde así la oportunidad de sanear sus calles, validando un sistema donde el ciudadano sigue siendo el rehén de una burocracia que no para de crecer.
