Investigan un presunto sobreprecio de 7.000 millones de pesos en el alquiler de colectivos durante la gestión de Passerini.
La Justicia recibió una grave denuncia penal contra el intendente Daniel Passerini por presunta defraudación a la administración pública. El foco del conflicto es un contrato de 2024 entre la empresa estatal Tamse y la firma privada Ersa Urbano SA. La operatoria consistió en el alquiler de 350 unidades de transporte, de las cuales se sospecha que 150 estaban obsoletas.
El acuerdo fijó un canon mensual de 871,2 millones de pesos con actualización atada al tipo de cambio oficial del Banco Nación. Según la presentación judicial, el municipio pagó cerca de 2,49 millones de pesos por cada colectivo de forma mensual. Esta cifra contrasta con los valores de mercado de aquel momento, que se ubicaban en torno a los 800 mil pesos.
El perjuicio total para las arcas públicas de la ciudad alcanzaría los 7.000 millones de pesos en un solo año de vigencia. El intendente Passerini comprometió al municipio como garante de estas obligaciones, facilitando una maniobra calificada como "estafatoria". La desidia administrativa permitió que el erario financiara unidades que terminaron convertidas en chatarra sin prestar servicio efectivo.
El senador Luis Juez encabezó la presentación y sostuvo que la falta de frecuencias actuales se debe al saqueo del patrimonio público. La denuncia incluye copias del contrato firmado por el jefe comunal y registros técnicos del estado de la flota. Solo 200 unidades habrían estado operativas, lo que representa un doble perjuicio económico para el contribuyente cordobés.
La presentación atribuye responsabilidad directa a los directivos de Tamse, Eduardo Ramírez Rujinsky y Julio César Secondi. La institucionalidad del transporte urbano quedó herida por un esquema que priorizó el beneficio de la contratista privada. El Tribunal de Cuentas deberá explicar por qué no se activaron los mecanismos de control ante semejante desvío de recursos.
El sistema de transporte de Córdoba atraviesa una crisis terminal producto de años de improvisación municipal y gasto público ineficiente. Mientras el vecino sufre las demoras, la justicia investiga si el dinero de los impuestos fue utilizado para financiar una estafa millonaria. La transparencia en el uso de los fondos es el único camino para recuperar la confianza en la gestión de la capital.
