El abogado del trabajador administrativo puso su estudio a disposición y objetó la acusación pública contra su defendido.
El abogado Mario Rey asumió la defensa de Omar Ludueña, empleado de la Legislatura provincial denunciado por violencia de género y abuso sexual agravado por el vínculo. La representación legal proclamó la inocencia del trabajador en un comunicado y confirmó su presentación ante la Fiscalía el pasado 18 de agosto. La demanda fue ingresada el 15 de agosto por una hermana adoptiva por hechos de su minoría de edad, sin imputación formal a la fecha.
En el escrito presentado el pasado viernes, el letrado sostuvo: “Confiamos que el Sr. Omar Ludueña es inocente de las conductas que se le señalan”. Asimismo, la defensa indicó que aportó elementos sobre los motivos de la denunciante y remarcó: “Tenemos mucho para aportar”. El profesional rechazó vincular el expediente con otras causas públicas y cuestionó la difusión de imágenes judiciales que deberían mantenerse bajo reserva legal.
La defensa planteó una enemistad manifiesta de la denunciante hacia su cliente y ratificó su colaboración con la investigación. En el plano político, la legisladora provincial Alejandra Ferrero, titular del interbloque Juntos por el Cambio en la Legislatura de Córdoba, solicitó la desafectación del agente. Por su parte, la concejal radical Elisa Caffaratti indicó que el agente fue su colaborador en 2015 y realizó una presentación el 8 de septiembre ante la Fiscalía de Integridad Sexual.
La causa continúa su trámite en el fuero penal para determinar la veracidad de los hechos expuestos por la denunciante. El fuero judicial evalúa los elementos aportados por las partes para definir las medidas procesales correspondientes. Mientras tanto, las autoridades legislativas analizan la solicitud administrativa cursada para resolver la situación laboral del trabajador de la Legislatura de Córdoba.
Los cuestionamientos sobre la reserva de las actuaciones forman parte de los planteos elevados ante los funcionarios judiciales. El tribunal deberá resolver la incorporación de las pruebas presentadas para avanzar con las distintas etapas de la causa. Asimismo, las autoridades parlamentarias mantendrán el seguimiento del expediente para determinar acciones institucionales definitivas.
El proceso legal avanzará con las citaciones y pericias fijadas en los protocolos ordinarios del fuero especializado. La resolución de los planteos defensivos determinará la continuidad de la recolección de testimonios. La fiscalía analizará la documentación adjuntada antes de dictar eventuales resoluciones procesales.
