La Municipalidad de Córdoba decidió postergar una respuesta concreta a la crisis terminal del transporte urbano. Pese a la urgencia de miles de usuarios, el intendente Daniel Passerini descartó recibir a representantes del Grupo Dota. Esta postura administrativa llega en un momento donde la improvisación estatal ha dejado a la ciudad con frecuencias deplorables.
El Ejecutivo municipal exige ahora propuestas por escrito y documentación de alto grado de complejidad. Mientras la burocracia demanda "tomos de 400 páginas", los trabajadores cordobeses padecen esperas interminables en las paradas. El sistema actual, tras la salida de la empresa FAM, se encuentra atado con alambres y sostenido por un plan de contingencia ineficiente.












