La crisis terminal del transporte urbano en Córdoba es la consecuencia directa de una gestión municipal que improvisa sobre la marcha. La abrupta salida del Grupo FAM desnudó la fragilidad de un esquema sostenido por acuerdos precarios. El Palacio 6 de Julio, lejos de ofrecer soluciones estructurales, intenta ahora tapar el bache con negociaciones de último minuto con firmas como SolBus y Movix.
Luego del rescisión del contrato con Grupo FAM, se evalúan a SolBus y Movix para cubrir la demanda del corredor 7
El secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, confirmó tratativas con la puntana SolBus para que asuma el corredor 7 antes del 31 de marzo. La urgencia por cerrar acuerdos con operadores de San Luis y Calamuchita demuestra que el municipio no tiene capacidad de respuesta ante contingencias básicas. La incorporación de unidades usadas, originalmente destinadas a otras provincias, es el nuevo manotazo de ahogado para evitar el colapso total del servicio. Mientras tanto, el contribuyente cordobés financia una transición operativa cargada de incertidumbre y falta de transparencia.
La desastrosa administración de los corredores 2 y 5 obliga a plantear esquemas híbridos que recargan a las ya exigidas empresas Coniferal y SíBus. El Ejecutivo planea utilizar colectivos de la estatal Tamsau para suplir la falta de inversión privada que su propia política de "parches" ahuyentó. Esta ingeniería de emergencia es el resultado de años de irregularidades donde todo está atado con alambres bajo la mirada de la intendencia. La falta de seguridad jurídica para los inversores serios ha convertido al transporte en un botín político de bajísima calidad.
Los cordobeses denuncian altos tiempos de espera y unidades repletas que no dan a basto para cubrir la demanda de los usuarios.
Flexibilización de flota: Menos calidad para ocultar el fracaso municipal
Como muestra de la improvisación reinante, el municipio decidió flexibilizar los requisitos de antigüedad para los colectivos en circulación. Se permitirán unidades viejas para ampliar la oferta de asientos, sacrificando la seguridad y el confort de los usuarios para ocultar la escasez de flota. Esta medida excepcional es el precio de una gestión que reacciona tarde y mal ante el retiro de prestatarias que el propio estado habilitó. La caída de los estándares técnicos es la confesión oficial de que el sistema de transporte está quebrado bajo la conducción actual.
La recuperación de las máquinas validadoras de boletos, aún en manos de la empresa saliente, es otro capítulo de la ineficiencia municipal. El sistema técnico está paralizado, obligando a otorgar gratuidad temporal en varias líneas, lo que representa un drenaje millonario de fondos públicos. El erario municipal absorbe las pérdidas de una crisis provocada por la falta de control y la desidia de los funcionarios de turno. Córdoba sigue pagando el costo de una política de transporte que prioriza el anuncio mediático sobre la eficiencia operativa mínima.
Luego de múltiples irregularidades, la Municipalidad de Córdoba finalmente le revocó el contrato a Grupo FAM
Un diseño de transporte serio requiere contratos de largo plazo, rentabilidad para el privado y una fiscalización implacable que hoy brilla por su ausencia. La improvisación permanente de Passerini ha convertido a la movilidad urbana en un foco de conflicto constante que afecta la productividad de la ciudad. El fracaso del Grupo FAM es solo el síntoma de una enfermedad mayor: un estado municipal que gasta mal y gestiona peor.
