La Municipalidad de Córdoba se encamina a formalizar una decisión lamentable al integrar a los cuidacoches ilegales como auxiliares de la fiscalización pública. En lugar de erradicar definitivamente una actividad signada por el conflicto, el intendente Daniel Passerini apuesta por profesionalizar este esquema informal. Esta medida transformará a los "naranjitas" nucleados en cooperativas en una suerte de agentes externos encargados de vigilar el estacionamiento en las calles.
El proyecto que se debate en el Concejo Deliberante busca que los cuidacoches ilegales verifiquen si los conductores activaron el sistema medido municipal. Se trata de una duplicación de funciones absurda, ya que estas tareas de control ya son responsabilidad exclusiva de los inspectores de tránsito actuales. El oficialismo intenta maquillar este avance sobre el espacio público como una reconversión laboral, ignorando el reclamo vecinal de prohibición total.
Bajo la nueva ordenanza, el municipio registrará formalmente a 355 trabajadores pertenecientes a 8 cooperativas distintas que operan en diversas zonas asignadas. Esta institucionalización de la informalidad representa un aumento encubierto de la estructura estatal para realizar una labor que no agrega valor alguno. Los ciudadanos deberán ahora someterse a la vigilancia de estos nuevos colaboradores que portarán chalecos con códigos QR y herramientas digitales de cobro.
El proyecto contempla la "novedad" absurda de modificar el color de los chalecos de los cuidacoches como una medida complementaria que pretende contribuir a aminorar el problema de la inseguridad y la extorsión. Sin embargo, cambiar el tono de los chalecos para evitar la estigmatización es una maniobra cosmética que ignora el fondo del problema y subestima la inteligencia de los vecinos damnificados. Esta medida superficial no soluciona el conflicto y solo sirve para maquillar la claudicación del Estado municipal ante una actividad que debería ser erradicada en lugar de ser decorada con nuevas vestimentas.
